No ha parado ni un solo instante la política del terror implementada desde el pasado 28 de junio en Honduras, reanudando el hilo de la violencia sistémica de los años 80. Las organizaciones de los derechos humanos hondureñas siguen denunciando asesinatos, persecuciones, amenazas y torturas contra miembros de la Resistencia, así como los preocupantes episodios de violencia contra periodistas comprometidos con la lucha contra el golpe de Estado y el burdo intento del gobierno de facto de hacer “borron y cuenta nueva” de todo lo que ha ocurrido en los últimos seis meses.
El Departamento de Estado norteamericano, a través de su funcionario Craig A. Kelly de visita en Honduras, pidió nuevamente al presidente de facto, Roberto Micheletti, abandonar el poder antes del 27 de enero, fecha del traspaso de mando, y secundó la propuesta del futuro presidente Porfirio Lobo Sosa de decretar una amnistía generalizada que incluya al propio presidente legítimo Manuel Zelaya Rosales.
De esa manera, la administración Obama y varios países europeos pretenden limpiarle la cara al nuevo gobierno y hacerlo aceptable para el resto de la comunidad internacional. Sin embargo, ni siquiera una sola palabra ha sido pronunciada sobre los innumerables casos de violación a los derechos humanos que continúan ensangrentando al país.
Para el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), que el pasado 1 de enero realizó un plantón en la Plaza La Merced, rebautizada Plaza de los Desaparecidos, frente al Congreso Nacional, en Honduras “opera un escuadrón de la muerte con infraestructura terrorista, responsable de ejecuciones, persecución y muertes selectivas contra miembros de la Resistencia, con el pleno conocimiento de la Policía y el Ejército”.
En un documento dado a conocer en esta ocasión, esta histórica organización denuncia que “existe un patrón de violaciones sistemáticas a los derechos humanos cometidas por la misma estructura que rompió el orden constitucional el 28 de junio de 2009”.
Las ejecuciones de Walter Tróchez y Edwin Renán Fajardo, editor de los documentales y reportajes producidos por el periodista César Silva, además de los secuestros y ataques continuados al personal del periódico El Libertador y de Radio Globo, confirmaría la existencia de esta infraestructura asesina que apunta a sembrar el terror entre los miembros de la Resistencia.
“Hoy estamos transitando los primeros días de 2010, y lo hacemos bajo una atmósfera de terror, con la cual los golpistas civiles y militares, nacionales y extranjeros, pretenden silenciar las voces de millones de legítimos hondureños y hondureñas, que rechazamos la violencia como forma de dirigir el consenso y gobernar el Estado”, continúa el documento.
Navidad ensangrentada
Edwin Renán Fajardo Argueta, de 22 años, miembro activo de la Resistencia, fue asesinado el pasado 22 de diciembre en su departamento en Tegucigalpa, y sus asesinos trataron burdamente de simular un suicidio por ahorcamiento. En los días anteriores al asesinato, Edwin Renán Fajardo había comunicado a sus amigos sentirse preocupado porque había estado recibiendo varios mensajes de texto amenazantes en su celular.
César Silva, periodista independiente comprometido con relatar y denunciar a través de sus videos los horrores del golpe de Estado, fue bajado de un taxi por tres hombre armados el pasado 28 de diciembre y fue llevado a una cárcel clandestina donde fue golpeado repetidamente para que diera informaciones sobre la Resistencia y supuestos depositos de armas provenientes del extranjero.
“En la madrugada entró uno de los secuestradores. Me tomó por el cuello, me tiró al suelo, me pateó y me puso una silla en el cuello para ahogarme. Me echó una bolsa de agua en la nariz. Me estaba asfixiando, y él intentó meterme la bolsa en la boca. Pero de afuera le gritaron: `Ya te dije que no te metas a pedos (en problemas), ¡Dejalo!’”, contó el periodista a la prensa internacional.
Al llegar a las oficinas del COFADEH, después de haber sido liberado tras 24 horas de interrogatorio salvaje, Silva relató que los secuestradores le dijeron que tenía un ángel guardián que abogó por su vida.
Más periodistas amenazados
El corresponsal de Prensa Latina, Ronnie Huete, el periodista de Radio Globo, Rony Martínez y la joven periodista de El Libertador, Suny Arrazola fueron repetidamente amenazados de muerte por celular y costantemente hostigados, mientras que el editor de ese mismo periódico, René Novoa, fue brutalmente agredido y golpeado por miembros del Ejército y la Policía mientras estaba en un taxi.
Desde el golpe de Estado, los periodistas de El Libertador han estado sometido a una constante represión y su reportero gráfico Delmer Membreño tuvo que irse al exilio después de haber sido secuestrado y brutalmente torturado.
La brutalidad de este régimen opresor se ha ensañado hasta contra una de las “abuelas de la Resistencia”.
María Yolanda Chavarría, de 70 años, fue detenida por tres policías y trasladada a un cuarto oscuro de una posta policial el pasado 22 de diciembre. Según relató al COFADEH, los policías siguieron insultándola y le dijeron que era una cuatrera y que le habían tomado fotos mientras estaba con la Resistencia.
No a la amnistía
Ante esta situación, el COFADEH hizo un llamado a la comunidad internacional para que “no quite sus ojos de este país centroamericano y lo declare en alerta máxima en materia de derechos humanos.
Es extremadamente urgente que antes del simulacro de traspaso de mando el 27 de enero próximo y después de esa fecha, las organizaciones multilaterales abran en Honduras legaciones in situ para coordinar las operaciones de salvamento de los liderazgos sociales y políticos opuestos a los asaltantes del poder.
Honduras avanza aceleradamente, lejos de la mirada internacional, a un estado de absoluta indefensión que debe ser interferido –continúa el llamado del COFADEH–.
Para las y los perseguidos por esta dictadura exigimos juicios no viciados y respeto al debido proceso, libertad para los cuatro presos políticos en la Penitenciaría Nacional y el retorno seguro de casi un centenar de personas que salieron forzadamente de Honduras, por el peligro inminente a su vida.
Sin proceso constituyente popular no hay paz ni tranquilidad posibles. Sin un nuevo Pacto Social y consenso político mínimo, ninguna gobernabilidad será posible”, concluye el documento.
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