Hace ya varios meses que nos encontramos de lleno en una crisis económica, ecológica y social sin precedentes. Después de todo este tiempo y a pesar del empeoramiento de las condiciones laborales y calidad de vida de los sectores populares de nuestra sociedad (particularmente las y los jóvenes, las mujeres y las personas inmigrantes), el gobierno de Zapatero sigue sin ofrecer respuestas contundentes que nos permitan atisbar un cambio de escenario a corto plazo ni, por supuesto, medidas que apunten, ni siquiera remotamente, a un cambio de modelo substancial del actual sistema social y productivo, sistema que nos ha llevado a la crisis en la que nos encontramos en estos momentos.
Es en este contexto que ha visto la luz el anteproyecto de ley del aborto, el cuál interpretamos desde Izquierda Anticapitalista como un premio de consolación del gobierno social-liberal, en un uso nuevamente electoralista de este crucial derecho, para sus votantes “progresistas”. Es más, no sólo se queda corto el gobierno en lo que respecta a sus medidas anti-crisis: desde Izquierda Anticapitalista seguimos insistiendo, tal y como lo hemos hecho repetidamente durante los últimos meses, en la necesidad de una reforma radical de la actual regulación del aborto que garantice la libertad de las mujeres a decidir sobre nuestro propio cuerpo así como la garantía de poder acceder a este derecho de manera gratuita. Es por ello que, ante el reciente anuncio del anteproyecto de ley, manifestamos:
El mantenimiento de alguna forma del aborto voluntario en el Código Penal, supone no reconocer a las mujeres el derecho a decidir y la continuación de los graves problemas de inseguridad jurídica de mujeres y profesionales que originaba la anterior ley. ¡Eliminación del artículo 145 del Código Penal y salida del aborto del código penal!
A pesar de que la introducción de una ley de plazos que permita un margen de tiempo dentro del cuál las mujeres pueden abortar de manera libre es un avance respecto a la legislación actual, la idea de tener ciertos plazos más indicaciones no reconoce el derecho de las mujeres a decidir libremente la interrupción de un embarazo y sigue excluyendo a aquéllas que no descubren o no reconocen el embarazo o, por las razones que sean, no intentan interrumpirlo antes de las 14 primeras semanas. Las indicaciones vuelven a dejar en manos de profesionales la decisión de si una malformación fetal o un riesgo para la mujer son motivo, o no, para interrumpir el embarazo y hacen desaparecer la actual ausencia de límite por riesgos para la salud de la madre. Por otro lado, el límite de 22 semanas por malformación fetal y grave riesgo para la salud de la mujer nos sitúa lejos de la legislación europea más avanzada, que sitúa el plaza para la libre decisión de las mujeres en 24 semanas. ¡Exigimos que la decisión de abortar esté en manos de las mujeres!
Mostramos nuestra indignación ante la demagogia provinente tanto de los ámbitos sociales y políticos más conservadores como de ciertos sectores del social-liberalismo para evitar que las mujeres de 16 años puedan efectuar una interrupción del embarazo sin previa autorización de sus padres. Es absolutamente hipócrita considerar a las jóvenes capaces de asumir las difíciles decisiones que conlleva el ejercicio de la maternidad, pero incapaces de decidir sobre su propio embarazo. Son ellas, y sólo ellas, quiénes deberían dar su autorización. Por otro lado, seguimos pensando que el listón de los 16 años contrasta con la responsabilidad que les reconoce en el ámbito penal desde los 14. Asimismo, mostramos nuestro rechazo más contundente ante las declaraciones de diversos miembros de las élites eclesiásticas situando el aborto al mismo nivel que las violaciones o la pederastia.
La Sanidad Pública debe garantizar el acceso al aborto para todas las mujeres en condiciones similares a las demás prestaciones sanitarias, cuya privatización rechazamos contundentemente. Ello debería incluir equidad tanto social como territorial. Para facilitar dicho proceso, consideramos que la experiencia de l@s profesionales que han realizado durante estos años la inmensa mayoría de los abortos debe ser incorporada a la sanidad pública y a la formación de futur@s profesionales. Vista la experiencia, no obstante, de otras medidas sociales, como la Ley de Dependencia (que se han visto moribundas antes de nacer por la falta de presupuesto) y los recortes de gasto público recientemente anunciados por el gobierno, le recordamos a éste que la simple aprobación de leyes no es suficiente y que es imprescindible destinar financiación pública para su implementación. Exigimos los recursos necesarios para el desarrollo efectivo de la educación afectiva, sexual y reproductiva, y para el acceso inmediato y gratuito a la anticoncepción, incluida la postcoital.
Rechazamos el período de reflexión previo a la interrupción voluntaria del embarazo puesto que lo consideramos una infantilización de las mujeres, un cuestionamiento de nuestra capacidad para tomar decisiones sobre nuestras vidas y una institucionalización de juicios morales que derivan en el tutelaje de nuestras vidas y nuestros cuerpos.
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