Podemos trivializar las carencias de todo tipo de servicios sanitarios y educativos, incluidos la propia alimentación, cuándo 5.000 millones de personas viven en la miseria más paupérrima? Una preocupación que ha de ocupar un espacio de reflexión importante en cualquier proceso de transformación social sería el que denominamos
fondo de consumo público socialmente necesario, compuesto por aquellos bienes y servicios públicos tales como la educación, la sanidad, el transporte, el medio ambiente, la cultura y el arte, la asistencia social, etc. Frecuentemente, los defensores del consumo responsable olvidan matizar o restar esta cesta de bienes y servicios sociales cuando condenan el consumo irresponsable dentro del capitalismo. Este silencio sobre el tema da la sensación de una ausencia de interés, lo cual nos lleva a plantear la siguiente pregunta: ¿creen que habría que reducir este fondo, o que es irresponsable el hacer uso de ellos, cuando aún son escasos o inaccesibles para la población de muchos países pobres, pero también para muchos colectivos dentro de los países ricos? Este objetivo de implantar el consumo responsable, en la medida que conlleve una restricción del uso de estos bienes y servicios, coincide con el objetivo de las patronales capitalistas de privatizar el gasto social del sector público del Estado. Las patronales, especialmente las de enseñanza, seguros y sanitarias, insisten en que el Estado ha de abandonar el gasto social o estado del bienestar en favor del mercado. Estas propuestas de desmantelamiento tendrían graves consecuencias para aquellos extractos de la población con rentas medianas o bajas, tales como las dificultades que encontrarían al privatizarse la educación, la salud, la asistencia social, las pensiones, la pérdida del acceso a bienes y servicios que los disfrutan por ser derechos ciudadanos, para quedar convertidos en mercancías, y tener solo acceso a las mismas aquellos grupos con capacidad de compra en los respectivos mercados. Lo grave de este cambio, si se diese, es que el Estado dejaría de ser garante de la reproducción de los ciudadanos en la sociedad (abandono de la función de legitimación), para convertirse en garante de la sobrevivencia de las empresas, y de la financiación de las infraestructuras que estas necesitan (refuerzo de la función de apoyo a la acumulación capitalista). Dentro de estas garantías al Capital, los empresarios y entidades afines reclaman al Estado que refuerce los instrumentos de represión (ejército, tribunales, leyes, policía, cárceles,) para reprimir las resistencias populares cuando se intensifique la lucha de clases, a la vez que utilizan las ONGs, así como otros medios y recursos legitimadotes, con el objeto de diluir la responsabilidad social del Estado ante los ciudadanos.
1 En el momento en que el Estado consigue desaparecer como garante de estos derechos sociales, la ciudadanía se queda sin sujeto institucional y constitucional ante el que reclamar.
Por tanto, en la reivindicación generalizada de un consumo responsable sería irresponsable no defender el aumento del gasto público para facilitar a la población el consumo público de servicios y mercancías socialmente necesarias. Por esta razón insistimos en que no se deben comenzar las reivindicaciones por la gente como consumidora, por ser la parte más débil del sistema, sino cargando toda la artillería en la dirección de la abolición del capitalismo como organización social en su totalidad.
2. Capitalismo: un sistema social irresponsable Vamos a recordar como comenzábamos las primeras reflexiones críticas sobre la propuesta del consumo responsable (CR).2 Decíamos que, en el capitalismo globalizado, especialmente en el ámbito de la economía real y del sector financiero, los economistas críticos sostenemos:
Qué el sector productivo es irresponsable porque despilfarra los recursos naturales y envenena la primera naturaleza,3 a la vez que explota a los trabajadores.Qué el sector distributivo es irresponsable por los salarios de hambre que paga a la mano de obra que utiliza, mantiene un ejército de reserva mundial al borde de la miseria, pero la riqueza y la renta que se genera en el sector productivo se concentra en unas pocas personas.Qué el sector de consumo es irresponsable (ámbito donde se realiza la plusvalía), aparte de la inutilidad de muchos de los servicios y bienes que se producen, por la conversión de la conciencia obrera de los trabajadores en ciudadanos con conciencia de consumidores.Qué la irresponsabilidad de los poderes (privados y públicos) es proporcional, no sólo por la riqueza y la renta que se apropia privadamente una élite, sino porque esta misma minoría es únicamente la que decide que se produce, con que recursos y tecnologías, en que países, y cuanta mano de obra va a emplear; al consumidor no le queda más remedio que consumir lo que se produce y pagar el precio que marcan.Qué la irresponsabilidad del capital financiero se manifestará, no sólo en el sistema de créditos que controlará para expandir el consumo (asegurarse la realización), sino tan o más en la expansión del dinero especulativo que, llegado ciertos momentos, conducirá a las crisis periódicas del sistema.Qué la irresponsabilidad del capitalismo como sistema social, es total e inadmisible, pues no ha demostrado ser capaz de asegurar a las poblaciones de los pueblos del mundo bienestar, justicia, igualdad, salud educación, es decir, desterrar la presencia permanente del los jinetes del Apocalipsis: hambre, enfermedad, guerra y muerte. Por tanto, nos llama la atención que, en vez de proponer un consumo responsable, o solidario, ¿por qué no nos proponemos destruir el sistema capitalista como un todo? 4 Esta propuesta sería lo coherente y correcta. Pero su formulación, la matriz de una sociedad sin clases y sin jerarquías como alternativa al capitalismo, ha de ser la consecuencia de la decisión horizontal de unos sujetos sociales, unos procesos, y unos instrumentos coordinados entre si también como un todo. No entra en nuestros planes, por ahora, diseñar tal matriz. Lo que sí pensamos conveniente es que podríamos formular una parte de la misma, tomando como punto de partida la propuesta inicial contra el consumo irresponsable, para continuar con los otros sectores del sistema: producción, distribución, financiación y gestión (poder).
