Mientras Moratinos habla de Uribe como uno de los Presidente que mayor compromiso han mostrado con el respeto a los Derechos Humanos, y Mariano Rajoy asegura que el Estado Español debe tener por amigos a las democracias respetuosas con los Derechos Humanos como Colombia, en la ONU, La Alta Comisionada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Navi Pillay, presenta un informe donde se demuestra a las claras el claro respeto que el señor Uribe y su gobierno han tenido y tienen por los Derechos humanos:
11/03/2010
La Alta Comisionada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Navi Pillay, denunció este miércoles la inseguridad a la que están sometidos los defensores de estas garantías en Colombia y manifestó la estigmatización a la que están sometidos, incluso por parte de miembros del Gobierno de Álvaro Uribe.
"Siguen existiendo en Colombia actitudes de acoso y persecución contra los defensores de derechos humanos y sus familias", indica Pillay en un informe que será presentado ante el Consejo de derechos humanos de las Naciones Unidas en Ginebra, el próximo 24 de marzo.
La Alta Comisionada afirma que la seguridad que viven los líderes sindicales y los desplazados por el conflicto interno que vive esa nación está bajo amenaza en el país.
En el informe se aparece una larga lista de sectores que, a su juicio, están amenazados como por ejemplo los sindicalistas, líderes de comunidades indígenas, afro-colombianos, representantes de poblaciones desplazadas, magistrados, abogados y periodistas.
Para cada uno de estos grupos, la representante de la ONU menciona asesinatos, algunos de ellos con torturas, amenazas y seguimientos. Escuchas ilegales, detenciones arbitrarias, acusaciones de falso testimonio y robo de documentos son otras de las tantas trabas que la defensa de los derechos humanos en Colombia.
Por su parte, el secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Domingo Tovar, desde que la Alta comisionada viajó a Colombia en el 2009, los crímenes contra sindicalistas no han cesado, de hecho, 41 de ellos fueron asesinados y siete desde principios de 2010.
"Aunque ha disminuido el número de asesinatos la violencia antisindical permanece porque en este país no se aceptan los contradictores políticos", asegura Tovar.
De igual forma, la periodista, Claudia Julieta Duque, una de las mencionadas en el informe como víctima de seguimientos y amenazas por parte del Departamento Administrativo de Seguridad de Colombia (DAS), también se mostró pesimista.
"En febrero, tras una rueda de prensa sobre mi caso vi a un hombre tomando fotos a mi hija y a mí. Desde entonces he sido de nuevo seguida en moto y vigilada", señaló Duque.
En respuesta a este informe, la Vicepresidencia colombiana reconoció la gravedad de las informaciones dada a conocer, por lo que se recordó que el Gobierno está promoviendo actualmente un proyecto de ley que tiene como fin crear una agencia civil de inteligencia, que implica también una depuración de sus archivos.
Actualmente, uno de los casos más nombrados en la violación a los Derechos Humanos es el que se está llevando al ex director de inteligencia del DAS, Jorge Noguera, quien está siendo acusado por el desarrollo de acciones intimidatorias contra sindicalistas y periodistas.
El también ex funcionario de contrainteligencia, Jorge Lagos, confesó que mientras Noguera estaba al frente de la central, se hacían este tipo de acciones ilegales pero no recordaba los nombres de los destinatarios de las amenazas. Sein embargo, éstas se ejecutaron a través sufragios, panfletos, seguimientos o labores de interceptación telefónica, también llamadas "chuzadas", que contaban con la aprobación del DAS, algo que Noguera ha negado de forma tajante en sus interrogatorios.
Durante la audiencia que se sigue contra Noguera, señalado también de tener nexos con grupos paramilitares, Lagos sostuvo que entre las ilegalidades cometidas por el DAS, estaban las tareas de alteración de antecedentes delictivos de algunos expedientes y la fuga de información contenida en los certificados judiciales, relacionados con el narcotráfico, hampa común e inmigración en los aeropuertos.
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