El senador de Izquierda Unida Eduardo Cuenca ha registrado en el Senado una Moción para su debate en la Comisión Constitucional, por la cual solicita que se inste al Gobierno a “proceder de manera inmediata a la rehabilitación ciudadana y democrática de la figura de Julián Grimau, incluyendo la indemnización que corresponda, como hombre que padeció la represión del régimen franquista por defender la libertad y por profesar convicciones democráticas”.
Cuenca, impulsor de la iniciativa, expresa además su repudio a las declaraciones del presidente fundador del Partido Popular y actual senador, Manuel Fraga, en una entrevista en las que tachaba al histórico dirigente comunista como “un sanguinario asesino” y justificaba su ejecución por parte del régimen franquista, del que Fraga era ministro.
“Es inadmisible que pasados más de 25 años desde la restauración de la democracia en España el señor Fraga siga justificando crímenes como el de Grimau, que fue torturado y ejecutado por el régimen franquista. El PP tiene que expresar su rechazo a estas declaraciones de Fraga y la mejor forma de hacerlo es apoyar esta petición para que el Gobierno proceda a la rehabilitación ciudadana y democrática de Julián Grimau”, argumenta el senador de IU.
Cuenca recuerda que hace exactamente un año la Asamblea de Madrid aprobó por unanimidad una Proposición no de Ley para que el Gobierno de Esperanza Aguirre inste al de José Luis Rodríguez Zapatero a rehabilitar la figura de Julián Grimau.
“Frente a los agravios de Manuel Fraga, que parece seguir anclado en su pertenencia al régimen franquista, pedimos que el PP recupere su sentido democrático y permita cicatrizar heridas y recuperar la memoria histórica. Si un Gobierno tan anticomunista como el de Esperanza Aguirre fue capaz de reconocer la forma criminal en que fue asesinado Grimau, es de suponer que el PP no tendrá problemas en reconocer lo mismo en el Senado de la Nación”, concluye Cuenca.
A continuación se reproduce el rtexto completo de la Moción:
A LA MESA DEL SENADO
El Grupo Parlamentario Mixto, a iniciativa del senador de Izquierda Unida por la Comunidad Autónoma de Madrid, Eduardo Cuenca Cañizares, al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Moción para su debate en la Comisión Constitucional.
Han transcurridos poco más de 25 años de democracia en nuestro país. Desde entonces, han habido numerosas iniciativas dispersas que han tratado de resarcir del daño moral a todos aquellos que sufrieron prisión por defender la legitimidad de un gobierno emanado de la voluntad popular, de resarcir su lucha por el restablecimiento de las libertades públicas y de la defensa de la democracia tan cruelmente arrancadas al pueblo español. Algunas Comunidades Autónomas llevaron a cabo iniciativas legislativas con el fin de flexibilizar y extender el ámbito normativo a los supuestos que no entraban en la Ley para aquellos residentes que vivían en su ámbito territorial rebajando los requisitos de años de permanencia en prisión y de edad.
Quedan todavía sin resolver muchos casos, sin que además todas las Comunidades Autónomas se hayan hecho eco de esta deuda moral, política, social y económica de las personas que padecieron la represión del régimen franquista. Más aún, todavía hoy siguen en el olvido aquellas personas que no permaneciendo en prisión el tiempo establecido como requisito en las leyes estatales y autonómicas, tuvieron otro final más trágico, sin que su memoria tan siquiera haya sido rehabilitada y reconociendo que su tortura y su ejecución constituyeron la represión más cruel de ese estado dictatorial: ¿es represalia menor el fusilamiento que la cárcel prolongada?
Este es el caso de Julián Grimau: detenido, torturado, procesado y ejecutado por el régimen franquista. Julián Grimau fue brutalmente golpeado en la Dirección General de la Seguridad, arrojado desde una ventana al patio interior del edificio simulando un intento de suicidio o de huida, acosado por las denuncias falsas de crímenes que llueven de todas las partes. El 18 de abril del 63 comienza el juicio sin pruebas de ningún género, ni testimonios directos, en el que el fiscal, cumpliendo órdenes de sus superiores, le impone la pena máxima: la pena de muerte. Dos días después, el 20 de abril, Julián Grimau es conducido a Campamento en dónde un pelotón de fusilamiento ejecuta la pena de muerte impuesta por un consejo de guerra en el juicio sumarísimo seguido contra este dirigente del Partido Comunista de España, detenido por la policía franquista entre los días 7 y 8 de noviembre de 1962. Su único delito, como él mismo reconoció durante el procesamiento, ser comunista y luchar en defensa de la libertad y por el restablecimiento del estado legítimo y soberano arrebatado por la sublevación franquista.
El “caso Grimau” se convirtió en un acontecimiento político muy significativo, que marcó aquel periodo concreto de la dictadura, tanto por la relevancia del detenido como por las irregularidades cometidas con este luchador antifranquista, que fue torturado brutalmente y tuvo un juicio injusto, ejemplo de la violencia y represión institucionalizadas del régimen franquista.
Este hecho sigue constituyendo una descarnada interpelación al sistema democrático inaugurado con la Constitución de 1978, que nunca alcanzará su total desarrollo ni conseguirá hacer plenamente efectivos los valores superiores de la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político que proclama su artículo 1º, si no salda previamente la deuda contraída con la resistencia franquista.
Por todo ello, se presenta la siguiente
MOCION:
La Comisión Constitucional insta al Gobierno a proceder de manera inmediata a la rehabilitación ciudadana y democrática de la figura de Julián Grimau, incluyendo la indemnización que corresponda, como hombre que padeció la represión del régimen franquista por defender la libertad y por profesar convicciones democráticas.
Más información:
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