Justo en el mes anterior del golpe contra el presidente Zelaya se formó una coalición entre diferentes organizaciones no gubernamentales, empresarios, partidos políticos, la iglesia católica y los medios de comunicación, denominada "la unión cívica democrática". Su único propósito era derrocar al presidente Zelaya para impedir que abriera el camino a una asamblea constituyente que permitiría al pueblo alzar su voz y participar en su proceso político.

      La "unión cívica democrática" de Honduras está compuesta por organizaciones como el Consejo Nacional Anticorrupción, el Arzobispado de Tegucigalpa, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), el Consejo de Rectores de Universidades, la Confederación de Trabajadores de Honduras (CTH), el Foro Nacional de Convergencia, la Federación Nacional de Comercio e Industrias de Honduras (FEDECAMARA), la Asociación de Medios de Comunicación (AMC), el Grupo Paz y Democracia y el grupo estudiantil Generación X Cambio.

      La mayoría de estas organizaciones han sido beneficiarias de los más de 50 millones de dólares que anualmente invierten la USAID y la NED en el "desarrollo democrático" en Honduras. De hecho, un informe de la USAID sobre su financiamiento y trabajo con COHEP, destaca que "el perfil bajo de la USAID en este proyecto ayudó a asegurar la credibilidad de COHEP como una organización hondureña y no un brazo de la USAID."

      Los voceros de la unión cívica democrática de Honduras en representación, según ellos, de la "sociedad civil", declararon a la prensa hondureña el 23 de junio -cinco días antes del golpe contra el presidente Zelaya- que "confían en que las fuerzas armadas cumplirán con su deber de defender la Constitución, el Estado de Derecho, la paz y la democracia." Cuando sucedió el golpe, el día 28 de junio, fueron los primeros que salieron a decir que no hubo un golpe de Estado, sino que habían "rescatado su democracia" de las manos del presidente Zelaya, cuyo crimen fue querer dar al pueblo voz, visibilidad y participación. También en representación de los sectores de clase media y alta, la unión cívica democrática ha calificado a los sectores que apoyan al presidente Zelaya de "turbas".

      El Instituto Republicano Internacional, que recibe fondos de la National Endowment for Democracy (NED), obtuvo más de 1,2 millones de dólares en 2009 para trabajar con los sectores políticos en Honduras. Su trabajo se ha dedicado a apoyar los "centros de pensamiento" y "grupos de presión" en Honduras, para influir en los partidos políticos y "apoyará iniciativas para implementar posiciones políticas durante las campañas de 2009." Ésta es una clara intervención en la política interna de Honduras y evidencia del financiamiento de la NED a los sectores golpistas del país.

      El lobby de Washington

      El senador republicano John McCain, ex candidato a la presidencia de Estados Unidos, ayudó coordinar la visita de la delegación golpista de Honduras a Washington durante la semana pasada. McCain es conocido por su dura postura contra Venezuela, Bolivia y otros países de la región considerados "anti imperialistas" y por sus estrechos vínculos con la mafia cubana en Miami. McCain también es jefe del Instituto Republicano Internacional (IRI), ente financiero de los golpistas de Honduras. McCain ofreció los servicios de su empresa de lobby, The Cormac Group, que organizó una rueda de prensa de los golpistas en el National Press Club el 7 de junio.

      Pero más allá de la conexión republicana con los golpistas hondureños, hay un vínculo más comprometedor con la actual administración demócrata de Barack Obama. El abogado Lanny Davis fue contratado por la sede hondureña del Consejo de Empresarios de América Latina (CEAL) para hacer lobby a favor de los golpistas y convencer a los poderes de Washington de que deben aceptar y reconocer al gobierno de facto de Honduras. Lanny Davis fue abogado del ex presidente Bill Clinton cuando estaba en la Casa Blanca, y es un conocido amigo y asesor de la actual Secretaria de Estado Hillary Clinton. Davis está organizando una ofensiva diplomática y mediática a favor de los golpistas, incluida la compra de publicidad en periódicos estadounidenses, y organizando reuniones entre los representantes golpistas y diferentes congresistas, senadores y funcionarios del gobierno de EEUU. CEAL está compuesto por los empresarios latinoamericanos que más han promovido atentados contra los movimientos populares en la región. Por ejemplo, el actual representante de Venezuela en el CEAL es Marcel Granier, presidente de RCTV, la cadena de televisión que promovió e intentó legitimar el golpe de Estado contra el presidente Chávez.

      Como parte de este esfuerzo, lograron una audiencia especial ante el Comité de Relaciones Exteriores del Congreso de Estados Unidos, con la participación de congresistas demócratas y republicanos, y los testimonios de personajes promotores del golpe, como Michael Shifter del Diálogo Interamericano de Washington, Guillermo Pérez-Cadalso, ex Canciller y Magistrado de la Corte Suprema de Honduras, y el famoso Otto Reich, cubano-americano conocido por su papel en la mayoría de las actividades de desestabilización contra gobiernos izquierdistas en América Latina desde los años ochenta. Como resultado de este encuentro, el Congreso de Estados Unidos está promoviendo una resolución que reconozca como legítimo al gobierno de facto de Honduras.

      Otro resultado del lobby de Lanny Davis fue la reunión convocada en el Consejo de las Américas el 9 de junio, en donde participó Jim Swigert, director de los programas de América Latina y el Caribe para el Instituto Demócrata Nacional (NDI), que recibe su financiamiento de la NED, Cris Arcos, antiguo embajador de EEUU en Honduras y Adolfo Franco, ex administrador de la USAID para América Latina y el Caribe y encargado del programa de "transición" en Cuba. Estos tres personajes han trabajado como asesores del gobierno de Obama frente a la crisis en Honduras. Franco, quien también fue asesor de política exterior para el senador John McCain durante su campaña presidencial en 2008, ha sido acusado de corrupción por su mal manejo de los fondos de la USAID para el programa de "promoción de la democracia" en Cuba, gran parte de los cuales se dieron a grupos de Miami, como el Comité para una Cuba Libre y el Instituto para Estudios Cubanos en Miami, sin pasar por ningún proceso transparente de revisión.