Golpe de estado constitucional neoliberal
Un golpe de Estado, como bien sabemos, es la toma del poder político, de un modo repentino y violento, por parte de un grupo de poder, vulnerando la legitimidad institucional establecida en un Estado, es decir, las normas legales de sucesión en el poder vigentes con anterioridad.
Estamos habituados a que los Golpes de estado se hagan con las armas en la mano, mediante un Golpe de estado militar en el que las Fuerzas Armadas de un determinado país derrocan al gobierno establecido con anterioridad. Sin embargo, en teoría política se habla también de otra forma de golpe de estado que, por no ser tan llamativa y además haber sido probablemente menos frecuente a lo largo de la historia, suele no tenerse tanto en cuenta por el gran público en general. Se llama golpe de estado constitucional, y tiene lugar cuando la toma del poder es ejecutada por elementos internos del propio gobierno, incluso de la misma cúspide gubernamental.
Lo que ayer fue anunciado en sede parlamentaria por el actual Presidente del Gobierno español, es decir, la reforma de la Constitución española para establecer una regla que garantice la estabilidad presupuestaria en el medio y largo plazo (sic), tanto en relación con el déficit estructural como en la deuda, puede ser considerado en la práctica como un golpe de estado constitucional en toda regla, un golpe de estado neoliberal.
Hasta ahora, la propia Constitución española, en su artículo 1, definía al estado español como un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. De ser aprobada la reforma constitucional presentada ayer por el señor Zapatero, y apoyada inmediatamente por el PP, tal artículo dejaría de tener validez, y debería, por tanto, ser también reformado, mediante un contenido que viniese a decir algo así como “España se constituye en un Estado neoliberal, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la sumisión de lo público a los intereses de lo privado, la injusticia social, la desigualdad y el pensamiento único”.
De gobierno de hecho a gobierno de derecho
Bien es cierto que todo lo anterior ya venía ocurriendo en la práctica desde hace muchos años, pero con esta reforma se acabaría definitivamente, y sin posibilidad de retorno, de blindarlo constitucionalmente, un hecho de consecuencias tan graves que no puede ser definido de otra manera sino como un golpe de estado.
Un golpe de estado realizado de manera repentina, en tanto y cuanto se llevaría a cabo en un tiempo no superior a un mes, sin debate público y sin contar en ningún caso con la opinión de la ciudadanía, quien la propia Constitución recoge también como supuesta depositaria de la soberanía estatal. Más repentino, imposible.
Un golpe de estado realizado de manera violenta, en tanto y cuanto no solo es fruto de una imposición del poder político dominante al conjunto de la ciudadanía, sino que se haría sin que ninguno de los partidos implicados en el golpe lo hubiese propuesto de manera previa en su programa electoral, tal y como sería lo normal en una sociedad regida por un verdadero sistema democrático. Eso es violencia, violencia política.
Un golpe de estado que otorgaría constitucionalmente el poder del estado a los mercados y a las instituciones financieras internacionales (Incluida la UE, a todos los efectos una institución financiera internacional de funciones similares al FMI o el BM), y que acabaría de facto con los mecanismos vigentes para la sucesión del poder, en tanto y cuanto el pueblo dejaría de tener toda posibilidad de regir los designios políticos del estado, pasando estos a manos de un único y definitivo poder no votado ni elegido directamente por los ciudadanos, sino instaurado desde las esferas financieras y empresariales con la complicidad del falso poder ejecutivo y legislativo de turno. La Oligarquía financiera internacional pasaría entonces de ser un gobierno de hecho, a un gobierno de derecho, constitucionalmente impuesto.
