En una rueda de prensa celebrada hoy Arnaldo Otegi, junto a Tasio Erkizia y Miren Legorburu han valorado la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre las ilegalizaciones en Euskal Herria.
Sin entrar a valorar los argumentos jurídicos Otegi ha querido resaltar que la sentencia se basa en la doctrina Bush, según la cual la seguridad está siempre por encima de los Derechos Humanos.
Sólo así se puede entender la cita a los atentados del 11-S, el que sea menos garantista que otras sentencias sobre Turquía o que se pueda usar como base para ilegalizar otros partidos independentistas y comunistas de Europa.
La izquierda abertzale, aún así, seguirá trabajando por la construcción nacional, la agrupación de fuerzas independentistas y la negociación con vistas a la resolución del conflicto. La izquierda abertzale, aún así, se mueve.
Arnaldo Otegi ha hecho una valoración del fallo del Tribunal de Estrasburgo que aprueba las ilegalizaciones como razón de estado. Lo acompañaron en la rueda de prensa realizada en Donostia Tazio Erkizia y Miren Legorburu.
Si bien los abogados de la izquierda abertzale aún deben estudiar el contenido del fallo antes de emitir una opinión jurídica al respecto y decidir los pasos a dar, Otegi adelantó la opinión política. Calificó como "muy mala noticia" esta resolución que avala jurídicamente el "apartheid" de la izquierda abertzale y el "recorte de derechos de miles de ciudadanos en este país".
De todas maneras, aseguró que este fallo no conlleva ninguna modificación "en términos estructurales en la situación política" de Euskal Herria ya que las propuestas de la formación ilegalizada no van a sufrir "cambio alguno".
Apuntó a que la interpretación que el tribunal hace en su sentencia parte de "parámetros del pasado", ya que sigue la "filosofía" instaurada por el ex presidente de los EEUU George Bush basada en la "guerra preventiva" y "total" contra el terrorismo. Esta forma de pensar plantea una "dicotomía" en la que "la balanza se inclinaba por la seguridad" en detrimento de las libertades", un "grave error" en el que, a su juicio, también ha incurrido el Tribunal de Estrasburgo, ya que ha puesto "la seguridad por encima de los derechos individuales y democráticos".
El dirigente vasco ha constatado "una marcha atrás" en esta sentencia, que supone "una catástrofe para el conjunto de la ciudadanía europea", respecto a otras sentencias anteriores del mismo tribunal sobre partidos políticos ilegalizados en Turquía. "Probablemente" -señaló Otegi-, el Tribunal ha encontrado "enormes dificultades para decir que un estado miembro de la UE" como España "conculcaba derechos fundamentales".
Otegi consideró que "el Estado ha ganado una batalla" con esta sentencia que, aunque no deja de ser "una mala noticia" y "un dato preocupante", no ha "sorprendido" a la izquierda abertzale. Por este motivo, ha anunciado que la izquierda abertzale "no modificará los puntos de vista que ha hecho públicos en los últimos meses" respecto a que la salida al conflicto pasa por conseguir "un escenario democrático", lo que "exige el fortalecimiento de la izquierda abertzale, la suma de fuerzas independentistas y la recuperación de un proceso de diálogo y negociación".
Respecto a la posibilidad de que la sentencia del Tribunal pueda suponer un "apagón" de la izquierda abertzale en el futuro próximo, ha recordado que en las últimas elecciones europeas esta corriente política "ha tenido la oportunidad de llamar a un voto legal, con una marca que no era propia y unos candidatos que no eran los suyos, y los resultados están a la vista".
Editorial de Gara, acerca de la sentencia
Estrasburgo avala las ilegalizaciones
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha avalado la aplicación de la Ley de Partidos realizada por el Estado español contra Herri Batasuna, Batasuna, Euskal Herritarrok, Herritarren Zerrenda y varias candidaturas. Si bien, dado que se trata de una ley ad hoc para ilegalizar a esas formaciones políticas, era de esperar que Estrasburgo no encontrase defectos de forma o de fundamentos jurídicos en este caso. Otra cosa es que esa misma Corte asuma también la lectura expansiva que se ha hecho de esa ley una vez que, precisamente tras estas ilegalizaciones, la izquierda abertzale renueva su apuesta por las vías democráticas y pacíficas y rechaza sumarse a la lucha clandestina. Conceptos como la «contaminación» deberían resultar excesivos incluso para este tribunal.
Los términos de la sentencia, que liquida las cuestiones jurídicas de manera somera y que, por el contrario, se extiende en hechos y valoraciones históricas ajenas a la causa, resultan asombrosos al tratarse de un tribunal que debe velar por los derechos humanos a nivel europeo. Era de esperar que el Tribunal asumiese la jurisdicción estatal y que basase esa postura en la Constitución española y en su condición de estado de derecho. Pero sorprende que dé rango poco menos que de ley a la «lista negra» europea, ampliamente criticada por diversos juristas.
Estas sentencias cierran espacios a la resolución del conflicto y abren la puerta a más y mayores vulneraciones de derechos civiles, políticos y humanos. Legitima la segregación ideológica tanto de esas formaciones como de sus votantes, en lo que supone una forma encubierta de apartheid político que además tiene una peligrosa vertiente étnica al aplicarse sólo a organizaciones vascas. Supone una victoria diplomática y alienta a los securócratas que hoy en día dirigen lo que ellos llaman la «lucha antiterrorista». Dicho lo cual, también conviene resaltar que la sentencia no cambia en lo esencial los parámetros del conflicto. Pero quizá no sea eso lo que se busca, sino alterar los parámetros de la resolución del mismo. Urge que las personas preocupadas por la democracia y las fuerzas soberanistas reflexionen al respecto y actúen en consecuencia.
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