El pasado 25 de Junio, en Madrid, la Coordinadora para la Prevención y denuncia de la Tortura (CPDT) presentó su sexto informe anual sobre la tortura en el Estado español correspondiente al año 2009 en el que se presentan 242 situaciones de denuncia que han afectado a 624 personas. Durante la rueda de prensa el portavoz estatal de la CPDT, Jorge del Cura reseñó los aspectos más importantes del informe (que pueden consultarse en el resumen adjunto a esta nota) respecto al número de denuncias, la distribución geográfica de las mismas, la distribución de las denuncias según las circunstancias de las personas agredidas así como por el cuerpo de funcionarios denunciado.
Tras esta introducción, se comentaron algunas cuestiones específicas:
El portavoz de la CPDT en Euskal Herria, Carlos Hernández, habló sobre las situaciones de denuncias por agresiones y/o coacciones sexuales bajo custodia entre los años 2000 y 2009, en los que 140 personas han denunciado en cárceles, comisarías y centros de menores este tipo de situaciones, que han aumentado en casos de incomunicación y que son especialmente graves en relación a las mujeres presas o bajo custodia del Estado. A continuación, Luis Ocaña, portavoz de la CPDT en Andalucía, comentó la incidencia de las nuevas ordenanzas municipales en las situaciones de denuncias por agresión, especialmente contra las policías locales. Por su parte, Lluïsa Domindo, portavoz de la CPDT en Catalunya comentó las cada vez más frecuentes situaciones de criminalización y acoso a los defensores de Derechos Humanos, especialmente a quienes apoyan a quienes denuncian torturas. Además, comentó también el mantenimiento del número de denuncias en Catalunya y contra los Mossos d’Esquadra, pese a la colocación de cámaras de videovigilancia en las comisarías, dado que las denuncias se han desplazado a actuaciones realizadas en la calle o en los coches patrulla, antes de llegar a los espacios controlados por las cámaras.
Finalmente, Jorge del Cura volvió a tomar la palabra para cuestionar el nombramiento de la Defensoría del Pueblo como Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, dado que su mandato impide la correcta realización de esta función, su elección no ha respondido a los criterios de elección marcados por los mecanismos internacionales correspondientes y porque se niega a reconocer y vigilar las situaciones de denuncia bajo régimen de incomunicación, un espacio especialmente sensible a estas situaciones y cuya abolición ha sido numerosas veces reclamada por los organismos internacionales y los colectivos estatales de denuncia y prevención de la tortura.
Tanto el presente informe como los de los años anteriores pueden consultarse en:
http://www.prevenciontortura.org/documentos/
Más información:
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