Hacia el socialismo en Cuba
Ni propiedad Ni excedente
Autor: Roberto Cobas Avivar
Si la economía puede considerarse un ejercicio histórico en pos del aprovechamiento racional de los recursos escasos, el lucro no podrá perpetuarse como objeto de su aplicación por encima de las personas[1]. Por lo tanto, mientras los “sistemas humanos” permanezcan sospechosamente organizados en torno a los “sistemas de producción”, más allá de toda razón ideológica las alternativas al modo de producción capitalista siguen siendo una necesidad objetiva.
En la actualidad no se conoce ningún otro proceso socioeconómico y político que, como el cubano, auto defina sin ambigüedades ideológicas ni malformaciones estructurales invalidantes la decisión de avanzar por una trayectoria alternativa a las modelaciones de sociedad, economía y estado capitalistas que permanecen con vida, sean éstas más ilusorias como las del Norte o más descreídas de sí mismas como las del Sur.
Sin embargo, es preciso insistir en que, todo planteamiento de una alternativa de desarrollo tendrá sentido sí y sólo si asume el reto que emule y supere la calidad de relaciones socio-humanas, de cultura material y sostenibilidad ecológica que se dan en las formaciones políticas referentes. La afirmación es de indiscutible trascendencia. Puesto que, efectivamente, en juego sigue estando el desafío de hacer definitivamente viable una formación socioeconómica capaz de generar una convincente opción cultural de desarrollo socio-humano.
Desde esta perspectiva en el centro de atención seguirá estando, querámoslo o no, el problema de la propiedad sobre el capital productivo (de bienes materiales e inmateriales). Es preciso, entonces, ir más allá del concepto de propiedad para despojarlo de su histórico contenido fetichista. Contenido inadecuadamente reducido en cierta tradición del pensamiento marxista al fetichismo de la mercancía, como piedra explicativa angular del modo de producción capitalista.
La mercancía es objeto de fetiche porque así lo determina la apuesta por el lucro. Pero la apuesta por el lucro es consecuencia inalienable de la propiedad privada del capital productivo. Y es la propiedad privada la que configura las relaciones socioeconómicas que rigen no sólo el modo de producción capitalista, sino la naturaleza de la formación socio-política que genera. Si la mercancía es objeto de fetiche, el sujeto determinante del fetiche de la mercancía es el propietario del capital (productivo y/o financiero), es decir, aquel que detenta el derecho sobre el producto del trabajo y el resultado de su enajenación. Puesto que es este “derecho” de apropiación del producto del trabajo el que le propicia la capitalización exclusiva del valor de cambio del producto. De la misma forma que la apropiación de los medios de producción le propicia la capitalización excluyente del “plus valor” que produce la fuerza de trabajo.
Los modos de producción desde el esclavismo pasando por el feudalismo hasta el capitalismo actual han acendrado el fetiche de la propiedad porque en ello se resume la filosofía de sus relaciones socio humanas.
El fetichismo de la propiedad es primario y condiciona todo el conjunto de las relaciones socioeconómicas. El que posee en propiedad tanto los medios como la fuerza de trabajo (dado su estatus de mano de obra asalariada) es el que garantiza la plenitud de su reproducción socio material. La mayoría restante quedará siempre en una relación de dependencia que mediatizará de manera permanente las expectativas de progreso y en gran medida reducirá la existencia material y espiritual de muchos a mera reproducción simple o a la subsistencia. La posesión de la propiedad se da como la única forma de independizarse de la explotación que su no-posesión representa. El único modo de amasar la posibilidad de alguna acumulación de capital que será, por la lógica de la misma relación socioeconómica que ésta establece, siempre extorciva y excluyente.
Un sistema de producción cualitativamente superior estará ante el imperativo de considerar no la propiedad sino el usufructo común de los medios de producción. Puesto que los medios de producción, lejos de todo derecho a su posesión privada, son a su vez resultado de la misma producción social, no de individuos aislados o propietario alguno. Por lo tanto, el concepto de usufructo es congruente con el carácter socializado de los propios medios.
