Bilbao.(EFE).- La Asociación de Escoltas en Activo del País Vasco ha denunciado hoy la retirada de protección a más de cincuenta cargos políticos, empresarios y periodistas vascos por parte del Ministerio del Interior y la consejería vasca de Interior.
Según afirma dicha asociación en un comunicado, esta medida resulta "como mínimo, precipitada" ya que, según destacan, "la seguridad de estas personas sigue estando en entredicho y el terrorismo de persecución sigue tan activo como siempre".
"Dejarles sin protección dibuja un escenario propicio que los violentos pueden aprovechar", según aseguran. En la nota se expresa también la "máxima preocupación" de la citada asociación por estos cambios, de los que aseguran que no han sido informados por las instituciones.
Por otra parte, la Asociación de Escoltas en Activo del País Vasco ha expresado su preocupación por las razones que pueden estar motivando estos movimientos de seguridad, tras las que "se podría encontrar un anuncio de tregua por parte de la banda terrorista ETA".
Este colectivo ha recordado que "se han vivido experiencias parecidas con anterioridad que sólo han servido para dar oxígeno a la banda, lo que ha posibilitado su reestructuración y mejora de operatividad".
Los gobiernos central y vasco reducirán los servicios de escolta
Reajustarán los planes de protección, con recortes en algunos casos y aumentos en las medidas de contravigilancia
ÓSCAR B. DE OTÁLORA en El diaro vasco.
La consejería y el Ministerio del Interior han comenzado a aplicar un plan para reajustar de forma paulatina los servicios de escolta que se prestan a los amenazados en Euskadi. Esta iniciativa pretende racionalizar los trabajos de seguridad que se han desarrollado hasta la fecha, en los que hay un elevado porcentaje de casos de personas ya desvinculadas de la política a las que se sigue prestando la misma protección que cuando se encontraban en primera línea. De la misma forma, en los casos de amenazados que han dejado de residir en Euskadi también se producirá una reducción de servicios.
Según las diversas fuentes consultadas por este periódico, la decisión se ha tomado tras una evaluación de riesgos y estudiando caso por caso. Aunque la medida afecta a decenas de personas, en muchos casos se tratará de reducir de dos a uno el número de guardaespaldas y la cifra de personas que dejarán de llevar protección «es mínima». En todo caso, además, se aumentarán los servicios de contravigilancia en el entorno de los amenazados. La iniciativa se ha comenzado ya a comunicar a los afectados y se hará efectiva en breve.
Según los últimos datos públicos sobre la cifra real de amenazados de ETA, conocidos el año pasado, en la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra hay 1.492 personas que necesitan servicios de seguridad. El 89% (1.329 personas) están protegidas por agentes privados y el resto por miembros de las fuerzas de seguridad. En el caso del País Vasco, el coste se paga a medias entre el ministerio y la consejería de Interior.
El gasto, no obstante, se ha disparado en los últimos años. En el caso de Euskadi, una de las claves de este aumento del coste es la llegada de los socialistas al Gobierno y la amenaza explícita que la organización terrorista lanzó contra el Ejecutivo de Patxi López. Esta situación supuso en la práctica que al colectivo de amenazados ya existente se uniesen todas las personas que pasaban a ocupar un cargo en Lakua.
Esta situación ha supuesto que el gasto económico de la protección se dispare. En este sentido, en el año 2009 el presupuesto del Ejecutivo autónomo para pagar a los servicios de escolta privada era de 65 millones de euros. Sin embargo, a finales de año había subido ya a 97,7 millones. Para 2010, la previsión es de 144 millones de euros. En esta cifra se incluye el pago a todas las empresas privadas de escoltas e incluye también la seguridad de las mujeres víctimas de la violencia machista.
La casuística de las medidas de seguridad aplicable a cada colectivo dibuja un mapa complejo respecto a los distintos servicios de seguridad que se prestan en Euskadi. Aunque en un primer momento toda la seguridad fue prestada por agentes de las fuerzas de seguridad -policías, guardias civiles y ertzainas-, de forma paulatina se fue sustituyendo a los funcionarios por agentes privados. En el caso de la Ertzaintza, no obstante, todavía existe un alto número de policías vascos dedicados a la vigilancia de amenazados. En total son 225 'berrocis' -escoltas de elite que trabajan casi en exclusiva para altos cargos- y otros dos centenares de ertzainas -denominados de forma coloquial como 'acompañantes'- que protegen a todo tipo de cargos.
Tanto la consejería de Interior como el ministerio tienen previsto ir retirando en las próximas semanas a los agentes que asumen estos trabajos y sustituirlos por escoltas privados.
El departamento de Rodolfo Ares se enfrenta a situaciones delicadas a la hora de tomar este tipo de medidas. Uno de los casos más complejos es el de los jueces vascos, que el pasado mes de mayo ya reclamaron al Ejecutivo autónomo que se destinasen más recursos a la protección de magistrados y edificios judiciales.
Coches blindados
Las distintas fuentes consultadas han señalado que a la hora de adoptar la medida no influye la crisis económica, puesto que se trata de partidas de gasto ya aprobadas y consideradas prioritarias. No obstante, sí que se tiene en cuenta la necesidad de racionalizar los costes y evitar situaciones paradójicas. Aunque tanto la consejería como el ministerio son herméticas a la hora de hablar de seguridad y tienen como consigna no realizar declaraciones sobre esta materia, sí que hay casos que ejemplifican este tipo de casos extraños. Uno de ellos es el de antiguos cargos que mantienen el uso de coches blindados pese a que su relación con la vida política ha finalizado, mientras que nuevos dirigentes no pueden utilizar este tipo de vehículos de forma habitual porque el parque es limitado.
Otro factor es la evaluación de la actividad de ETA. Según las fuentes consultadas, su actual debilidad permite estimar que el riesgo en muchos casos ha descendido. No obstante, en el caso de que se detecte un aumento de la actividad de la organización las medidas de protección se reactivarían.
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