El titular era llamativo: La nueva ley exigirá valorar los derechos humanos en el país de destino. En el desarrollo de la noticia se leía que otra de las cautelas que se iban a aplicar era que habrá que valorar si las armas vendidas pueden perturbar la paz o la estabilidad.
Confieso que dada la época del año en que nos encontramos pensé en la posibilidad de una inocentada, pero no, era 29 de diciembre. No sabiendo a qué agarrarme se me ocurrió que igual era que una inocentada de la víspera distribuida por algún gabinete graciosillo había colado como noticia en los periódicos del día siguiente, pero no: el sábado la referencia del Consejo de Ministros de la víspera daba cuenta de que ese anteproyecto de ley efectivamente había sido tratado, aprobado y remitido al Parlamento.
Hace ya veinte años que desde la campaña de Objeción Fiscal a los Gastos Militares nos pusimos en contacto con Antonio Mingote. Queríamos su permiso para utilizar una de sus viñetas y Mingote amablemente nos lo dio. No dejaba de ser chocante que quisiéramos utilizar una viñeta aparecida en el ABC para apoyar nuestras tesis, pero es que no era una viñeta, era un verdadero ensayo de sólo una frase. Estaban dos hombres de los de Mingote en un despacho con un puro en la mano y uno le decía a otro: "Hemos desarrollado un arma mortífera terrible, pero sólo se la vendemos a gobernantes con buenas intenciones".
En pocas palabras quedaba de manifiesto toda la hipocresía que encierra la producción y el comercio de armas que, se vista como se vista, se basa y se nutre del sufrimiento de los seres humanos que van a ser víctimas de ese macabro negocio.
Han pasado veinte años y lo que entonces fue una profunda ironía ha vuelto a aparecer en los medios de comunicación elevado ahora a la categoría de noticia. En estos veinte años han pasado muchas cosas y una y otra vez se ha demostrado que con las armas lo que se hace no es la paz, sino la guerra. Las soluciones militares no son soluciones, sino dolorosas equivocaciones cuando no, simple y llanamente, estafas.
En estos veinte años varios miles de personas hemos apostado por la objeción fiscal a los gastos militares. Los insumisos ganaron su lucha noviolenta y el servicio militar físico desapareció de nuestra sociedad.
Hoy casi ya ni nos acordamos de ello. Pero en el siglo XXI sigue habiendo un servicio militar impuesto, el servicio militar económico, que nos pretende obligar a colaborar con los ejércitos, con la industria de armamentos, con el negocio de la muerte. Hoy ya no nos obligan a que aprendamos a matar, pero siguen obligándonos a pagar a quienes se muestran dispuestos a hacerlo en nuestro nombre. Pero eso sí, el Gobierno nos aclara ahora que eso se hace sólo respetando los derechos humanos y sin perturbar la paz y la estabilidad.
La vida es el principal derecho de las personas. No es un tema para ironías. Lo que hay que hacer con el comercio de armas es lo mismo que se hace con su uso: prohibirlo. Dice el Gobierno que se va a preocupar de que se respeten los derechos humanos en este tema. Eso, que lo haga. El derecho humano a la libertad de conciencia incluye el derecho a la objeción de conciencia a lo militar. En las sociedades desarrolladas de principios de este siglo este derecho se respeta sólo si se nos reconoce el derecho a la objeción de conciencia fiscal. Las armas que se fabrican y se venden sirven para lo que sirven: para matar. Cualquier otra consideración es pura hipocresía. No nos pueden obligar a participar en ello.
* Publicado en el Diario de Noticias de Navarra
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