Los resultados son dramáticos. Se ha agudizado la pobreza y acciones violentas cobran vidas humanas.
En el Bajo Aguán, en el transcurso del año, se ha reportado al menos 10 personas muertas, amenazas e intervención directa de las fuerzas represivas del estado contra líderes campesinos y de organizaciones populares; situaciones que se ligan directamente a la problemática agraria.
Tal es el caso de la comunidad Guadalupe Carney y las tierras tomadas por el Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA), que permanecieron prácticamente cercadas por militares y policías desde el 10 de abril al 20 de mayo. Agentes militares y policiales detenían y registraban a toda persona que entrara y saliera de los asentamientos campesinos, como lo constataron varias organizaciones de derechos humanos nacionales y organismos internacionales.
La población en general que transitaba por las carreteras sufrió de vejámenes de los policías que aprovechándose de la indefensión de los transeúntes los humillaban con maltratos y en muchísimos casos los obligaron a pagar “mordidas” acusándolos de haber cometido ilícitos que muchas veces fueron inventados.
El problema entre campesinos y terratenientes persiste en el país porque desafortunadamente no se aplican políticas públicas que eliminen las trabas que impiden el acceso a la tierra de los campesinos que sobreviven bajo formas de explotación que ya habían sido condenadas por la Ley de Reforma Agraria de 1974, como son el alquiler de tierras, el colonato y la aparcería, así como la venta de fuerza de trabajo a precios que nunca son suficientes para llenar las necesidades mínimas de la familia campesina.
De esta situación el régimen busca salir apuradamente para lograr el reconocimiento nacional e internacional ya del concierto de naciones y de los organismos de financiamiento internacional. De ahí la estrategia de la reconciliación que tanto promociona el régimen actual a través de los medios de comunicación que no va más allá de ser un eslogan mientras no se resuelva los serios problemas estructurales que mantienen en la miseria a la mayoría de la población y se restablezca el orden constitucional.
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