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Incrementa gobierno agresiones contra periodistas indígenas
A casi un año – 7 de abril del 2008--, del asesinato de las comunicadoras triquis, Teresa Bautista y Felicitas Martínez, de la Radio La Voz que Rompe el Silencio, ubicada en San Juan Copala, Oaxaca...
Agencia Internacional de Prensa Indígena (AIPIN) | Para Kaos en la Red | 9-4-2009 a las 22:53 | 1145 lecturas
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A casi un año – 7 de abril del 2008--, del asesinato de las comunicadoras triquis, Teresa Bautista y Felicitas Martínez, de la Radio La Voz que Rompe el Silencio, ubicada en San Juan Copala, Oaxaca, las agresiones contra periodistas indígenas, se han incrementado gravemente. 

Los días 24 y 29 de enero de este 2009, la radio p’urhépecha “Eiámpiti 89.1 FM”, montada en el Palacio de Gobierno de San Juan-Nuevo Parangaricutiro y la radio Uékakua de Ocumicho 104.5 MHZ FM, ambas en el estado de  Michoacán, respectivamente, fueron desmanteladas.  

Ahora, las agresiones están dirigidas contra Cactus, una agrupación compuesta en su mayoría por indígenas de ésta región de la mixteca de Oaxaca, quienes han apoyado a otras emisoras indígenas en el área, como la “La Voz que Rompe el Silencio”, ubicada en el municipio autónomo de San Juan Copala.  

Cactus, que también forma parte de la Red de Radios Comunitarias del Sureste de México, ha mantenido el reclamo de que el crimen de las comunicadoras triquis no quede en la impunidad. 

Hasta el momento las autoridades de la Procuraduría General de la República (PGR), que se vieron obligadas a atraer el caso, ante la presión del gremio periodístico y la opinión pública, no han dado resultados que permitan castigar a los autores materiales e intelectuales del crimen de Teresa Bautista y Felicitas Martínez, las que obtuvieron el Premio Nacional de Periodismo 2008, post mortem

En lugar de abocarse a buscar a los culpables de las muertes de las comunicadoras, las fuerzas de seguridad, acosan a Cactus. 

Reportes de indígenas oaxaqueños, acusan de la presencia intimidatoria de agentes de la PGR, el 31 de marzo por la noche en las instalaciones de CACTUS, en Huajuapan de León, Oaxaca, preguntando por Omar Esparza, coordinador de la Asociación. 

Los agentes se dirigieron en tono amenazante al personal de la oficina que los atendió: "díganle que lo andamos buscando". 

El 1 y 31 de marzo, las oficinas de la organización indígena fueron allanadas, pero no en un robo común, los malhechores dejaron evidencia de que sustrajeron la información, se llevaron algo de equipo para simular el robo, pero el resto de las máquinas solo fueron dañadas.  

Para la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI), y el Congreso Nacional de Comunicación Indígena (CNCI), este tipo de acciones apuntan a la operación de cuerpos policíacos que buscan intimidar a las organizaciones de la sociedad civil, que como Cactus defienden los derechos de la población indígena. 

La guerra sucia es la estrategia de hostigamiento que vienen impulsando los gobiernos federal y estatal para inhibir la resistencia ciudadana, criminalizando el descontento social, señala UCIZONI. 

La organización Cactus, padeció, el 29 de agosto del 2008, la agresión castrense y policíaca. Su radiodifusora “La Rabiosa” de Huajuapán de León, “sufrió la ocupación de las fuerzas del Estado y sus herramientas de trabajo fueron robadas”. 

Los periodistas, autoridades tradicionales, voluntarios y radioescuchas de “La Rabiosa”, manifestaron que en el colmo de la intolerancia “en un afán intimidatorio, los policías, tomaron fotos de los comunicadores y comunicadoras que transmitían en ese momento, así como de las personas que asistieron a solidarizarse”. 

Todo parece indicar que el Estado mexicano tiene en la mira a Cactus, por lo que es importante apoyar al grupo, ya que su mayor osadía es informar sobre las atrocidades de los grupos de poder económico y político, los cuales ponen en riesgo a los pueblos indígenas de la región. 

Pero esta amenaza que por ahora vive Cactus puede extenderse a otras regiones de México, hay que estar atentos. 

El Estado mexicano debe parar la agresión contra los medios indígenas y periodistas, nadie menos el gobierno puede pasar por encima de los derechos específicos y libertades fundamentales de los pueblos indígenas reconocidos en la jurisprudencia nacional e internacional, suscritos por México. 

Hacerlo equivale a retroceder a épocas que dieron origen a la lucha por la independencia de 1810, a las causas que enarbolaron en la revolución mexicana de 1910 y al levantamiento de indígenas mayas y de otros pueblos que se alzaron en armas el 1 de enero en Chiapas, agrupados en torno al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

 
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