El ex fiscal jefe Anticorrupción cesado en 2003 por el Gobierno del PP, Carlos Jiménez Villarejo, participó ayer en Donostia en unas jornadas organizadas por Eusko Ikaskuntza sobre «Los límites del Estado de Derecho frente a la violencia», y reiteró que el Estado español prosigue ahondando en una vía de involución democrática, auspiciada en todo el mundo por EEUU, que lo convierte en un «cierto Estado de excepción».
Y para dar cuerpo argumentativo a su exposición, Villarejo no se dejó nada en la chistera. Disertó, siempre haciendo referencia expresa a las normas españolas, sobre la inconstitucionalidad de la anulación de las listas de ANV, sobre la existencia de la tortura, sobre la Ley de Partidos que «elimina ataduras democráticas», sobre el «caso Egunkaria», y también sobre la aberración que supone la vigencia de la dispersión carcelaria de los presos políticos vascos.
Los dos Guantánamos
Arrancó su exposición partiendo del contexto de que «EEUU ha conseguido contaminar su modelo a Occidente hasta límites insospechados», y como botón de muestra expuso lo que sería la aceptación acrítica del empleo de la tortura para hacer frente al «terrorismo». En paralelo, mencionó el affaire silenciado por países europeos sobre los vuelos secretos de la CIA con destino a cárceles clandestinas.
Así, Jiménez Villarejo fue tajante al afirmar que «los estados democráticos tienen que hacer frente al terrorismo sólo con métodos democráticos», y llevando el caso a la realidad española, recordó que año tras año las estadísticas reflejan decenas de denuncias de torturas que «se ignoran sistemáticamente».
Trajo a colación que ningún fiscal general del Estado de la historia reciente española ha dedicado un solo minuto ha hablar sobre los casos de torturas, aunque año tras año se repitan las denuncias. Poco esperanzador se mostró, además, sobre la efectividad que tendrá la aplicación del Protocolo Facultativo contra la Tortura, que en el Estado español entrará en vigor el próximo 22 de junio.
Los jueces, contra el proceso
Villarejo denunció una falta notoria de independencia entre los poderes estamentales, y criticó, además, que desde la declaración del alto el fuego de ETA hasta el pasado 30 de diciembre «los jueces fueron protagonistas activos en la interpretación de las normas, obstaculizando activamente la realización del proceso de paz», y actuando en contra de lo recogido en el Código Civil, que aboga por aplicar la ley «con arreglo a la realidad social de su tiempo».
En cuanto a la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la anulación de las listas de ANV, Villarejo dijo sentir «verguenza», porque además de estar llena de «contradicciones» que le hacen ser «patética e inadmisible», entiende que contraviene la misma legislación. El fallo refleja, para él, «la universalización en el ámbito del Estado español de un cierto Estado de excepción».
Ante la presencia de su director e imputado, Villarejo también trajo a colación el «caso Egunkaria», y denunció que, contraviniendo el criterio del Ministerio Fiscal, los magistrados han impuesto el criterio «de unas organizaciones políticas con intereses partidistas», en referencia expresa al PP. También aludió en su ponencia rebelde a las imputaciones contra López y Otegi, al caso de Iñaki de Juana, a la dispersión o a la doctrina del Supremo contra los presos políticos.
Su recorrido fue todo un placer para oídos poco acostumbrados a escuchar denuncias así sin que se habran procedimiento penales. Y más cuando no hay duda de que quien habla tiene conocimiento de causa.
