Audiencia pública este miércoles 10 de junio a las 12 horas
Este miércoles el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires analizará en una audiencia pública la legalidad de las reglas y prácticas de la policía, la fiscalía y el poder judicial; específicamente sobre humillaciones, arrestos, procesamientos, “extravío” de documentación, secuestro de pertenencias, intimidación, uso abusivo de la fuerza, violación sistemática del derecho de defensa y de circulación, denunciadas en enero de este año por vendedores ambulantes senegaleses con el apoyo del Instituto Argentino para la Igualdad, Diversidad e Integración (IARPIDI) y el Colectivo para la Diversidad (CoPaDi)
Están informados el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, la Fundación Comisión Católica Argentina, la Defensora del Pueblo de la Ciudad Alicia Pierini, La Directora del Instituto Nacional contra la Discriminación María José Lubertino, el Movimiento Afrocultural, la Central de Trabajadores Argentina, Servicio Ecuménico de Apoyo a Migrantes y Refugiados, Madres de Constitución, entre otros organismos de derechos humanos y que luchan contra el racismo.
Un informe del Banco Mundial de 2006 confirma que las personas negras y afrodescendientes que viven en ciudades argentinas subsiste apenas sobre la línea de pobreza. En similar situación se encuentran las comunidades paraguaya, peruana, boliviana, dominicana y senegalesa en nuestro país. Aquí, el 90 % de las y los africanos sobrevive gracias a ingresos de la venta ambulante. “Somos pobres y negras. Sobrevivimos gracias a diversas actividades que realizamos en la calle. No tenemos acceso a ninguna otra cosa. Sobrevivir del choripan, pulseritas y aritos, chipa chipa, chancletas o incluso la propia prostitución no autoriza a la policía y la fiscalía a pararnos, interrogarnos, identificarnos y requisarnos prácticamente todos los días, por épocas más de una vez por día. Prohibir las actividades de subsistencia que realizamos pone en marcha un mecanismo cruel y eficiente de violencia racista: la fantasía de confirmar, de un simple plumazo, que todos los negros, todos los pobres, somos delincuentes, y así justificar legalmente los atropellos.”, expresó una vendedora, que no da su nombre para protección personal.
El Centro de Estudios Legales y Sociales, que ya ha cuestionado en otras ocasiones las políticas de la Policía y la Fiscalía de la Ciudad endurecidas por el Macrismo, presentó un escrito de amicus curiae ante el Tribunal apoyando las denuncias. Malena Derdoy, abogada de CoPaDi y una de las patrocinantes del caso, expresó que “Argentina apenas maquilla la verdadera función que asigna a la policía y la justicia: el hostigamiento, persecución, despojo y confinamiento de las personas siempre negras, siempre pobres, siempre vulnerables, a quienes nos señala como delincuentes, sospechosas preferenciales de cualquier actividad criminal. Convocamos a la sociedad a posicionarse sobre una realidad urgente, denunciamos el silencio y el olvido que intentan imponer a la profunda brecha que existe entre los derechos garantizados en la Constitución y la dura realidad en que vivimos”.
Contacto:
Lorena Pujó, Colectivo Para la Diversidad, lpujo@hotmail.com,155 221 0083
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