Dicen las crónicas que cuando Julio Rodríguez fue nombrado Rector de la universidad Autónoma de Madrid (más tarde llegaría a ser Ministro de educación con franco), instaló rejas en todas las ventanas de las facultades y cerró las puertas que, a través de los sótanos, permitían comunicar entre sí las distintas facultades.
Tan carcelaria iniciativa le valió el apodo de “Julito el rejas” y generó una manifestación de protesta del alumnado al grito de “perdona a tu pueblo rector”. Años más tarde, cundo estuve ahí, aún permanecían en las ventanas los barrotes colocados por ese personaje.
El fascismo diseñó varios campus, como en Madrid el de la propia Universidad Autónoma y como el de Somosaguas, para la contrainsurgencia estudiantil; puertas de acceso pequeñas para poder ser controladas por la policía, pasillos con muchos tramos de escalera para cortar el ritmo de carrera a los estudiantes, alejamiento del núcleo urbano… Las lecciones del mayo del 68 marcaron un estilo arquitectónico, entre otras cosas.
La tradicionalmente elitista composición social del alumnado de las universidades había sufrido una limitada pero indudable permeabilidad debido a los esfuerzos de familias trabajadoras que depositaban en los estudios de sus hijos la esperanza de que éstos pudieran alcanzar un mayor grado de bienestar frente a la realidad de explotación y pluriempleo que caracterizaba la vida de las clases trabajadoras durante la dictadura. Esta mayor demanda de educación generó la confrontación entre dos modelos de Universidad.
Un sector social consideraba que el papel de los centros educativos debía consistir en responder a la demanda social de educación, lo que implicaba atender tales necesidades mediante un amplio sistema de tasas baratas, becas y medidas que permitieran la l@s trabajador@s y sus hij@s acceder a la universidad (turnos nocturnos para quienes trabajaban, etc.).
Por el contrario, el poder consideró que la enseñanza superior debía adaptarse a la demanda de cuadros y técnicos superiores del sistema productivo capitalista, por lo que un acceso masivo a la universidad (o al menos a determinadas carreras) era un despilfarro.
Todas las medidas adoptadas en materia educativa durante la transición obedecían a ese objetivo; incremento de tasas, establecimiento de numerus clausus en determinadas carreras, reforma de planes de estudios… Se trataba en suma de producir un número limitado de universitarios, al menos en ciertas especialidades, para que fueran buenos (y dóciles) engranajes en la cadena productiva.
Y consecuencia de este proceso fue la paulatina pérdida de importancia de las humanidades, estudios que acarrean el inconveniente para el sistema imperante que, al permitir acercarse al entendimiento del mundo en que vivimos, genera un riesgo potencial de formar personas con conciencia crítica, que puedan cuestionar el orden existente.
Frente a la resistencia del estudiantado a esta tendencia, el poder, y ahí incluimos a todos los gobiernos que se han sucedido en el tiempo, no ha dudado en recurrir a la represión para imponer los planes del capital para la enseñanza. Así, en el ya lejano 1.979 (13 de diciembre, por mas señas), cuando cientos de miles de estudiantes se oponían en la calle a la ley de Autonomía Universitaria al grito de “el hijo del obrero a la universidad”, la policía disparó contra una manifestación estudiantil en Madrid con ráfagas de ametralladora, asesinando a los estudiantes Emilio Martínez y José Luis Montañés, e hiriendo a varios más. Por supuesto, ni los culpables políticos ni los autores materiales fueron castigados.
El plan Bolonia obedece a la lógica anteriormente expuesta de intentar que el sistema educativo parcialice el conocimiento del alumno en función de las necesidades del sistema productivo capitalista (ese que nos ha llevado a la crisis y a la miseria), propiciando la entrada directa de las transnacionales en la universidad condicionando los planes educativos. Y frente a ello, hoy como ayer, se la levantado el estudiantado defendiendo un modelo educativo no mediatizado por los intereses mercantiles, que permita potencialmente cultivar el espíritu crítico.
Y por eso en Barcelona, ante el encierro de estudiantes en el rectorado de la Universidad Central, el gobierno plural de Catalunya no ha dudado en enviar a su policía, cuyo responsable es Joan Saura, de Iniciativa per Catalunya (socio de Izquierda Unida), a acabar con la protesta de un modo tan contundente que, aplicando el principio quirúrgico de “cortar por lo sana”, que diría el Marqués de Villaverde, han apaleado masivamente a estudiantes, periodistas y transeúntes, incluyendo un niño de 10 años que pasaba por allí.
Sonroja la versión de los medios de comunicación del oficialismo, como la SER, que afirmó que los responsables de todo eran “los estudiantes antisistema”. Para algunos, alparecer, los derechos de reunión y el de respeto a la integridad física se deben circunscribir tan solo a los pro-sistema.
En resumen, para la izquierda plural y sus voceros oficiales y oficiosos, la brutalidad policial es culpa de las víctimas, igual que en 1.979, lo mismo que en la época de Franco y Julito “el rejas”.
Conviene recordar las palabras de Marx y Engels en le Manifiesto Comunista (1948): “Hoy, el poder público viene a ser, pura y simplemente, el Consejo de administración que rige los intereses colectivos de la clase burguesa”. Hoy, cuando Iniciativa per Catalunya ha conseguido sentarse en el consejo de administración, su entusiasmo es tan grande que no duda en aplicarse con esmero en defender porra en mano los intereses de la burguesía en el ámbito educativo, tal como hizo la izquierda plural (PSOE-IU) en el Ayuntamiento de Gijón cuando promovieron el encarcelamiento de los sindicalistas Cándido y Morala. Tomamos buena nota.
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