Franco con el uniforme de Falange
Garzón. Memoria Histórica. Se buscan falangistas vivos o muertos (Carlos Fonseca - tiempodehoy.com)
El Ministerio del Interior sigue la pista por orden del juez Garzón a un centenar de máximos dirigentes de la Falange –la mayoría ya fallecidos– por la desaparición de miles de republicanos durante la Guerra Civil.
La policía trata de saber qué ha sido de al menos un centenar de personas que entre el 17 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1951 ocuparon puestos de máxima responsabilidad en la Falange, a los que el juez Baltasar Garzón pretende imputar por la desaparición de miles de republicanos detenidos ilegalmente, asesinados y enterrados en fosas comunes abiertas en los cementerios, en el campo y en fi ncas particulares. El magistrado quiere saber cuántos de ellos viven y cuántos han muerto, para en este caso acordar la extinción de su responsabilidad penal. La cifra de buscados es aproximada y corresponde al número de integrantes de la Junta Política, el Consejo Nacional y la Secretaría General, los tres órganos de dirección del partido fascista. El magistrado de la Audiencia Nacional solicitó las citadas identidades a la Secretaría de Estado de Seguridad el pasado 16 de octubre, en un auto en el que se declaró competente para investigar la represión franquista. Además, reclamó al Ministerio del Interior que ponga a su disposición un grupo de diez funcionarios de policía, que junto al ya constituido grupo de expertos colaborará en las labores de búsqueda y localización de desaparecidos. Un alto cargo del departamento manifestó a este semanario que aún no han terminado de recopilar los datos solicitados por el magistrado ni han designado a los agentes que pondrán a sus órdenes.
- Un camino lleno de dificultades.
La investigación sobre las responsabilidades penales de los jefes de la Falange es un camino lleno de difi cultades, según coinciden los historiadores consultados. El partido fascista intervino en las desapariciones de miles de oponentes políticos durante la Guerra Civil, pero al concluir la misma la represión se revistió de una falsa legalidad, la de los consejos de guerra sumarísimos, carentes de las mínimas garantías procesales, y en estos no intervinieron falangistas. “La Falange fue responsable de muchas muertes durante la guerra, pero tras el fi nal de la misma, de la represión se encargaron los militares en exclusiva. Los falangistas se limitaron desde entonces a delatar”, dice el historiador Julián Casano- va, uno de los integrantes de la comisión de expertos que auxiliará al juez Garzón. Francisco Espinosa, también historiador y miembro de la misma comisión, coincide en que la represión “fue labor de los militares, aunque en los piquetes participaron requetés, guardias civiles, la guardia cívica y los falangistas, todos ellos al servicio de las fuerzas vivas de cada localidad”.
- Jefes locales.
“El protagonismo falangista en la represión en lo referido a muertes –compartido con militares y carlistas– es cosa de la Guerra Civil –corrobora el también historiador Joan Maria Thomàs, profesor de la Universitat Rovira i Virgili, estudioso del partido fascista y autor de La Falange de Franco–. Después colabora en la represión suministrando o no avales a los presos, denunciando... pero eso también lo hacían la Guardia Civil, los alcaldes, e incluso algunos párrocos”. Thomàs asegura que no conoce casos de “máximos dirigentes”, como el juez Garzón denomina a los que son objeto de su investigación, de los años 36 al 39 que aún vivan. “Es muy difícil, excepto en casos de jefes locales, de pueblos”, dice. Casanova comparte esta apreciación, aunque puntualiza que “responsables políticos de los años 48 a 51 quedarán bastantes”. “Hay muchos particulares que han facilitado al juez información detallada de las personas que asesinaron a sus familiares y que aún viven, pero no son dirigentes –manifestó a esta revista Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH)–. En Granada, por ejemplo, está localizado un falangista que capitaneó un montón de ejecuciones en Burgos”. La ARMH, que acaba de cumplir ocho años desde la exhumación de la primera fosa común en la localidad leonesa de Priaranza del Bierzo, defi ende la necesidad de que los tribunales investiguen los crímenes del franquismo, que en su opinión no han prescrito “porque el crimen se sigue perpetrando cada día que los desaparecidos no aparecen. Cuando se comete un asesinato las autoridades judiciales y la policía lo investigan, independientemente de que vayan a encontrar o no al culpable, aunque ese debe ser su objetivo”. Conviene explicar que la Falange Española que fundaron José Antonio Primo de Rivera, Julio Ruiz de Alda y Alfonso García Valdecasas en octubre de 1933, y que al año siguiente se fusionó con las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista (JONS) de Onésimo Redondo y Ramiro Ledesma Ramos, se convirtió en Falange Española Tradicionalista y de las JONS (FET de las JONS) por un decreto de unifi cación, de 19 de abril de 1937, con el que Franco metió en el mismo saco a los carlistas, dando lugar al que desde ese momento fue el partido único del régimen. Una decisión que no fue acatada por algunos camisas viejas de la Falange primigenia.
Los máximos responsables de ésta tras la muerte de José Antonio fueron Manuel Hedilla, como jefe nacional, que sería desterrado y encarcelado por Franco; Agustín Aznar, Sancho Dávila y Pilar Primo de Rivera como miembros más destacados. De la Falange refundada de Franco se hicieron cargo durante la guerra Raimundo Fernández- Cuesta, Ladislao López Bassa y Joaquín Miranda, entre otros. Al acabar la misma, y hasta 1940, los máximos responsables fueron el general Agustín Muñoz Grandes, Pedro Gamero del Castillo y Ramón Serrano Suñer, el cuñadísimo. Este último se mantuvo entre los máximos dirigentes del partido entre 1941 y 1945, junto con José Luis Arrese como miembro más signifi cado. Finalmente, entre 1945 y 1951, el límite de la investigación de Garzón, la Secretaría General estuvo sin cubrir, aunque Raimundo Fernández-Cuesta actuó de hecho como su responsable. Todos ellos murieron hace años salvo Serrano Súñer, que falleció en septiembre de 2003, a los 101 años de edad. “La historia y la justicia se llevan mal –dice Julián Casanova–. Son caminos diferentes. En este proceso tenemos gente que quiere abrir una fosa y recuperar los restos de un familiar, y otros que buscamos continuamente la verdad de lo ocurrido. Soy partidario de la justicia retributiva, de compensación de las víctimas, pero la justicia punitiva, que busca y castiga a los culpables, creo que está cerrada en este caso”. “Me parece especialmente vergonzoso, y una falta inmensa de sensibilidad política de los diferentes gobiernos que se han sucedido desde 1977, que no haya habido desde entonces una decidida acción del Estado para dar sepultura digna y honrar a los muertos de la represión, como hicieron los franquistas con sus caídos”, añade Thomàs. Y Francisco Espinosa sentencia: “El objetivo principal de todo esto no es sentar en el banquillo a nadie, sino encontrar a los desaparecidos”.
(fuente: http://www.tiempodehoy.com/default.asp?idpublicacio_PK=50&idioma=CAS&idnoticia_PK=53855&idseccion_PK=612&h=)
Más información:
Si quieres contribuir a que Kaos en la Red pueda seguir publicando artículos como este, puedes hacer tu donación en:
| Paypal (seguro y permite diferentes formas de pago) |
Microdonación de 2 euros
| Donación de importe libre
|
|