Algunos datos de dicho informe:
Aumenta significativamente la demanda en los siguientes tipos, por orden de importancia:
1.- Solicitud de ayudas para VIVIENDA (impagos de hipotecas, deudas de alquileres, y su consecuencia: embargos, desahucios) y, en menor medida suministros (recibos de luz, agua, gas).
Detectamos que el acceso a la vivienda se ha visto agravado por la precariedad creciente de muchas familias y la dureza de las condiciones de acceso.
2. – Solicitud de ayuda para el acceso al EMPLEO (información, orientación, apoyo en la búsqueda), especialmente para personas paradas procedentes del sector de la Construcción e Industria con poca o nula cualificación profesional, y también del sector Servicios: mujeres que buscan trabajo como empleadas de hogar. Se pide información, orientación y formación.
3. – Solicitud de ayudas para ALIMENTACIÓN.
4.- También adquiere cierta relevancia la información y orientación para asuntos legales y de extranjería, destacando el aumento de demandas de RETORNO VOLUNTARIO –tanto voluntario como incentivado-, de inmigrantes.
5. Destaca también el aumento de las demandas de apoyo psicológico de menores y de adultos (depresiones, deterioro de relaciones familiares, ansiedad, sensación de fracaso). Han aumentado los conflictos familiares a consecuencia de las tensiones que se viven en el seno de las familias.
NUEVOS ROSTROS DE LA POBREZA por la crisis económica:
- Mucha gente viene por primera vez a Cáritas: Son personas que han pasado de la vulnerabilidad a la pobreza afectadas principalmente por el paro creciente.
- Muchos vuelven después de haber finalizado procesos de inserción social.
Son personas que ya hicieron procesos de inserción a través de acciones de Cáritas pero que, dada su situación de vulnerabilidad social y precariedad laboral, se han visto endeudadas, empobrecidas y excluidas de nuevo.
DENUNCIAS
Hemos constatado que el problema de pobreza y exclusión que afecta a las personas y familias en esta situación de crisis es estructural. No se trata solamente de situaciones coyunturales, por lo que las denuncias y propuestas deben ser estructurales.
El VI Informe FOESSA sobre Exclusión y Desarrollo Social en España constata los siguientes datos sobre pobreza y exclusión social:
En España hay 8,5 millones y medio de personas bajo el umbral de la pobreza. De ellos 1,5 millones son pobres severos.
800.000 hogares españoles están en situación de exclusión severa (5,3%)
En España hay 500.000 familias en situación de exclusión y pobreza severa.
En cuanto a las Comunidades Autónomas, Extremadura se encuentra a la cabeza de los niveles de pobreza, con el 39%, mientras Navarra se encuentra en último lugar con un 9,8 %.
Sin embargo la denuncia más relevante que Cáritas se dirige a tres ejes fundamentales de nuestro actual modelo de sociedad:
1. Una sociedad que acumula e, incluso, despilfarra y que, estructuralmente, ha olvidado y dejado de lado la redistribución para el desarrollo integral de las personas.
2. Una protección social congelada en tiempos de bonanza económica, que se ha distanciado de la media europea.
3. Un modelo de crecimiento económico (no de desarrollo) que ha olvidado a la
PERSONA como el centro principal y significativo de su actividad.
Ante todo ello, y a la vista de las actuaciones que estamos desarrollando para responder a las demandas de personas y familias derivadas de la situación de crisis económica, Cáritas denuncia:
Que se “derive” a Cáritas la función de la acción social asistencial, cuando uno de los deberes de los poderes públicos es el de asegurar, a través de los servicios sociales, los mínimos necesarios a los que tienen derecho todas las personas y las familias.
Las duras condiciones de accesibilidad, mantenimiento y gastos de la vivienda, un derecho ciudadano básico, por causas anteriores y posteriores a la crisis.
La situación de paro y precariedad que se están produciendo en el mercado de trabajo y que lleva a muchas familias a vivir situaciones de pobreza y exclusión social.
El riesgo de incremento de irregularidad administrativa a la que se está empujando a la población inmigrante con permiso de residencia y trabajo, dadas las dificultades surgidas en la renovación de sus autorizaciones y en el caso de la 1ª autorización, por la limitación de actividad y territorio. Debemos evitar el coste personal y social que supondría para estas personas volver a rehacer sus procesos de integración con la demostración del “arraigo”.
PROPUESTAS
En cuanto a las propuestas ante estas situaciones, es urgente poner en marcha un Plan para ayudar a las personas más desfavorecidas.
Este Plan, aunque nazca exigido por la situación de emergencia, debe ser un Plan para hacer frente al PROBLEMA ESTRUCTURAL que crea estas situaciones. Por ello, proponemos:
De manera similar a las medidas dirigidas a reactivar la economía productiva a escala local, es necesario establecer un fondo económico que sea transferido a los SERVICIOS
SOCIALES MUNICIPALES para atender las demandas sociales, que sea gestionado y ejecutado por los servicios sociales municipales con esta finalidad social.
Un EMPLEO con protección social, de manera que sea posible hacer procesos formativos adecuados para las nuevas ocupaciones con protección social para las personas y familias que lo necesitan, lo que supone que esté acompañado de las transferencias monetarias necesarias para llevar a cabo una INCLUSIÓN ACTIVA.
Una política de INMIGRACIÓN donde nadie pierda en el camino de la legalidad y la integración.
Este momento de crisis ha puesto al descubierto las lagunas del sistema de protección social, por lo que es obligado exigir, ampliar y articular el sistema de protección. Es necesario un acuerdo general para DESARROLLAR el sistema de la protección social, como un PILAR básico del BIENESTAR SOCIAL que garantice el derecho constitucional de INGRESOS MÍNIMOS.
El informe completo se encuentra como archivo adjunto en esta noticia.
Más información:
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