Los hechos se remontan a enero de 2007 cuando el profesor de Derecho Penal de Universidad Pablo de Olavide (UPO), SCR, denunció a la Policía Nacional ante el Juzgado de Guardia por un presunto delito de detención ilegal, después de que en la madrugada del pasado 21 de enero de 2007 fuera detenido por dos agentes ante la supuesta negativa a identificarse en el contexto de una concentración por el uso responsable del espacio público
El Juzgado de instrucción nº 4 de Sevilla ha dictado un auto en el que imputa formalmente al instructor del procedimiento por haberlo tenido detenido rebasando el tiempo estrictamente necesario para el esclarecimiento de los hechos. El funcionario, J.M.R., se enfrenta a una pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de cuatro a ocho años. Asimismo el auto reconoce como ciertos los cacheos y tocamientos que sufrió el profesor en el calabozo por parte de funcionarios pero no puede determinar quiénes lo hicieron.
El abogado de la acusación particular y miembro del Grupo 17 de marzo, Luis de los Santos, recurrirá el auto por considerarlo insuficiente ante la gravedad de los hechos producidos, y solicitará que se extienda la imputación a los funcionarios que efectuaron la detención. Asimismo considera que los hechos deberían ser tipificados como un delito del 167 del CP y no del 530 ya que la detención se produjo sin que mediara delito alguno. Esto último conllevaría penas de prisión y no solo de inhabilitación.
Asimismo el Grupo 17 de marzo solicitará al Jefe Superior de Policía y al Subdelegado del Gobierno que realicen una investigación interna al objeto de depurar responsabilidades administrativas ante supuestas prácticas tan deleznables en nuestra ciudad, y en el que el número de denuncias sube cada año. SCR denunció cacheos integrales en comisaría y tocamientos en sus partes durante el tiempo que permaneció en los calabozos de la Comisaría de Blas Infante. De dicho caso se ha dado traslado a la Coordinadora para la Prevención de la Tortura (CPT) organismo encargado de elaborar informes mensuales sobre las malas praxis policiales.
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