Lo dice la Constitución: hay que hacer recortes sociales
Bien sabemos también que tal hecho estaba ocurriendo ya de facto en la práctica política del estado español, al igual que en el resto de los países occidentales, de tal manera que el sistema bipartidista lleva muchos años siendo una simple máscara para que el poder económico ejerza sus funciones frente a la ciudadanía, dirigiendo y dominando la política estatal entre bambalinas, una tendencia llevada al extremo con la actual situación de crisis económica internacional. Sin embargo, precisamente por ello podemos hablar ahora de Golpe de estado Constitucional en toda regla: quienes antes ya formaban parte de la cúspide del gobierno español de manera soterrada, pasan ahora a ser el gobierno mismo, sin posibilidad de alternativa política alguna. Es la misma cúspide gubernamental la que da el golpe.
A lo largo del año, amen de las diversas reformas neoliberales que el gobierno del PSOE ha ido implantando con el apoyo de su socio de gobierno por excelencia (PP), ya tuvimos algunos indicios de que se estaba gestando algo como lo que ahora vamos a vivir. El señor Zapatero convocó hasta por dos veces un consejo de Ministros extraordinario con los principales empresarios del estado español, quienes le hicieron saber oportunamente el camino a seguir a lo largo del año, y no fue hasta que estos mismos grandes empresarios se lo pidieron que el dirigente neoliberal anunció el adelanto de las elecciones generales para el próximo 20 de Noviembre.
Sin embargo, ni los más atrevidos analistas pensaron que pudiese llegar tan lejos. Imponer constitucionalmente uno de los planteamientos sagrados del neoliberalismo al conjunto de las administraciones del estado, a sus gobiernos futuros de todo color y condición, era algo que hasta ahora nadie había valorado si quiera como posibilidad real en el estado español. Zapatero se ha superado a sí mismo como el Presidente del gobierno más ortodoxamente derechista de cuantos han pasado por el palacio de la Moncloa.
En una situación como la actual, y en un estado con las condiciones estructurales presentes en el estado español, querer fijar constitucionalmente un techo de gasto, es simplemente anunciar que el estado será entregado en exclusividad, y a no mucho tardar, a los intereses privados, amén de que todo rasgo actual que pueda identificar al estado con algo así como un estado del bienestar, será borrado del mapa político de un plumazo. En resumen, lo que Zapatero y Rajoy han pactado de espaldas incluso a su propia militancia y una gran mayoría de sus parlamentarios, viene a ser algo así como que, ante determinados niveles de endeudamiento, todo lo que no sea aplicar un plan de privatizaciones de cualquier cosa que huela a público, y todo lo que no sea meter la tijera en cualquier cosa que huela a gasto público (gasto social en su mayoría), será anticonstitucional.
Si tenemos en cuenta la situación actual del estado español, sus niveles de deuda, sus problemas con las agencias de calificación internacionales, y su escasa capacidad, por la propia naturaleza de su estructura productiva, para generar recursos económicos propios que puedan ayudar a salir de esta situación, así como los resultados que en todo el mundo han tenido la implantación de las políticas neoliberales que desde hace años se viene aplicando en el estado español, todas ellas, como bien reconocen incluso los propios analistas neoliberales, destinadas a garantizar el pago de los compromisos del estado con sus acreedores, y en ningún caso a generar una reducción real de la deuda (que seguirá aumentando año a año), no hace falta ser un premio Nobel en economía para saber cuál es el futuro que espera al estado español con la aprobación de esta reforma golpista: Grecia este mismo año, y Argentina en los años previos a 2002, nos lo muestran.
Blindaje constitucional al poder idefinido de la derecha
Si lo anterior no fuese ya lo suficientemente grave, hay algo que resulta políticamente aún más significativo: con esta reforma, será la propia Constitución española quien garantice por ley que la derecha gobernará indefinidamente el estado.
En el caso hipotético de que un partido de izquierdas llegase al poder del estado, la ley le obligaría a aplicar políticas presupuestarias de carácter neoliberal. No hacerlo sería inconstitucional, garatizándose así que más allá de lo que pueda durar el bipartidismo PPSOE, cualquier partido o coalición que llegue al poder del estado tendrá que aplicar las políticas neoliberales si no quiere ser declarado como inconstitucional, con todo lo que ello supondría.