La propiedad estatal – también como se da en Cuba - deviene una forma de usufructo de los medios que, sin embargo, deriva en un nuevo tipo de alienación de las relaciones socioeconómicas de la sociedad. Puesto que los trabajadores no cambian su estatus de fuerza de trabajo asalariada, es decir, permanecen desprovistos del derecho a disponer del producto de su trabajo y a la gestión del resultado de su enajenación.El reto para una formación socioeconómica de nuevo tipo, está en despojar la propiedad de su contenido fetichista, es decir, en desmitificar la necesidad de su propiedad tanto a nivel de colectivo de trabajo individualizado como comunitario, y al mismo tiempo lograr una identificación tal del trabajador con la misma que conduzca a la óptima eficiencia de su aprovechamiento.
El concepto de centro de trabajo, unidad de producción, exige un cambio de interpretación en un sistema de relaciones de producción libres de la coerción económica que representa la propiedad sobre el capital productivo. Los trabajadores se asocian libremente en células productivas cuyo movimiento interno, empresarial, responde a la necesidad del movimiento social general.Proyección que no por casualidad viene a negar el carácter “familiar” de la empresa capitalista, como en la tradicional organización japonesa, asumida como expresión supuestamente avanzada de organización socio-productiva. Donde la garantía de estabilidad socio laboral bajo postulados de competencia mercantil darwinista obliga a una cohesión social dentro de los centros de trabajo como una nueva forma de esclavitud empresarial.
El trabajador en el socialismo ha de ser, como concepto, el paradigma del trabajador-creador libre, que realiza su derecho a la autonomía de asociación laboral en condiciones de un régimen de disposición (que no posesión) común de los medios de producción. Estos medios no son objeto de su fetiche. No le sirven para la explotación de sus congéneres, no son, por lo tanto, medios de acumulación privativa ni de concentración excluyente de capital. Constituyen simplemente instrumentos de trabajo. Son instrumentos que facilitan la reproducción social y cultural y la riqueza material propia y de toda la población. Una riqueza que no se da como resultado de la expropiación del resultado del trabajo ni la exclusión de otros. Es decir, una riqueza cuya producción no depende directamente de la propiedad sino del trabajo. Una riqueza que se forja sobre la acumulación social y la democratización del capital. De manera que esta circunstancia política estará exponiendo siempre el cuestionamiento ¿por qué habrían de tener entonces propiedad exclusiva, de individuos o colectivos, los instrumentos de trabajo?
La conciencia social se expresa como responsabilidad ciudadana. La democracia económica, entendida como el derecho a la participación directa en la administración de los procesos productivos y en la gestión de los ingresos no se circunscribe a la pertenencia a un colectivo específico de trabajadores, por cuanto ello restringe el derecho del ciudadano a la libre asociación laboral. El concepto de democracia económica apunta precisamente al derecho del trabajador de participar directamente en la gestión de la producción y de las utilidades indistintamente de cuál sea el lugar físico de trabajo. Es un derecho no circunscrito a un centro de trabajo específico, es un derecho del sujeto.
En tales condiciones el papel social del núcleo obrero o de trabajadores asume la dinámica de una cultura laboral dictada por la libertad de movimiento y de asociación del sujeto. Lo cual no tendría por qué atentar contra el sentido de responsabilidad social del trabajador-ciudadano. La creatividad y el consenso social pueden perfectamente definir el estatuto empresarial que daría derechos y exigiría deberes a los asociados. Ello resultaría insoslayable en aras de la estabilidad laboral y la eficiencia de los procesos productivos y, en consecuencia, de los propios intereses del trabajador. Un trabajador estaría en igualdad y pleno derecho a la participación en la gestión directa del beneficio si su aporte de trabajo a la empresa fuera cualitativamente aceptable y no menor de un tiempo determinado como imprescindible por criterios consensuados. Lo cual se sitúa justo como la antípoda del inmanente de precariedad laboral en las relaciones socioeconómicas bajo la mutación (neo)liberal capitalista en boga.La cohesión del núcleo laboral estaría dada por las necesidades y los correspondientes intereses de sus trabajadores, por la necesidad económica y sico-social de pertenencia laboral. Las organizaciones de trabajo convertidas en unidades de producción,estarían ante la perspectiva de recuperar el carácter de colectivos sociales interesados en la prosperidad integral de sus miembros.
