(TELESUR) Este martes la unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía colombiana dio a conocer un informe en el que se revela que el grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) cometieron cerca de 30 mil 500 asesinatos y desaparecieron a otras 2 mil 520 personas en 20 años.
Según el informe unos cuatro mil 112 ex combatientes de las AUC aseguran haber perpetrado 30 mil 470 asesinatos entre mediados de los ochenta y su desmovilización a partir de 2003.
Estos datos reveladores de la cruda violencia que ha azotado a los colombianos se da en el marco del Plan Justicia y Paz en el que el gobierno de ese país ofrece beneficios judiciales a los paramilitares de las AUC que se desmovilizaron en un proceso impulsado por el gobierno del presidente Alvaro Uribe, entre 2003 y 2006 a cambio de su desarme y confesión de los crímenes.
Esta ley fija una pena máxima de ocho años de prisión para los paramilitares que se sometieron a la justicia, confiesen sus crímenes y reparen a las víctimas.
Fuentes del organismo aseguran que en este proceso de verificación de la información ya se han validado denuncias sobre 11 mil 797 homicidios.
De acuerdo al informe, la Fiscalía recibió declaraciones de los ex combatientes que dan cuenta de mil 085 masacres, mil 437 reclutamientos de menores; dos mil 520 desapariciones forzadas, dos mil 326 desplazamientos forzados y mil 642 extorsiones, además de mil 033 secuestros.
Hasta diciembre de 2009 la Fiscalía verificó la ocurrencia de 485 masacres, mil 093 reclutamientos de menores, mil 412 desapariciones forzadas, 747 desplazamientos masivos, 623 extorsiones y 392 secuestros, dijo la fuente.
El informe concluye sus cifras refiriendo que unos 32 mil paramilitares dejaron las armas en ese proceso, aunque organismos de Derechos Humanos
han denunciado que una cifra indeterminada de mandos medios que se marginaron de ese plan aún actúan en bandas criminales al servicio del narcotráfico.
De acuerdo a otro informe elaborado por la Universidad de Berkeley (California) de EE.UU. titulado La verdad tras las rejas (Truth behind bars), el proceso de Justicia y Paz se empezó a agrietar por la ausencia de un acuerdo por escrito que determinara la cooperación judicial entre Colombia y EE.UU., una vez los jefes paramilitares, protagonistas de la violencia de al menos las últimas dos décadas , fueron encarcelados en ese país por delitos relacionados exclusivamente con el narcotráfico.
Todo lo anterior, se suma a las dificultades logísticas para tener contacto con los reclusos y a la propia voluntad de éstos, pues sólo cinco de los 15 extraditados en mayo de 2008 han continuado con sus versiones libres.
Un serio obstáculo, anota el informe, es que los fiscales norteamericanos han puesto de lado los esfuerzos de las víctimas por intervenir en los procesos para obligar a los ex jefes 'paras' a revelar información, a pesar de que en ese país existe la ley de derechos de víctimas de crímenes (Crime Victims Rights Act).
El documento señala que la misma Corte Suprema colombiana ha visto entorpecido su trabajo. Esta institución ha hecho múltiples solicitudes para obtener declaraciones de ex comandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) como Carlos Mario Jiménez Naranjo (Macaco), Rodrigo Tovar Pupo (Jorge 40) y Diego Fernando Murillo Bejarano (Don Berna), que hasta el pasado 28 de octubre no habían sido contestadas. Se recordó que en ese mes, luego de un viaje a Washington, el ex presidente del alto tribunal, magistrado Augusto Ibáñez, calificó de preliminares los esfuerzos por lograr la anhelada cooperación judicial.
Los impedimentos logísticos también han empantanado la posibilidad, estipulada por la Ley de Justicia y Paz, de que las víctimas cuestionen directamente a sus victimarios o su derecho a la reparación.
El Laboratorio Internacional de Derechos Humanos de Berkeley, (IHRLC, por su sigla en inglés), encontró en EE.UU. a 30 hombres extraditados desde Colombia relacionados con el paramilitarismo, de los cuales en 18 casos la información de sus juicios no es pública. El Centro Jurídico recordó la importancia que estos hombres tienen en los delicados procesos de la parapolítica y otros graves crímenes, "cuyos testimonios no han sido enteramente explotados (...) La extradición ha limitado su disponibilidad como testigos potenciales".
El asunto, por supuesto, no se limita a la parapolítica. Los ex jefes 'paras' aún están involucrados en cientos de investigaciones penales por masacres, desplazamientos, robo de tierras, asesinatos y desapariciones forzadas, entre otros delitos. Según el informe, en la Fiscalía colombiana hay abiertos 276 expedientes contra funcionarios públicos que posiblemente conspiraron con los paramilitares, y aunque en un período de cinco meses las autoridades colombianas pidieron 39 audiencias con los ex jefes 'paras', sólo una decena fueron llevadas a cabo.
Luego de 21 meses de la salida de los ex jefes 'paras' de Colombia, ningún ex integrante de las AUC ha recibido una condena. "Las extradiciones pueden haber acabado los nexos de los procesados con el comercio de estupefacientes, pero hicieron poco para desmantelar las estructuras paramilitares responsables del narcotráfico y la violencia generalizada" afirma el documento del IHRLC .
Según el informe, "las investigaciones actuales contra procesados colombianos ofrecen a Estados Unidos una oportunidad única para romper con el ciclo de impunidad (...) Los ex comandantes paramilitares están en capacidad de proveer información crítica en los casos de violaciones a los Derechos Humanos", corrupción y crímenes contra sindicalistas.
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