Sin ir más lejos, la propia Constitución otorga al ejercito español, en su artículo ocho, la potestad de ser el garante del orden constitucional, con lo que un reiterado incumpliendo del mismo podría legitimar la intervención del ejercito para su correcto restablecimiento. Esto quiere decir que si un verdadero gobierno de izquierdas llegase al poder por la vía democrática y aplicase verdaderas políticas de izquierdas, con esta nueva reforma, por no ajustarse al mandato constitucional, podría ser legalmente derrocado por el ejercito. Sería constitucionalmente posible. ¿Les suena Honduras?
Y no solo en el estado, sino, lo que es incluso más grave, esta imposición de un gobierno de la derecha por vía constitucional podrá ser aplicada en todas y cada una de sus administraciones, esto es, también en Comunidades autónomas y municipios. Ningún programa político de izquierdas podrá ser aplicado en la práctica, incluso en el caso de que la ciudadanía, como ocurre en algunos pueblos y ciudades de distintas partes del estado, voten por ello. Ninguno.
Mientras CCAA y municipios acumulen un determinado nivel de deuda, y muy pocos son los casos actuales que no la acumulen, cualquier intento por aplicar en ellos políticas de izquierdas, podrá ser declarado inconstitucional. Bastará con denunciar a la administración en cuestión ante el Tribunal Constitucional. Mientras haya deuda, no podrá haber gasto social. Y sin gasto social, no puede haber políticas de izquierdas, menos en una sistema donde lo que prevalece es la inciativa privada, y poca o ninguna empresa que genere ganancias está en manos de CCAA y Ayuntamientos. Ni friendo a impuestos a los ciudadanos (como se hace ya, de hecho), se podría lograr revertir dicha situación.
Podrán llamarme catastrofista si quieren, pero así de grave es lo que se pretende aprobar en un mes en las cámaras legislativas españolas. No es una cuestión menor, es una cuestión que afecta a la esencia misma de la política económica del estado, al sentido mismo del estado. La economía es la base de la política, y si la Constitución impone un modelo económico derechista como única alternativa posible, está también imponiendo un modelo político derechista como única alternativa posible. La llegada al poder del estado de un Chávez, por poner un caso, sería sencillamente imposible: al poco tiempo se le declararía inconstitucional, y lo demás ya se ha dicho antes. Insisto, ¿les suena Honduras?
El Fin de un proceso
Sin embargo, nada puede sorprendernos, ni podemos ahora hacernos los sorprendidos, estábamos convenientemente avisados de que algo así se estaba gestando en el estado español.
Las clases burguesas dominantes aprovechan los periodos de crisis económica generalizada para imponer sus medidas neoliberales. Pasó en América Latina durante los años 80 y 90, y está ahora pasando en todos y cada uno de los países occidentales.
Con la aplicación de estas medidas, lo que las clases burguesas realmente pretenden no es la salvación de las economías estatales, sino únicamente la profundización de su poder, el aumento de sus ganancias y la transformación de la estructura económica del estado en favor de sus intereses, secuestrando de facto las economías de todos aquellos países donde son puestas en práctica, y desmantelando de paso los pocos logros en materia de derechos sociales y laborales que las luchas obreras hubiesen podido arrancar al poder burgués después de siglos de lucha de clases.
En el estado español todo se ha ido desarrollando según lo previsto. Primero fue el anuncio de un aumento de los impuestos indirectos -aquellos impuestos que son pagados por todos los consumidores/trabajadores por igual independientemente de su nivel de renta-, luego nos llegó el anuncio de que el Gobierno estaba planteando una reforma en el sistema de pensiones, entre cuyas medidas se incluía el aumento de la edad de jubilación o nuevas fórmulas para reducir a la baja el cálculo del valor de las pensiones. Posteriormente nos llegó el primer paquete de medidas para el recorte del gasto público, en el cual, entre otras cosas, se reducía el sueldo de los funcionarios, se congelaba la cuantía de las pensiones y se reducía la ayuda al desarrollo.
