La ofensiva del clero católico contra el Estado Laico, ha posibilitado la versión de una nueva inquisición en nuestro país. En pleno siglo XXI y a más de cinco siglos de distancia, escuchamos en la voz de diferentes servidores públicos, argumentos cuyos fundamentos se encuentran en principios religiosos que han dado paso a lo largo de la historia a la intolerancia, al autoritarismo, al fanatismo y a la misoginia que, llevó a miles de mujeres a la hoguera, a la horca, a la tortura y a la cárcel por el solo hecho de tener una conducta diferente a la establecida por la moral religiosa y por la jerarquía de la iglesia católica.
La inquisición fue una maquinaria de represión que bajo el argumento de velar por la pureza de los principios religiosos, difamó, encarceló y condenó a toda persona cuyas ideas fueran consideradas nocivas. Es así como gitanas, judíos, hombres de ciencia y mujeres que rompían las normas establecidas para su sexo eran condenadas y ejecutadas por tribunales inquisitorios que fomentaban el fanatismo y la ignorancia de la población.
Aquella institución oscurantista que quedó registrada en la historia como una de las más grandes expresiones de intolerancia de la jerarquía de la iglesia católica, se hace presente nuevamente en nuestro México y va tomando mayor fuerza con la complicidad de legisladores y gobernantes que imponen sus creencias personales en decisiones que solo deben ser del Estado.
Aunque parezca increíble, en pleno siglo XXI cuando se empezaba hablar con mayor fuerza de derechos humanos; se reconocía la violencia de género y se utilizaban instrumentos internacionales para avanzar en la concreción de una ciudadanía plena para las mujeres, en trece de los congresos locales de nuestro país, se restringe la libertad de las mujeres para decidir sobre sus propios cuerpos.
La manifestación de esta nueva inquisición en la vida civil, legislativa y política se observa claramente, en sus campañas impulsadas en contra de ampliar los servicios anticonceptivos para ofrecer el condón femenino y la pastilla de anticoncepción de emergencia; el uso del condón consciente e informado para evitar embarazos no deseados y su firme oposición a reconocer al aborto clandestino como una causa de muerte muy frecuente para las mujeres que lo practican en lugares insalubres.
El fracaso en sus campañas para anular la ley que despenaliza del aborto en el Distrito Federal y su estrategia para impedir el acceso a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, los llevó a moverse a diferentes Estados de la República para promover, impulsar y en complicidades con diversos partidos políticos como el PRI y el PAN aprobar leyes que estigmatizan, violentan, restringen derechos y condenan a las mujeres por atreverse a tomar decisiones sobre cuando y en que condiciones desean tener hijos e hijas.
Esa jerarquía de la iglesia católica que se dice preocupada por sus fieles y que cierra los ojos cuando se trata de enjuiciar a curas pederastas, vuelca su intolerancia contra las mujeres, al quererlas reducir a máquinas reproductoras, sin decisión, ni toma de conciencia.
Con las nuevas modificaciones a las constituciones de Baja California, Colima, Campeche, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Sonora, Durango, Nayarit, Quintana Roo, Puebla y Quéretaro las mujeres que deciden interrumpir un embarazo, son consideradas como criminales y sujetas de proceso legal.
Estas reformas que consideran al óvulo fecundado como persona y prohíben todo tipo de aborto podrían además:
- Convertir en delincuentes a las mujeres que usan Dispositivo Intrauterino (DIU)
- Criminalizar los servicios de reproducción asistida (fecundación in Vitro, conservación de óvulos fecundados
- Negar servicio médicos a las mujeres con embarazo eptópico (el ovulo se implantó fuera del utero)
- Negar alternativas a las mujeres las ponen en riesgo o son producto de una violación
Las mujeres reunidas en este acto y las organizaciones abajo firmantes demandamos al gobierno mexicano el respeto irrestricto a nuestros derechos, no queremos saber de una sola mujer más obligada a parir como el caso Paulina, la niña de Baja California que habiendo sido violada no se le permitió abortar o la de Guanajuato que para que no abortara fue amenazada por las autoridades de encarcelarla.
En esta plaza sede de grandes hechos de nuestra historia pero también de actos inquisitorios de la nueva España, alertamos a la población sobre el grave retroceso en nuestras legislaciones y de manera pública denunciamos que el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) se han convertido en fieles y sumisos lacayos de la jerarquía de la Iglesia Católica y de los grupos conservadores que operan en nuestro país, y se han erigido, de facto, en enemigos de los derechos de las mujeres instalando una nueva inquisición que violenta la laicidad del estado.
Una ley que penaliza, obliga a todas las mujeres. Una ley que despenaliza, no obliga a ninguna.
No queremos una solo mujer encarcelada por elegir, condenada a no poder decidir y sentenciada a solo parir.
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