Parece claro que, cuando por la crisis capitalista cae la producción y aumenta el desempleo, una medida elemental para combatirlo es “trabajar menos para trabajar todos”. Pero esta elemental reivindicación, que se corresponde además con traducir en beneficio social el aumento de productividad como consecuencia de la mejora tecnológica, sólo puede beneficiar realmente a la clase trabajadora, la inmensa y laboriosa mayoría de la sociedad, si se aplica por ley y sin reducción salarial, es decir, si es universal y sin que vaya a cargo del trabajador.
Pero es evidente que esa no es la política de nuestros gobernantes, instrumento de los intereses del capital. Así, como ocurre con otras medidas de apoyo público al gran capital como las astronómicas cifras de subvención a la banca y las multinacionales del automóvil, a Zapatero y los suyos (entre los cuales cabe contar a CCOO y UGT), preocupados por la bomba de relojería que supone el incremento brutal del desempleo, no se les ocurre otra cosa que intentar frenarlo mediante medidas que corren a cargo del trabajador y favorecen al capital: reducir la jornada con reducción de salario y corriendo el estado con los gastos correspondientes (seguro de desempleo, impago de cuotas a la seguridad social…). Con esa política el estado actúa traspasando masivamente rentas del trabajo (salario directo, salario indirecto…) al capital. Es su manera de contribuir a que el capital recupere la tasa de ganancia e inicie un nuevo ciclo de acumulación, mientras los trabajadores, además de perder salario, verán como en poco tiempo se les reduce el salario indirecto (sanidad, enseñanza…) y diferido (pensiones) bajo el argumento de que no hay dinero para financiarlo (algo que la patronal y sus voceros ya están pregonando).
Efectivamente, existen medidas para combatir el desempleo, haciendo recaer sobre sus causantes, los capitalistas, el peso de la medida: establecer por ley una reducción generalizada y universal de la jornada laboral (empezando por las 35 horas semanales sin reducción salarial), promover un plan de obras públicas en beneficio de la mayoría social (construcción de escuelas, hospitales…), decretar el derecho universal al subsidio de desempleo en tanto no se disponga de trabajo, denegar los EREs, nacionalizar la banca para poner los recursos financieros al servicio de los intereses generales… medidas todas ellas que encontrarán, sin duda, resistencias en el capital y que requerirán, llegado el caso, la intervención de las empresas bajo control de los trabajadores. Medidas, también sin duda, que un gobierno del capital no está dispuesto a tomar y que sólo podrán aplicarse como resultado de un proceso de movilización social amplio y sostenido. ¡Que la crisis la paguen sus causantes y no sus víctimas!
Kaos. Laboral y economía
El Gobierno quiere reducir la jornada laboral para evitar despidos colectivosLa fuerte destrucción de empleo y el incremento que sufrió el número de Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) a partir de octubre de 2008, ha puesto en alarma al Gobierno varios meses después de que se iniciara esta crisis. Con este alarmismo y con la intención de frenar la aprobación masiva de ajustes de plantilla, el Ejecutivo tiene previsto aprobar una nueva normativa para priorizar aquellos ERE que sean de suspensión temporal y los que lleven ligada una reducción de jornada.
Esta medida, que rechazaban radicalmente los sindicatos españoles hace tan sólo algunos meses, ha salido del seno de Diálogo Social, tras meses de negociación, pero sin que los agentes sociales hubieran firmado un acuerdo al respecto.
El objetivo es claro, conservar el empleo. Según la medida, la cuestión es reorganizar el tiempo de trabajo, es decir, menos trabajo, pero para más personas. Pero esta opción no supone más coste para los empresarios porque al reducir la jornada laboral se reducirá proporcionalmente el salario a percibir, así como las cuotas a pagar a la Seguridad Social.
Aunque, aquí hay que considerar que esta clase de medidas resta productividad para el trabajador. La otra opción, sería la de priorizar los ERE de suspensión temporal.
La empresa descansará económicamente durante algunos meses, ya que los trabajadores afectados durante la suspensión percibirán la prestación por desempleo, pero con la seguridad de que mantienen un puesto de trabajo y que lo recuperarán en los meses determinados en el Expediente autorizado.
Aplazamiento en las cuotas
Otra medida que también ha salido ya de la mesa de Diálogo Social y que será aprobada por el Ejecutivo la que determina los aplazamientos de la Seguridad Social. Esta medida, que ya fue anunciada por el Economista, tan sólo se implantará en determinados sectores. En un principio, se aprobará una norma que considere una opción global de moratoria, sobre la que más tarde se desarrollará determinados retrasos en las cuotas a la Seguridad Social en ciertos sectores.
Por ahora, se conoce que el sector del automóvil sí que entrará en la opción para dichos aplazamientos. Aunque, la medida se implantará con más facilidad pero a las empresas que presenten dificultades económicas.
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