Por esta razón, modificaremos la dirección de nuestra crítica al consumo responsable para comenzar a sugerir la defensa del consumo público socialmente necesario. Ya en su día, Manuel Sacristán advertía del error de caer en la tentación de contraponer a, o de confrontar los problemas de la transformación social, con los la satisfacción de las necesidades de las poblaciones.5 Sin embargo, no podemos trivializar las carencias de todo tipo de servicios sanitarios y educativos, incluidos la propia alimentación, cuando 5.000 millones de personas viven en la miseria más paupérrima. Hemos de tomar conciencia de que los seres de la segunda naturaleza que viven en el mundo no se reducen a que enviemos una propuesta de consumo responsable casi exclusivamente a los componentes de las clases medias y pudientes.
Por tanto, el consumo socialmente necesario, especialmente el que ya hemos mencionado como fondo de consumo social en los capítulos anteriores, ha de ser defendido como uno de los objetivos importantes y tan prioritarios como los otros, en cualquier proceso de transformación hacia una sociedad sin clases y sin jerarquías.
3 Un sistema de redistribución en defensa del consumo público socialmente necesario La exigencia de una coherencia política con la transformación social debe llevarnos a formular este objetivo, pero como parte de una propuesta, en la que una batería de impuestos tendría que frenar el consumo irresponsable y desviar estos recursos hacia la atención de la cobertura de unas necesidades individuales y colectivas, previamente establecidas desde el consenso social. Esta cesta de mercancías y servicios individuales y colectivos, compuesta mayormente por bienes sociales, y a la que seguiremos llamando fondo de consumo público socialmente necesario, ha de responder al bienestar de la ciudadanía, y estar financiada preferentemente con fondos públicos. Este proceso es posible iniciarlo dentro del capitalismo, arrancando de los sujetos sociales, unos formados por grupos y colectivos que se desenvuelven en el plano local o municipal, otros constituidos por entidades y asociaciones que se mueven en el plano autonómico y estatal, y todos ellos a partir de utilizar los dos grandes instrumentos que maneja el Estado: el sistema fiscal y la reasignación del gasto público.
En consecuencia, no se trata de pedir a los ciudadanos que, en el plano individual o familiar, restrinjan voluntariamente su consumo irresponsable, sino que la acción de las políticas administrativas actúe contra el consumo irracional e irresponsable que exige la acumulación del sistema. No se trata de que cada ciudadano actúe sobre su nivel de consumo privado para hacerlo solidario desde su conciencia moral, sino con un sentido comunitario, y en total armonía con el resto de la sociedad.
4. Algunas precisiones más conceptuales Sabemos que una de las características que condiciona el consumo responsable/irresponsable es el nivel de ingresos total familiar o individual.6 Si queremos frenar el consumo privado (de familias e individuos), las autoridades políticas han de aplicar mecanismos para reducir los ingresos en unos casos, y redistribuirlos en otros, siendo el instrumento más activo la política fiscal. Pero no todas las familias ni los individuos ingresan las mismas cantidades anualmente, por lo que el modelo fiscal del Estado ha de conocer estas diferencias, o tramos de rentas, y aplicar a cada uno de ellos diferentes tipos de gravamen. En el 2008, sabemos que “un 60% de hogares españoles tiene problemas para llegar a fin de mes”. También, como contrapartida, nos informan que “la corrupción política ha sustraído al menos 4.158 millones de euros en 10 años”,7 unos 415 millones anuales; es decir, unas familias no disponen de ingresos para llegar a fin de mes, mientras que otras no saben como ocultar el dineral que se apropian. Así mismo, y por su opacidad y carácter delictivo, desconocemos que otras cantidades de forma legal/ilegal ‘emigran’ a paraísos fiscales buscando eludir el pago de impuestos.8 Como tampoco podemos evaluar, por motivos similares al caso anterior, el número ni el valor de las transacciones que evaden la acción del fisco, por realizarse en esa zona tolerable por el sistema y considerada como la economía sumergida.