Pocos días después, el FMI imponía al Gobierno la necesidad urgente de llevar a cabo una reforma laboral y una reforma fiscal, con todo lo que ello implicaba con el manual de prácticas neoliberales: abaratamiento del coste del despido, nuevas fórmulas contractuales para fomentar el trabajo precario, reducción de la presión fiscal sobre las grandes fortunas, aumento de la misma a las clases trabajadoras, etc. Luego nos tragamos otra nueva reforma laboral encubierta, y así sucesivamente.
Ya se avisaba por ello que las clases trabajadoras estaban sufriendo un ataque sin precedentes que pretendía implantar de manera definitiva e irreversible el neoliberalismo en el Estado. Las clases burguesas dominantes estaban tratando de llevar a cabo su particular revolución neoliberal para apoderarse plenamente del Estado, anulando incluso los pocos espacios que hasta ahora habían servido para hacer de contrapeso al poder burgués ya instaurado. Era un desafío de connotaciones históricas ante el que las clases trabajadoras estábamos obligadas a dar una respuesta igualmente histórica. Pues bien, no hemos sabido darla, y esto de ahora son las consecuencias. Esto no es más que la culminación de un proceso, la muestra de la victoria de la burguesía dominante, y, sí, el símbolo de nuestra derrota como clase trabajadora (des)organizada.
Si las cámaras legislativas españolas aprueban finalmente esta reforma constitucional, la revolución neoliberal habrá triunfado, y lo habrá hecho además a través de la peor manera posible: mediante un golpe de estado llevado a cabo en el momento oportuno, con los métodos legales oportunos. Ellos habrán ganado, nosotros habremos perdido. Y todo, amparados por su propia legalidad, y conforme a sus propios criterios constitucionales. Legalmente, con el actual ordenamiento jurídico en la mano, nadie podrá decir que haya sido un golpe de estado. Simplemente habrán sabido aprovechar la pasividad de las clases trabajadoras, nuestra falta de respuesta, para usar sus mayorías parlamentarias actuales e imponer con ellas, de forma repentina y violenta, un nuevo orden constitucional basado en la imposición de la derecha como única alternativa legal de gobierno. Habrán acabado con el estado social y lo habrán convertido oficialmente en un estado neoliberal. Justo lo que estaban buscando desde un principio. Pero no se detendrán ahí, querrán más, lo querrán todo, nuestras cabezas y nuestras vidas incluidas (metafóricamente, esperemos).
Todavía hay esperanza
Eso sí, todavía no la han aprobado, todavía estamos a tiempo de impedirlo. Todavía podemos salir a las calles, dar batalla y convertir el estado español en un infierno de lucha popular contra el golpismo neoliberal. Todavía podemos. O lo paramos ahora, o habremos sido derrotados. Nosotros mismos habremos dejado que nos derroten sin combatir, y sin apenas oponer resistencia, que es lo que más duele de todo.
Y no valdrá con decir que ahí tenemos el 15-M, si aprueban esto, el 15M será el primer derrotado. No habrá servido para absolutamente nada, y además se habrá quedado sin toda posibilidad de servir en el futuro para algo. Como tampoco servirá de nada salir después a la calle a intentar parar esta o aquella reforma neoliberal. Ya no habrá vuelta atrás.
Luchemos, cuando menos, luchemos. Que tengan que pasar por encima de nuestras cabezas. Que vuelvan a demostrar que su única arma para derrotarnos es la violencia pura y dura, la violencia institucionalizada, las porras de sus policías. No nos entreguemos sin más.
Tenemos un mes o menos por delante, hay que salir a las calles, incendiar el estado, luchar, luchar. No queda otra, o nos arrepentiremos todas nuestras vidas cuando nuestros hijos nos miren a los ojos y nos pregunten una y otra vez porqué no lo hicimos cuando aún estábamos a tiempo.
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