Izquierda Republicana
La Iglesia católica ha anunciado, y ya empezado a, volver a manifestarse e inmiscuirse de forma públicamente beligerante, en asuntos civiles dependientes de los poderes legislativo y ejecutivo nacionales democráticamente constituidos.
El Gobierno de España, a través de sus representantes y de miembros del partido que lo sustenta (PSOE), ha criticado públicamente a la organización eclesiástica, a través de los medios de comunicación, tildando su postura de antidemocrática, antisocial, hipócrita y de acción de incitación al retroceso social.
Izquierda Republicana de Andalucía, partidaria de un laicismo radical, social e institucional, considera al Gobierno y al PSOE, cómplices de las actividades que la Iglesia católica pueda desarrollar frente a nuestra sociedad democrática, en clara disputa del poder civil legislativo y ejecutivo, y en su dinámica de penetración en las conciencias individuales, mientras:
- No se deroguen los acuerdos con la Santa Sede del año 1979, y por tanto:
- Se siga permitiendo el adoctrinamiento religioso, esencialmente católico en nuestro país, en centros educativos sostenidos con fondos públicos, mediante profesores (catequistas) designados por los obispados y empleados por las administraciones públicas (evidente fórmula de sostenimiento de la institución eclesiástica, a través de sus misioneros adoctrinadores).
- Se mantenga la figura del vicariato castrense, con toda la injerencia que ello supone de la ideología de una organización privada en nuestras fuerzas armadas, así como significando una fórmula más del sostenimiento económico de las actividades de la Iglesia católica.
- Se mantenga la colaboración en la financiación de dicha iglesia, detrayendo fraudulentamente (por muy legal que aparente ser), el 0,7% de la cuota íntegra del IRPF, cada vez que a un declarante así se le antoje otorgar. La asignación tributaria a la Iglesia Católica, detrae el 0,7 % de la cuota íntegra, que el Estado ingresa a la Conferencia Episcopal, por lo que se priva al conjunto de los ciudadanos de ese dinero, que se debía aplicar a educación, sanidad u otros fines sociales... No es una aportación del declarante, sino del Estado, que priva a los demás ciudadanos del montante de esas aportaciones, que quedan en manos de una institución privada, supeditada además al gobierno del Estado Vaticano en sus decisiones (extranjera en este sentido) y, como grupo privado, a sus intereses particulares.
En tanto en cuanto no se proceda, de manera efectiva, como poder ejecutivo laicista según lo expuesto, consideraremos a éste y a cualquier otro Gobierno como cómplices de la Iglesia católica, así como defraudadores de la Hacienda Pública y malversadores de los fondos financieros públicos, en favor de una confesión religiosa y en detrimento del común de la ciudadanía española.
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