En términos porcentuales, el genocidio franquista en Euskal Herria tuvo más impacto sobre la población que los de Sudáfrica, Argentina o Chile. Especialmente grave es lo ocurrido en Nafarroa, donde fue «eliminada» -mediante fusilamientos o desapariciones- un 1,13% de la ciudadanía, cota que en el contexto occidental sólo supera Bosnia. Éste es uno de los datos más reveladores del informe de Lau Haizetara Gogoan que sustenta su plan de Comisión de la Verdad.
La plataforma Lau Haizetara Gogoan presentó el jueves en Bilbo su propuesta de creación de una Comisión de la Verdad en Euskal Herria. Allí remarcó que la inexistencia de una iniciativa de este tipo diferencia al Estado español de otros países que han sufrido genocidios. Habrá quien piense que la represión franquista quedó lejos de la ejercida en Sudáfrica, Argentina o Chile, por citar algunos de los ejemplos recientes más conocidos. Sin embargo, los datos son concluyentes. El informe de Lau Haizetara Gogoan incluye una comparación porcentual más que significativa, porque acredita que el franquismo «liquidó» en Euskal Herria, y en el conjunto del Estado español, más porcentaje de población que en los países antes citados.
Entre los casos analizados [ver cuadro adjunto], sólo el genocidio desatado en Bosnia contra la población musulmana supera al desatado por el franquismo. Incluso en términos absolutos y no porcentuales, los 5.820 muertos en Euskal Herria no quedan lejos de los 8.961 ejecutados, desaparecidos o torturados en Argentina.
No obstante, en prácticamente todos los países citados ha habido comisiones de la verdad dentro de un planteamiento global de «Justicia transicional», es decir, de la Justicia «asumida por las sociedades para hacer frente al legado de violaciones generalizadas y sistemáticas de los derechos humanos».
Esa tarea sigue pendiente en el Estado español, y ya son más de siete décadas de retraso, las últimas tres posteriores a la denominada «transición».
Instituciones como el Consejo de Europa han demandado fórmulas de reconocimiento de la verdad y de reparación. Este organismo aprobó en 2006 una declaración oficial que designa el 18 de julio como Día de la Condena del Régimen de Franco e insta al Gobierno español a «poner en marcha una comisión nacional de investigación sobre las violaciones de los derechos humanos cometidas por el régimen».
El trabajo de Lau Haizetara Gogoan, cuyo resumen se presentó el jueves, documenta aspectos como quién crea las comisiones de la verdad y qué tipo de violaciones investigan.
¿Quién y sobre qué?
Recuerda Lau Haizetara que estas comisiones pueden ser promovidas bien por gobiernos (habitualmente se trata de ejecutivos de transición después de conflictos) o bien por acuerdos de paz entre las partes enfrentadas. En otras ocasiones las han creado las Naciones Unidas u organizaciones locales.
En Argentina, Chile y El Salvador, por ejemplo, las comisiones de la verdad surgieron de decisiones de los gobiernos correspondientes tras la presión de organizaciones de los derechos humanos, y fueron encomendadas a grupos de expertos. En otras ocasiones, han sido creadas directamente por iniciativas solidarias, como ocurrió con el informe «Brasil Nunca Más», liderado por la Archidiócesis de Sao Paulo, o con el trabajo «El terrorismo de Estado en Colombia», elaborado por múltiples asociaciones.
Resulta interesante observar cuál ha sido el objeto de investigación de estas comisiones de la verdad y comprobar que se trata de vulneraciones de derechos similares a las producidas y nunca investigadas en el Estado español, y más concretamente en Euskal Herria. Así, en Argentina se documentaron desapariciones; en Uganda, torturas, tratamientos discriminatorios por parte de los funcionarios públicos y vulneraciones de libertades de prensa, credo y asociación; en El Salvador, ejecuciones extrajudiciales; en Sudáfrica, abusos en los centros de detención; en Guatemala, reclutamientos forzados...