La asociación de trabajadores libres no ha perdido actualidad como postulado marxista de un nuevo modo de organización del sistema micro económico y de las relaciones socioeconómicas afines.Puesto que el concepto de libertad se enraíza en la redención económica, es decir, en la negación de toda coerción económica que emana del ejercicio de la propiedad sobre el capital (productivo y financiero). No resulta ocioso puntualizar, por obvio que parezca, que los instrumentos de trabajo y los recursos económicos, constituyen, más allá de toda interpretación capitalista del origen de la riqueza material e inmaterial, un bien común. Desde dicha perspectiva el principio de libre asociación y democracia económica hace que la movilidad de la fuerza laboral le imprima el carácter social abierto al sistema de producción. Una característica que lo hace indiferente al hecho de la propiedad en sí. Los trabajadores aportan la plenitud de su capacidad allí donde estén asociados y en esa medida son reconocidos democráticamente en sus derechos por el colectivo (grupo, asociación).
En el marco de libre asociación laboral y democracia económica tienen cabida disímiles formas de organización que, despojadas así del fetichismo de la propiedad, poseen un amplio campo para la creatividad asociativa. El cooperativismo constituye una de las expresiones concretas de la propiedad común apto para evolucionar hacia una avanzada organización de la no-propiedad. Como concepto de asociación democrática en torno a la disposición común de los instrumentos y el producto del trabajo apunta a la idea de la satisfacción de necesidades de los asociados, más allá del móvil del lucro. En un otro extremo del diapasón de formas, el trabajador que se auto emplea de manera individual e independiente (consultantes autónomos, etc.) estaría dado a la remuneración resultante de los acuerdos pactados entre los distintos actores naturales o jurídicos. Tarificaciones públicas consensuadas por la sociedad e instituidas por las distintas instancias administrativas del estado vendrían a regular allí donde fuere necesario los equilibrios. En el camino intermedio, la propiedad familiar como la reminiscencia de un fetiche “natural” de la propiedad, no tendría que estar exenta del principio de democracia económica. La familia, en tanto célula de producción de bienes o servicio, no deja de ser un deseable ente de relaciones democráticas. En otro espectro de la no-propiedad, la organización interna de las empresas e instituciones públicas no quedaría en contradicción con el principio de democracia económica. A sus colectivos de trabajadores les tocaría definir los acuerdos sectoriales u empresariales que ajustarían los principios de la autogestión. Su condición de entes de producción o servicios públicos acotaría el grado de autonomía para el establecimiento de los acuerdos remunerativos.
La participación social, no obstante, no se reduce al ámbito empresarial sino que se enriquece en la vida comunitaria. La interrelación entre vida comunitaria y laboral permanece y se hace fluida. Puesto que los procesos decisorios autónomos de impacto socio-económico se complementan en ambos niveles. Si asumimos como válido el presupuesto de una real efectividad de la democracia participativa directa, el trabajador-ciudadano se auto restaría derechos si obviara la participación comunitaria en las decisiones del desarrollo local y nacional.
Ni el fetiche de la propiedad ni el concepto de excedente a ella asociado tienen lugar de ser en un sistema donde el concepto de democracia económica expuesto y la libertad de asociación laboral se erigen en principios de las relaciones socioeconómicas.
La plusvalía es un fenómeno del sistema de relaciones de producción capitalista. Un sistema alternativo como el refrendado no produciría plusvalía, es decir, no produciría excedente. El reconocimiento de un excedente, recuérdese, sin ser siquiera conceptuado de tal manera, viene precisamente a justificar su apropiación privada. Es lo que excede, lo que ya no le pertenece al trabajador, o sea lo “legítimamente” expropiable. Es justamente el hecho de un supuesto excedente el que también permite a la propiedad estatal en el fondo hacer implícita la apropiación de parte del resultado del trabajo asalariado. Esa parte es determinada arbitrariamente por el estado (en el caso de Cuba por un absorbente sistema de impuestos en cascada)[2], como en el capitalismo lo es por el dueño de los medios de producción (y no por el mercado como erróneamente se tiende a confundir). La propia idea marxista de las “necesidades siempre crecientes” se contrapone al concepto de excedente en un sistema de relaciones de producción democrático. Si estas necesidades pueden ser siempre crecientes el supuesto excedente tendería a cero. Pero las necesidades crecientes son no sólo individuales sino colectivas. De lo que se trata, por lo tanto, es de la administración del proceso de producción y capitalización común del producto en busca de un óptimo aprovechamiento social del trabajo.
