Garífunas de Honduras
La Ceiba, 28 de mayo, 2009.- Como parte de la ofensiva neoliberal en contra de los pueblos indígenas del continente, se han elaborado y se están poniendo en práctica leyes relacionadas con el manejo de los territorios y sus recursos naturales, cuyos remanentes en su mayoría se encuentran dentro de nuestros territorios. Los organismos internacionales están financiando la explotación de los hidrocarburos y la biodiversidad en el mundo, al mismo tiempo que estimulan la expulsión y el éxodo de las comunidades indígenas.
En el caso de Honduras, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha venido promoviendo desde el año 2004 un anteproyecto de Ley para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la cual hemos señalado hasta la saciedad, que no es más que un plan para diluir el Convenio 169 de la OIT, siendo múltiples las ocasiones en que han mencionado los funcionarios estatales, la necesidad de “regular” el Convenio 169. Esta interpretación jurídica es errónea, ya que se requiere una adecuación de las leyes Nacionales al Convenio y no lo contrario como han predicado algunos retrógrados y supuestos “expertos indígenas” que laboran dentro de la Secretaría de Gobernación y Justicia.
La nueva versión que introdujo al Congreso Nacional un grupo de diputados, el pasado 19 de marzo, en esencia sigue siendo la que elaboró el consultor contratado por el BID para esos menesteres, donde en el Capítulo II relativo al tema de Tierras, y por supuesto omitiendo el concepto de territorio, evita mencionar bajo que marco jurídico se titularan las tierras. En las versiones anteriores se referían al “INA o quien haga sus veces, el Instituto de la Propiedad”, expresando que las leyes aplicables en tales circunstancias serían la Ley de Modernización Agrícola y la Ley de Propiedad.
Previo a este nueva y desconocida versión de la ley, existe alojado en el Internet, en el portal de SCRIBD (http://www.scribd.com/doc/3550069/Anteproyecto-de-Ley-Especial-Para-el-Desarrollo-de-los-Pueblos-Indigenas-y-AfroHondureno), un Anteproyecto de la dicha ley, con fecha 6 de diciembre del 2007, en donde al final en el capítulo IX, Disposiciones finales, se encuentra una larga serie de reformas constitucionales, requeridas para poder adecuar la constitución a la pretendida ley de desarrollo.
Nuestra organización se retiró de la formulación de la Ley desde principios del año 2006, cuando señalamos las anomalías en que se incurría al incluir la Ley de propiedad como base jurídica del capítulo de Tierras, ya que nuestra organización había efectuado una consulta con las comunidades garífunas, donde se rechazó rotundamente La Ley de Propiedad, ante el desconocimiento de los derechos colectivos y la validacion y reconocimiento de la presencia de foráneos, donde muchos de ellos han obtenido títulos de propiedad individual en forma dolosa.
No obstante de nuestro retiro de la formulación de la Ley, los señores del PAPIN (Proyecto de Apoyo a los Pueblos indígenas y negros, financiado por el BID) compartieron una última versión con fecha del año 2006. Es a partir del 2007 cuando los señores relacionados con el PAPIN y la Secretaría de Gobernación y Justicia, optaron por mantener en silencio las nuevas versiones, siendo accidental el encuentro del documento de diciembre del 2007, alojado en una pagina de la red.
Para nuestra organización ha sido denegado el derecho al consentimiento previo, libre e informado, ya que si bien al inicio formamos parte de las federaciones que iniciaron el proceso, lo abandonamos ante la persistente entrega de opinión por parte de los dirigentes indígenas a los consultores, que al final remataron cualquier posibilidad de discusión interna ante el espejismo de los proyectos en el marco del DIPA, sepultando el futuro de nuestros pueblos bajo una lluvia de dádivas instantáneas que supuestamente fortalecerían las federaciones.
El tema de tierra y territorios es uno de los más álgidos, pues de ese capítulo dependen los demás. Un pueblo sin territorio es como un pez sin agua. Nuestras cosmovisiones están ligadas en forma esencial al manejo equilibrado de los recursos, contraponiéndose con la visión capitalista, la que mira a la madre tierra como una mercancía. Existen una serie de leyes de América Latina dirigidas a desconocer o aniquilar la propiedad comunitaria de los pueblos: El Procede de México, El Path de Honduras, el Pronat de Panamá, el decreto Legislativo Nº 1015 del Perú, son algunas de la iniciativas financiadas por el Banco Mundial (BM) y el BID para convertir los territorios ancestrales en propiedades individuales. La visión neoliberal del manejo de los territorios considera la propiedad comunitaria como un impedimento para el “desarrollo”.
Ahora, nuestra eterna pregunta es ¿en qué consiste el desarrollo? después de 50 años de escuchar el mismo discurso y de observar la destrucción ambiental que se ha creado en nuestros entornos, además de ver un planeta moribundo con una fiebre denominado calentamiento global, nos queda bastante difícil creer que el desarrollo per se, no es más que una acumulación de bienes y servicios, donde unos pocos usufructúan la ganancia y la gran mayoría sucumbe en la pobreza.
La ley indígena al incorporar la palabra desarrollo pierde enormemente su credibilidad, siendo no más que un instrumento de saqueo de los recursos, como lo enuncia de forma solapada muchos de los artículos del Capítulo V sobre Recursos Naturales o peor aún, cuando concede al Instituto de Antropología e Historia la facultad para “otorgar el derecho de propiedad intelectual sobre los conocimientos y practicas culturales de los pueblos indígenas y afrohondureños”
La ley en general tiene enormes vacíos jurídicos que serán aprovechados para retorcer la aplicación de justicia, poniendo a nuestro pueblos en manos de funcionarios estatales que muchas veces desconocen la problemática indígena y que con su estrecha visión de negociantes trasnochados, invocaran las lagunas existentes en los artículos. Al mismo tiempo que el vacio existente en el Capitulo de Tierras no vislumbra solución alguna a las múltiples problemáticas existentes, siendo remarcable su ambigüedad en un tema que requiere una Ley especifica para la Demarcación Territorial de los Pueblos indígenas y Negros.
La sola mención de la creación de un ente denominado Dirección de Asuntos Indígenas y Afrohondureños, desde donde se regirán los asuntos relacionados con los pueblos, no es más una estrategia de burocratización que vendrá a socavar el sentido de autonomía que prevalece en nuestros pueblos. Para la OFRANEH es inconcebible que algún papa de Tarzan, bajo los delirios de conceptos decimonónicos de estado-nación, impongan recetas de estilo de gobierno y manejo de los territorios en base a las formulas destructoras de los organismos internacionales.
El malestar expresado con la ley BID-PAPIN no es un caso singular, en el continente existe en la actualidad una enorme animosidad hacia los IFIS e incluso hacia los estados sumisos. El rechazo expresado por los indígenas de Oaxaca al Procede, los Nasos a la destrucción del río Teribe, los Bugles con su río Changuinola, la actual huelga en la amazonía peruana son indicadores del repudio existente a las políticas promovidas tanto por el BID como el BM. Los diferentes pueblos afectados están reaccionando en forma unánime, denunciado en sus clamores el engaño y la presión de los organismos y la visión feudal del colonialismo interno practicado por los estados.
La ley Papin-Bid, es desconocida para la gran mayoría de los indígenas hondureños. Aquellos que han dado su anuencia a la ley, deambulan en oficinas climatizadas y hoteles de lujo, que les han hecho perder su rumbo, anclados más en la visión de tribus urbanas proclamadas por el asistencialismo de los organismos financieros, que en verdaderos miembros y representantes de los pueblos indígenas.
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