Indígenas de la etnia Naso que habitan en la caribeña provincia panameña de Bocas del Toro, limítrofe con Costa Rica, denunciarán a Panamá ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) por los desalojos que han sufrido para la realización de proyectos energéticos y ganaderos, violando los derechos humanos y territoriales de los pueblos originarios, informó el sábado un vocero indígena.

"Estamos trabajando en una denuncia formal ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado panameño porque nuestro territorio está siendo acaparado poco a poco por las inversiones transnacionales y el Gobierno", dijo Eliseo Vargas, vocero de los indígenas afectados.

La denuncia incluye "la petición de medidas cautelares para proteger a los Naso y sus territorios" de la "ingerencia del gobierno en la toma de decisiones sobre los líderes (indígenas)" y el "cese de cualquier acción represiva", según informó Vargas.

También piden paralizar los convenios y concesiones "para la intervención de nuestro territorio por transnacionales para la captura de bonos de carbono o la creación de proyectos hidroeléctricos", según la denuncia que prepara una firma de abogados estadounidenses.

Por su parte, el dirigente comunitario indígena, Félix González, dijo a través de la radioemisora local RPC Radio que un contingente de 300 agentes policiales armados destruyó el jueves chozas y expulsó a los habitantes de las tierras heredadas de sus ancestros. Además, informaron que el desalojo fue realizado sin el respaldo de ninguna orden judicial.

González manifestó que hombres, mujeres y niños que vivían en las comunidades destruidas están "desprotegidos" e intentan sobrevivir a la intemperie, en la margen de un caudaloso río, donde encontraron refugio tras el desalojo.

El territorio en litigio es reclamado por la Empresa Ganadera Bocas, S.A., que presentó en los tribunales documentos de propiedad y exigió al gobierno la salida de los supuestos "intrusos".

Los Naso señalaron que con estas acciones el Gobierno de Martinelli demuestra que privilegia los intereses de la empresa Ganadera Bocas por sobre los del pueblo que ha vivido allí durante siglos.

El 27 de octubre, el ministro de Gobierno y Justicia, José Raúl Mulino, había advertido a los Naso que la orden de desalojo no podría ser retrasada más, debido a un proceso judicial en marcha, por lo que pidió un arreglo pacífico.

Sin embargo, fuerzas policiales tomaron posiciones en San San y San Druy por segunda vez desde enero de este año. El territorio Naso no está reconocido por ley y se encuentra dentro de dos áreas naturales protegidas.

El 30 de marzo de este año, un grupo de indígenas que se había trasladado a la capital panameña para realizar una vigilia y exigir respeto al derecho de ocupación de tierras colectivas, fue expulsado de la Plaza Catedral.