Por tanto, dentro de la economía abierta, sería injusto aplicar el mismo gravamen de IRPF a una familia en la cual el principal sustentador es un hombre que ingresa 27.411 euros al año de media, que si es el de una mujer que sólo ingresa 23.706. En el 2008, sabemos que “la retribución media anual de un ejecutivo era de 998.800 euros”,9 mientras que el salario mínimo de un trabajador (SMI) era de 8.400 euros en el mismo período. Un ejecutivo gana anualmente unas 119 veces más que un trabajador con SMI y unas 36 veces más que el trabajador con salario medio.
Estas diferencias nos muestran que el impacto de un impuesto directo tipo IRPF hará más mella en las remuneraciones totales (ingresos) de los ejecutivos, y que un impuesto indirecto del tipo IVA lo hará en los salarios totales (ingresos) de los trabajadores. Un porcentaje muy alto de las rentas de los ejecutivos (si la propensión marginal al ahorro (pma) es del 80%) quedarán reducidas de cargas fiscales, ya que no pagarán impuestos indirectos. A la hora de pensar en reducir el consumo irresponsable, el Estado ha de tener en cuenta estos impactos. Este matiz nos lleva a otro no menos importante como es la propensión marginal al consumo (pmc) que puede tener cada hogar o tramo de renta, sino los efectos pueden no ser los previstos. Mientras la pmc de los ejecutivos es muy baja (un 20%), la de los trabajadores es total, debido a que necesitan todos sus ingresos para sobrevivir. Primero, las rentas brutas de los trabajadores pagarán un impuesto directo (IRPF) y después toda su renta disponible dedicada al consumo volverá a pagar un impuesto indirecto (IVA). El salario de un trabajador es penalizado fiscalmente dos veces; el de un ejecutivo, la parte del mismo que va al ahorro, no.
En la Tabla 1 podemos comprobar los efectos de estas desigualdades y su impacto en el consumo, que es lo que buscamos frenar: mucho en los tramos altos de renta, con fuerte aportación a la financiación de los servicios públicos, y menos en los tramos bajos, que de por sí apenas consumen, pero han de ser compensados con el acceso a bienes y servicios financiados con dinero público.
Los ingresos de los ejecutivos eran de unos 998.000 euros anualmente, mientras que el salario medio de un trabajador era de unos 27.411, es decir no llegaba al 3% del de los ejecutivos, y los SMI no alcanzaban a ser el 1%. Al aplicarles un tipo de gravamen diferenciado (progresivo) del 60%, del 15% a los salarios medios, y libres de impuestos a los SMI, todavía las Rentas Netas de los ejecutivos (399.300) eran más de 3 veces superior a la de los trabajadores con salarios medios, y 9 veces mayor que las que percibían el SMI. A partir de aquí, el hecho de que los ejecutivos, tengan una pmc (20%) bastante inferior a la de los trabajadores, que han de dedicar toda se Renta Neta al consumo, hace que una buena parte de sus ingresos (319.360 euros) queden exentos de todo tipo de impuestos. Como decimos, no ocurre así con las Rentas Netas de los trabajadores que se verán penalizadas con el impuesto al consumo (IVA).Cierto que los ejecutivos tendrán que aportar al fisco entre IRPF más IVA conjuntamente unos 618.760 euros anuales, lo que supone un 62% de su presión fiscal; de todas formas, este grupo todavía puede ahorrar unos 319.360 euros anuales. Sin embargo, el grupo de trabajadores con salarios medios han aportado 7.840 euros de impuestos a Hacienda un, 29% como presión fiscal sobre sus propios ingresos y sin ninguna capacidad de ahorro, mientras que los del SMI han aportado otros 1.344 euros y con un 16% de presión fiscal.Todas estas medidas fiscales han conseguido el efecto deseado: que las personas con rentas altas bajen relativamente su consumo, (hasta un 6% de su Renta Bruta (RB)) pero contribuyan significativamente al fondo de consumo que puede ser dedicado al gasto social, (con un 62% de su RB). Y que el consumo de los asalariados, de por si muy bajo en proporción a los de las rentas altas, apenas descienda (sólo hasta un 71,4% de su RB, y un 84,0%) y sin dejar de contribuir a la financiación del fondo público de consumo socialmente necesario de aquellas mercancías y servicios públicos que complementarán su bienestar, (29% y 16% de su RB), algo impensable dejado a las libres fuerzas del mercado capitalista. CONTINUE LEYENDO EL ARTÍCULO A LA DERECHA >>>>>>>>>>
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