La labor de estas y otras comisiones no sólo consistió en esclarecer los hechos, sino también en identificar a los culpables, «personalizar» a las víctimas y paliar los daños con fórmulas como indemnizaciones, garantías a la educación de los hijos o construcción de monolitos en su honor. No se trata de instancias judiciales, pero son imprescindibles para lograr la verdad y el reconocimiento.
Sólo iniciativas testimoniales en Gasteiz e Iruñea
Si el Estado español ha pasado por alto cualquier iniciativa de reconocimiento y reparación del genocidio, las instituciones vascas tampoco han ido más allá de las declaraciones retóricas. El Parlamento navarro aprobó en 2003 una resolución de rechazo, con la abstención de UPN. El Gobierno de Lakua, por su parte, impulsó una polémica política de «concesión de beneficios y no de reconocimiento de derechos» (de hecho, la gestionó el Departamento de Asuntos Sociales, no el de Justicia, según denuncia Lau Haizetara Gogoan). Incluyó además la «recuperación de la memoria y la reparación» en su Plan de Paz de 2006, pero la plataforma le acusa de limitarse al «plano simbólico». El proyecto de Ley de Víctimas, en su opinión, ahonda en el mismo error: «Sustituir a la Justicia por homenajes folklóricos en los que se capitaliza políticamente a las víctimas».
R.S.
Vulneraciones «conscientes, reiteradas y sistemáticas»
Lau Haizetara Gogoan detalla en su estudio las vulneraciones de derechos identificadas cometidas por el régimen franquista y que, en consecuencia, deberían ser investigadas por una Comisión de la Verdad de Euskal Herria. Matiza que todas ellas fueron «cometidas de forma consciente, reiterada y sistemática por personas ligadas directa o indirectamente al régimen franquista y/o en coincidencia plena o parcial con sus objetivos e intereses políticos, sociales, culturales...». Éste es el listado, que incluye más de una veintena de prácticas fehacientemente identificadas:
-Desapariciones forzadas.
-Asesinatos y fusilamientos en masa clandestinos (paseos, fosas comunes, cunetas...).
-Detenciones y encarcelamientos masivos por motivos ideológicos, discriminación racial, credo o identidad sexual.
-Internamiento de miles de prisioneros políticos y sociales en campos de concentración y de exterminio.
-Secuestro de niñas y niños como actos de guerra, genocidio y represalia sobre los «vencidos».
-Confinamientos, destierros... como medida de represión y anulación contra personas y sus actividades.
-Castigos masivos a trabajos forzados y mano de obra esclava.
-Secuelas físicas y mentales provocadas por el terror, la soledad, la exclusión social... siendo frecuentemente causa principal de muerte.
-Utilización del hambre como elemento de guerra y represión.
-Torturas y trato humillante y vejatorio por motivos ideológicos, étnicos y culturales.
-Represión de género. La mujer sufrió una represión añadida: fue víctima de abusos sexuales y violaciones como estrategia de guerra y represión. También sufrió los efectos más opresivos de la educación y, en general, una situación de marginación y dependencia.
-Establecimiento de tribunales militares y civiles de excepción.
-Establecimiento de la escuela como elemento de represión, que incluye la pérdida forzada de la identidad cultural, lingüística e ideológica.
-Prohibición de uso de la propia lengua y cultura.
-Forzar a prisioneros de guerra a servir en las fuerzas de una potencia enemiga.
-Ilegalización de partidos, sindicatos, organizaciones socioculturales, etcétera.
-Contratación de mano de obra bajo condiciones de explotación.
-Despidos de trabajadores y medidas de exclusión social.
-Anulación de todos los derechos civiles, políticos, sociales, libertad de expresión...
-Depuraciones: de funcionarios, de maestros...
-Robo y saqueo de propiedades y bienes como medio de represión y vía de enriquecimiento de los responsables.
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