La petición fue realizada este jueves por el embajador hondureño ante la OEA, Carlos Sosa, quien aseguró que el objetivo de la reunión es lograr que el Consejo Permanente del cartel emita una resolución de pleno apoyo a las instituciones democráticas, tras los sucesos del pasado miércoles, que han causado un clima de tensión en el país.
El representante de Honduras ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Carlos Sosa Cuello, pidió este viernes en una sesión extraordinaria convocada con carácter de urgencia, la aplicación de una Carta Interamericana para devolver la tranquilidad al país centroamericano, tras el intento de golpe de Estado denunciado por su presidente, Manuel Zelaya.
Durante su intervención ante la OEA, Sosa señaló que "Queremos que se aplique la Carta con la intención de devolver a mi país la tranquilidad y la estabilidad. No pedimos nada más, ni nada menos".
"Honduras requiere de ustedes, compatriotas, porque venimos a pedir un apoyo a la institucionalidad democrática, a su gobierno legítimamente electo y a su Ejecutivo confrontado por instituciones que él no ha confrontado", apuntó.
Sosa aseguró que "Honduras no les está pidiendo una resolución dramática, sino la aplicación de la Carta Interamericana Democrática, que estaría debutando después de haber sido tan citada durante los últimos meses".
El embajador Sosa, citó durante su discurso varios artículos de la Carta Interamericana Democrática, mientras pidió a la OEA que ésta no sea objeto de comentarios sino de ejercicio práctico.
"Tenemos motivos para creer que en Honduras la institucionalidad y el ejercicio legítimo del poder están en riesgo. No están en precario, porque hay un pueblo para defenderlo", aclaró.
Asimismo, explicó detalladamente la situación que se vivió en los últimos días en su país, donde el presidente Zelaya tiene previsto convocar una encuesta cuya base legal es la ley de participación ciudadana.
Según Sosa, "esto resalta el derecho y deber del Ejecutivo Nacional de convocar encuestas para tomar el pulso, para auscultar la voluntad popular y con esos criterios tomar y encaminar sus actos como gobierno".
Aclaró que éste, (la consulta del próximo domingo) no es un referendo, es un acto de medición estadística, de consulta popular, por lo tanto no son vinculantes y como no lo son, no son objeto de calificaciones de ilegalidad o de inconstitucionalidad, porque sería como sesgar la opinión" de los hondureños.
Recordó que, en días pasados, un juez determinó que esta encuesta era ilegal porque se encaminaba a reformar los artículos de la Constitución que son pétreos, es decir, que son de piedra y no pueden reformarse jamás.
Pero Sosa explicó que la encuesta tiene la finalidad de preguntarle al pueblo si existían condiciones de popularidad para convocar una cuarta urna, donde se consultase al pueblo sobre la convocatoria de una Asamblea Constituyente, para que se elaborara una nueva Constitución, no para que se reformara la actual.
"El presidente de la República y los diputados iniciarían sus mandatos de manera paralela, y haríamos una Constituyente que, de ser victoriosa elaboraría una nueva Constitución que sometida a referendo entraría en vigencia al terminar el próximo periodo de gobierno", detalló.
Reiteró que los hechos ocurridos el pasado jueves son "una amenaza a la institucionalidad y al ejercicio del poder, porque una orden desobedecida equivale a una insurbordinación, es un delito militar. Pero eso no es lo más grave, sino que constituye un retroceso histórico a una época desesperada".
Afirmó que la decisión de la Corte Suprema de restituir al general Vásquez en su cargo, "es gravísimo e implica la injerencia de la Corte Suprema de Justicia en la competencia del Poder Ejecutivo, lo cual sienta un precedente tremendo para los hispanoamericanos".
El miércoles en la noche, el presidente de Honduras, Manuel Zelaya, destituyó al generalRomeo Vásquez, y aceptó la renuncia del ministro de Defensa, Edmundo Orellana, tras la desobediencia de ambos a la orden de distribuir el material logístico para la realización el próximo domingo de una consulta en favor de la colocación de una cuarta urna en las elecciones generales del 29 de noviembre.
No obstante, el jueves, la Corte Suprema de Justicia restituyó en su cargo al general Vásquez, por considerar "ilegal" la decisión de Zelaya, que horas más tarde calificó como una "Corte Suprema de Injusticias" al órgano que éste jueves desconoció su orden.
"Ahora la Corte de Justicia que le hace justicia nada más a los poderosos, a los banqueros y a los ricos de este país, declara ilegal la participación del pueblo en una encuesta legítima y constitucional", dijo.
"Quevergüenza esa Corte de Justicia para los hondureños. Hoy le reintegran el poder para que abusen del pueblo",agregó.
El presidente Zelaya promueve la realización el próximo domingo de una encuesta nacional en favor de la colocación de una cuarta urna en las elecciones generales del 29 de noviembre -junto a las urnas para elegir presidente, diputados y alcaldes- para que se decida si se convoca a una asamblea constituyente que apruebe una nueva Constitución.
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