La sociedad consensúa qué parte del resultado de su trabajo ha de ser cedido al estado para su uso como bien público. No es lo que sobra o excede lo que se cede. Baste advertir que siempre podría existir el justificativo empresarial (es decir, particularizado) que no ha habido excedente, que todo el valor producido, todo el ingreso logrado por la unidad de producción es necesario para la reproducción de la capacidad productiva de la misma u otros fines particulares. Por lo tanto, lo que se cede es lo que se entiende como recursos necesarios, imprescindibles para el funcionamiento de la sociedad y el estado en su conjunto. Es la responsabilidad y la obligación social de los colectivos y los trabajadores con el desarrollo nacional, un desarrollo socioeconómico que redunda en beneficio de toda la sociedad sin distinción alguna. Todo lo contrario a lo que sucede en el estado capitalista.
Es importante observar cómo el concepto de democracia económica abre paso a la libertad de asociación laboral y se cimienta en principio básico de la soberanía ciudadana. No se trata, sin embargo, de una soberanía exenta de responsabilidad social. Lo que cambia es el modo de ejercerse el derecho y exigirse el deber. Ha cambiado el carácter político de las relaciones socioeconómicas. Ya no se estructuran bajo la coerción del estado como único empleador ni del propietario privado de los medios. Se desarrollan autónomamente con arreglo a la complementación de los intereses individuales y colectivos. El estado pasa a ser regulador de los procesos económicos y garante de las condiciones de desarrollo. Mientras que la propiedad ha superado no sólo la mediatización de su función social bajo el sistema de propiedad estatal, sino que ha transgredido la naturaleza de su función histórica como forma inapelable de enriquecimiento propio. La prosperidad material y espiritual de los individuos y los colectivos es perfectamente posible fuera del fetiche atávico de la propiedad y la lucha por la generación del objeto de lucro, es decir, el así entendido excedente.
La negación del fetiche de la propiedad bajo el principio de la democracia económica constituye una plataforma propicia para el tránsito natural del sistema de propiedad estatal en Cuba hacia un extendido sistema de autogestión empresarial. El dilema de la propiedad desaparece para abrir paso al problema de la organización de los sistemas de trabajo.
El modo de producción deja de estar condicionado por la propiedad, sea ésta privada, estatal, cooperativa o cuantas formas ha inducido hasta nuestros días su fetiche como factor inapelable de la riqueza y el bienestar. Con ello se estaría asentando el basamento para un cambio de la cultura de la reproducción social. ¿Tal reordenamiento de las relaciones de producción pone en una real trayectoria socialista el proyecto social de la Revolución? Las respuestas al problema enmarcan hoy más que nunca un factor clave de la viabilidad del Proyecto Socialista de Cuba. Urge a la sociedad cubana el debate democrático abierto sobre este respecto.
España, Octubre del 2006
[1] El problema de “El lucro o las personas”, excelente ensayo de Noam Chomsky, no se enfoca, sin embargo, desde la perspectiva del sentido de la economía en sí y para sí, ni del fundamento de las relaciones socioeconómicas de la sociedad.
[2] El estado cubano se apropia,a través del sistema de impuestos estatales a las empresas estatales,primero de un 35% de la utilidad(renta) empresarial, luego de un 70% del rendimiento de toda inversión como un tributo permanente por el hecho de ser dueño de la propiedad, luego del 25% del fondo salarial que crea la empresa después de las erogaciones impositivas anteriores, es decir, un impuesto derivado de la consideración de que esa fuerza de trabajo utilizada por la empresa es también propiedad del estado. Para ver un análisis más detallado a este respecto consultar: Luís Marcelo, Adriana García y Oscar U-Echevarria en “Reflexiones sobre la empresa estatal en Cuba”, Cuba s. XXI,No. LXX octubre 2006, http://www.nodo50.org/cubasigloXXI/
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