Algunos vieron en las promesas del cambio del Ayatolá, la versión islámica de la teología de la liberación, y los “conspiracionistas” descubrían la sombra de los G4 (EEUU, Francia, Inglaterra y Alemania), en llevar al poder a los hombres de sotana. Revelaban que las superpotencias cristianas en una reunión en Guadalupe - América Central- en enero de 1979, habrían considerado que las fuerzas religiosas por su anti ateísmo-anti comunismo eran sus aliados naturales en la batalla contra la Unión Soviética. Así habían promovido a los muyahedines en Afganistán –otro país fronterizo con la URSS- y también al Papa polaco Juan Pablo II, en las mismas fechas. Fuere como fuere, aquel sistema político pretendía instaurar un pasado lejano, pero no el de Persia, sino el de Arabia del siglo VII, de la umma “comunidad”, que dirigió el profeta Mahoma. Término que sustituirá a “ciudadano” para poner un fin, virtual, a la molesta lucha de clases, a las diferencias étnicos en un país multinacional, anunciando la igualdad de todos, eso sí, solo ante Dios. En este nuevo diseño, donde no habrá lugar para los no creyentes, los fieles se dividirán en musulmanes y no musulmanes, chiitas y no chiitas, mujeres y hombres, mientras se promueve la arabización de la sociedad iraní vía su islamización  -de la vestimenta, el calendario, las fiestas, la lengua, hasta los nombres-, que aún forman parte del pulso entre las autoridades y la población, en particular los jóvenes.

En la RI se cumple una agenda electoral, bajo la observancia de Alí Jamenei, el guía supremo, que elige al presidente - varón y chiita-, entre los candidatos de diferentes facciones del régimen, ostenta el derecho de vetar las decisiones del parlamento, dirige la política exterior e interior, y es comandante en jefe de las fuerzas armadas.

Durante estas décadas, el pragmatismo ha ido venciendo a la religión hecha doctrina por los dignatarios islamistas que han demostrado gran habilidad en adaptarse a las circunstancias y maniobrar entre diferentes sectores de la sociedad. Como ejemplo, al mismo tiempo que eliminaban buena parte de los derechos de la mujer (libertad de vestimenta, de trabajar, estudiar, viajar, etc.), encontraban su base social en las zonas rurales, mejorando el nivel de vida de sus gentes, proporcionándoles electricidad, sanidad, educación, vivienda, y de paso les ofrecían integrarse en los cuerpos militares, y ocupar puestos que dejó la desbancada clase media urbana. 

Desconcertante suma de contradicciones, y una sociedad asombrosamente vital, en la que las féminas abanderan los movimientos “altermundista” y “por los derechos civiles”, y han tomado literalmente las universidades, obligando al gobierno archimasculino a aplicar la “discriminación positiva” en varias carreras a favor de los señores. Unos clérigos que han convertido el chiismo en la primera religión que autoriza el cambio de sexo, sin dejar de aplicar la pena de muerte a los homosexuales que hace 40 años desconocían “el armario”. Así es la República Islámica. Un sistema aún por determinar, que ha pasado por varias fases sin haber culminado su diseño. En la primera, principios de los 80, los islamistas liberal-seculares, como el presidente Bani Sadr, fueron apartados del poder; desde entonces hasta 2005 fue la casta clerical quien controlaba la rienda del país.

El auge de la corriente a favor de un referéndum para separar entre la religión y el poder, así como la invasión de EEUU a Irak, aceleró la llegada de la tercera fase: el ascenso de los jóvenes militares y fundar la República Islámica pretoriana. Pues, habían defendido el país durante la guerra con Irak, y habían protegido al sistema de sus opositores internos, por lo que veían legitimo tomar el timón para “salvar” a la RI, cohabitando con un clérigo ya debilitado además de octogenario. Mahmud Ahmadineyad, un veterano de aquella guerra, venía a advertir que allí no era el lugar para ninguna revolución de Terciopelo ni de Naranja, desmontando la ficción de la «democracia religiosa», y de “Diálogo entre civilizaciones” del reformista Jatami, quien, por cierto, nunca propuso un diálogo con las fuerzas políticas y sindicales de la misma civilización iraní.

El presidente Ahmadineyad, el único hombre de verdaderas convicciones religiosas de la RI, con su promesa electoral de “llevar los beneficios del petróleo a las mesas de los desheredados”, admitía que la ingente renta del Oro Negro se perdía por el camino, y que no solo de espiritualidad viven los creyentes.“Quien no tiene pan, no tiene Dios”, recuerda un dicho persa.

Y no cumplió con su promesa, quizás porque sin transparencia no se puede luchar contra la corrupción. Por lo que convirtió la defensa a los derechos de los palestinos y sobre todo el programa nuclear en su particular sello de identidad. Algunas voces le recordaban que él era el presidente de Irán y no de los palestinos, otras le criticaban por sus discursos antiisrailíes y la exhibición de los logros en materia de tecnología militar y nuclear, aumentando el peligro de una confrontación bélica. No hay duda de que Ahmadineyad, sin tener la maldita bomba ha conseguido su efecto disuasorio además de ganar una importante popularidad en un sector nacionalista de la población poco preocupado por la catastrófica situación económica.

          La progresiva dessantificáción de las estructuras del poder y sus fundamentos, el cansancio de la gente ante los molestos códigos de “comportamiento moral”, y el rechazo cultural de los iraníes hacia “ajund”, el clérigo, ha contribuido a la estrategia del presidente de apartar a “los de turbante”, con iniciativas como querer levantar la prohibición impuesta desde 1979 sobre el acceso de las mujeres a los estadios deportivos, o de abrir un debate sobre el velo obligatorio. Sin embargo, ante la gravedad de la situación económica, el debate sobre velo y los derechos humanos ha perdido el color. La caída del precio de crudo de 160 dólares el barril a 45 en pocos meses, en un país cuyo gobierno basa el 70% de su presupuesto en las divisas procedentes de la exportación de petróleo, junto con una política neoriberal que ha causado el cierre de muchas empresas y fabricas ha tenido unas consecuencias graves: recorte de subsidios para alimentos básicos, reajustes estructurales, una inflación de 35%, la tasa del desempleo que alcanza al 34% de la población activa –entre ellos cerca del 40% de los jóvenes licenciados-, y un crecida déficit publica que han lanzado al 25% de la población por debajo de la umbral de la pobreza, según el ministro de Bienestar Social. La crisis  económica  ha generado una abierta crisis de confianza de los ciudadanos, lo que no significa que los recursos de la RI se hayan agotado.