Tenía razón la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, cuando aseguró el 25 de noviembre que el Ejecutivo es "plenamente consciente de las dificultades del campo". Es más: el PSOE y el PP son conscientes de los problemas del campo desde hace décadas. Otra cosa es que no le quieran decir a los productores agrícolas y ganaderos que sus partidos no van a solucionarles los problemas, porque sus partidos creen que el libre mercado es justo, creen que el precio que marca la oferta y la demanda es el correcto, creen que si a un campesino no le gusta que algo que le han pagado a 20 céntimos pase a valer 2 euros, que emigre a la ciudad.
Luego, por supuesto, las Fernández de la Vega de turno dirán que también son plenamente conscientes del problema del despoblamiento rural, pero, igualmente, nada harán por evitarlo.
Los varios miles de trabajadores del campo que estuvieron en la protesta del día 21 en Madrid deberían ser conscientes de que piden peras al olmo si solicitan regulaciones para los precios en origen a un partido que cree que todo se vende (privatización de agua, mercado de emisiones contaminantes) y que todo lo que se vende tiene que acogerse a las leyes del capital.
No vale de nada solucionar temporalmente la caída del 26% en la renta de los agricultores desde el inicio de la crisis, o la pérdida de 300 empleos diarios en el sector: hay que regular los precios en origen para acabar con el problema de una vez, y eso no lo va a hacer un PSOE que cada vez olvida más la planificación de la economía y da por buenas las posturas liberales del PP.
No se puede, además, olvidar que el problema es cada vez más acuciante por causa de los efectos del cambio climático: sequías, eventos climátológicos extremos cada vez más frecuentes, amenaza a la supervivencia de miles especies vegetales y animales... En esta cuestión tampoco están haciendo nada positivo quienes nos gobiernan, pues acudirán a la XV Conferencia de las Partes (COP15) de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (Copenhague, 7-18 Diciembre) sin muestras claras de progreso en las negociaciones previas a una cumbre que diseñará la estrategia internacional de lucha contra el calentamiento global que sustituya al Protocolo de Kyoto.
Más de 30 organizaciones (ecologistas, sindicales, vecinales y onGs) que forman parte de la "Plataforma Ciudadana contra el Cambio Climático", os invitan a la concentración que tendrá lugar en Madrid el próximo Sábado 12 de Diciembre, a las 17:00h, en la Pza. del Museo Reina Sofía, para pedir a los gobiernos del mundo un acuerdo justo y vinculante en la cumbre de Copenhague.
Pero vinculante para todos: no valdría sacar conclusiones y que luego haya regiones que vayan por libre ignorando los tiempos que corren. Ecologistas en Acción, Greenpeace España y Plataforma Ciudadana Refinería No (PCRN) han denunciado en rueda de prensa la apuesta de la Junta de Extremadura por boicotear la lucha contra el cambio climático, en contra del mensaje (eso sí, sólo del mensaje) que el presidente del Gobierno quiere transmitir en la cumbre de Copenhague, donde la disminución de gases de efecto invernadero será el principal pilar de esta cita.
La PCRN ha aprovechado para lanzar una campaña, de ámbito nacional, con el envío de cartas al presidente del Gobierno en las que se le pide que sea coherente con las políticas y compromisos a favor del clima y no autorice el proyecto de refinería en Extremadura. Esta instalación produciría la emisión de 1.700.000 toneladas anuales de CO2 a la atmósfera, el principal gas de efecto invernadero, hipotecando el desarrollo sostenible de Tierra de Barros, por el riesgo para el río Guadiana, la cuenca de la que se abastecería la planta y la que recibiría sus efluentes contaminantes. ¿Y de qué cuenca reciben sus aguas los regantes que hace unos días expusieron sus problemas en una charla en Don Benito?
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