El portavoz del ejército, Byron Gutiérrez, anunció que el regreso de los militares tiene el propósito de combatir la gran delincuencia en esa área del noroccidental departamento de Quiché y de proteger la Franja Transversal del Norte (FTN), un gran proyecto de infraestructura vial en cuyas márgenes se asientan extensas plantaciones de caña de azúcar y palma africana, así como riquezas minerales e hídricas.
La FTN, una autopista de múltiples vías cuya construcción comenzará a fines de este mes, tendrá una extensión de 329,5 kilómetros. Atravesará Quiché y el vecino departamento de Huehuetenango hasta México, por el oeste, y llegará a Honduras y al océano Atlántico por el este, pasando por Alta Verapaz e Izabal.
Según el anuncio del ejército, la Sexta Brigada de Infantería, con más de 1.000 efectivos, llegará el 29 de este mes a la antigua Zona Militar Número 22, ubicada en Ixcán, donde funciona actualmente un centro de salud y una sede de la estatal Universidad de San Carlos de Guatemala.
La decisión despierta rechazo de organizaciones indígenas, civiles y de derechos humanos, que temen una política de militarización que podría extenderse por todo el territorio.
Ixcán ocupa la porción más septentrional de Quiché. Limita al norte con el estado mexicano de Chiapas, al oeste con Huehuetenango y al este con Alta Verapaz.
"Primero que todo, el regreso de la zona militar no fue consultado con los habitantes. Ixcán fue arrasada, y muchas familias fueron afectadas por el terror que sembró el ejército en esta zona", dijo a IPS el dirigente social Alfredo Cacao.
"Verlos (a los soldados) de nuevo en las calles recuerda todo lo que pasó", agregó.
La población de Ixcán fue una de las más afectadas por el conflicto armado interno. Entre 1979 y 1988 se cometieron allí 102 masacres, se documentaron más de 2.500 víctimas fatales y el desplazamiento forzado de 96 por ciento de la población del municipio, según la independiente Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH).
La CEH fue creada en junio de 1994 por uno de los acuerdos de paz firmados entre el gobierno y la insurgente Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), con el fin de "esclarecer con toda objetividad, equidad e imparcialidad las violaciones a los derechos humanos y los hechos de violencia que han causado sufrimientos a la población guatemalteca, vinculados con el enfrentamiento armado".
La guerra interna de Guatemala, la segunda más longeva de América Latina después de la de Colombia, se extendió entre 1960 y1996 y dejó más de 200.000 muertos y desaparecidos, más de 80 por ciento mayas, según la CEH.
Cacao no está convencido de que el ejército regrese a Ixcán para combatir la delincuencia. "Si esa fuera la razón, fortalecerían la presencia de la Policía Nacional Civil", aseguró.
La presencia policial en el lugar está muy lejos de lograr su cometido. En Ixcán, de 80.000 habitantes, hay apenas 11 agentes destacados, y cuatro de ellos cubren la guardia, según Cacao. "¿Qué pueden hacer cuatro policías en un municipio de 1.500 kilómetros cuadrados?", se preguntó.
En su opinión, la verdadera razón del regreso militar estriba en la protección de las inversiones en el entorno de la FTN. "El fin de remilitarizar el área es defender los intereses de las grandes empresas, porque este es un territorio de minas de oro, palma africana e hidroeléctricas", dijo.
La dirigente indígena local Reina Caba dijo a IPS que "el desarrollo económico va de la mano con el militarismo, el desalojo de las comunidades y la criminalización de la lucha campesina sobre el derecho a la tierra".
Por eso hay miedo en la población en esa zona de comunidades mayas. "Al hablar del retorno de los militares, la gente lo asocia con el terror y las masacres; cuando hablamos de la situación, la gente todavía se pone a llorar pues ni siquiera ha sido resarcida", expresó.
En el libro "Masacres de la selva", publicado en 1992, el sacerdote jesuita y antropólogo Ricardo Falla narró con detalle los desmanes cometidos por el ejército entre 1975 y 1982 en comunidades como Xalbal, Mayalan, Pueblo Nuevo y otras del Ixcán.
El gobierno debe fortalecer la presencia policial y combatir la pobreza en el municipio si pretende frenar la delincuencia, dijo Caba.
"La comunidad necesita vivienda, salud y educación porque la situación de pobreza es grave", sostuvo la líder. Más de 88 por ciento de la población de Ixcán vive en la pobreza y 36,5 por ciento es indigente, lo que convierte a este municipio en uno de los 125 más pobres del país, según la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
Los gente de Ixcán intentará evitar que el regreso de los militares por medio del diálogo y movilizaciones pacíficas para convencer a las autoridades, según líderes locales.
La activista Aura Elena Farfán, de la agrupación Familiares de Detenidos y Desaparecidos de Guatemala, dijo a IPS que han atestiguado masacres cometidas por el ejército en Ixcán.
"Hemos trabajado en ex destacamentos militares a donde las víctimas fueron llevadas y posteriormente fueron encontradas en cementerios clandestinos", señaló.
Mientras, el Ministerio de la Defensa asegura haber recibido 150 pedidos de instalar nuevos destacamentos militares para frenar la delincuencia. Y el presidente socialdemócrata Álvaro Colom tiene intención de elevar de 15.000 a 25.000 los efectivos de las Fuerzas Armadas.
Guatemala tiene un promedio de 16 muertos por día en actos delictivos y es uno de los países más violentos de América Latina.
Pero la militarización de la sociedad guatemalteca "va en contra de los acuerdos de paz de 1996", advirtió Farfán.
Saturnino Figueroa, presidente de la Asociación de Alcaldes y Autoridades Indígenas, apuntó que el país adquirió compromisos de Estado al firmar los acuerdos de paz y debe cumplirlos.
Figueroa se refirió específicamente al Acuerdo sobre el Fortalecimiento del Poder Civil y Funcionamiento del Ejército en una Sociedad Democrática, que reforzó el papel de la policía y redefinió las funciones del ejército, limitándolas a resguardar la soberanía nacional.
"No creemos que con reinstalar bases militares se mejoren las condiciones de seguridad. Al contrario, regresa al lugar el miedo y el terror", dijo Figueroa a IPS. Se necesita una policía fortalecida y reconocer el sistema jurídico indígena, sostuvo.
Para Arturo Chub, subdirector de la no gubernamental Asociación para el Estudio y Promoción de la Seguridad en Democracia, el despliegue castrense "en vez de fortalecer a las fuerzas de seguridad, las debilita".
Se requiere jerarquizar la carrera policial, las dependencias encargadas de la investigación penal y la responsabilidad profesional, así como ampliar el número de agentes, sugirió.
Mientras, líderes indígenas de Ixcán buscan negociar con el gobierno para evitar a toda costa el regreso de los militares.
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