Hasta que Greenpeace no dio a conocer el 5 de abril que en la central nuclear catalana de Ascó se había producido una fuga de partículas radiactivas, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) no emitió una nota informando del siniestro, que se produjo en noviembre de 2006. Estas partículas se descubrieron fuera del recinto de la central nuclear.
Según denuncia Greenpeace, «la ausencia total de información pública sobre este suceso desde el momento en el que se produjo la emisión de radiactividad impidió que se alertara a tiempo a la población y que se tomaran medidas de protección y vigilancia al respecto».
De hecho, pese que la fuga radiactiva se había producido, la dirección de la central nuclear, situada a 350 kilómetros de Iruñea y propiedad de Endesa e Iberdrola, permitió que alumnos de un colegio de Girona realizaran una visita a sus instalaciones.
«Además de constituir una grave negligencia por parte de los titulares de la central, esta circunstancia dio lugar a que se expusiera a esos menores a un riesgo radiológico innecesario e indebido», destaca Greenpeace, que recuerda que no se ha descartado la posibilidad de que estos alumnos estuvieran expuestas a una dosis de radiación superior a lo establecido por los Límites de Incorporación Anuales para su tramo de edad.
Tras ocultar durante seis meses que la fuga se había producido, Greenpeace culpa al CSN y a los titulares de la central, la Asociación Nuclear Ascó-Vandellós (ANAV), de ofrecer una información que no se corresponde a la realidad, ya que «han tratado de quitar toda la relevancia al vertido, en beneficio de sus intereses económicos y para tratar de evitar cualquier sanción».
La central nuclear de Ascó llegó a asegurar que la ingestión de toda la radiación vertida al medio ambiente no supondría ningún peligro para la salud. «Eso es totalmente falso, puesto que no existe un umbral mínimo para los efectos estocásticos de la radiación ionizante, incluso aunque la radiación estuviera por debajo de los límites reglamentarios, algo que como poco está por demostrar», señala Greenpeace, que destaca que la radiación de algunas de las partículas detectadas en el entorno de Ascó es superior, por sí sola, a los límites de incorporación anual de Cobalto-60 aplicables a miembros del público en los tramos de edad más bajos.
En cualquier caso, lo sucedido en Ascó deja en evidencia que los controles establecidos en el Estado español para detectar tempranamente una fuga radiactiva y reaccionar de manera adecuada ofreciendo a la población potencialmente afectada la atención precisa no han funcionado.
Las más de 1.300 personas que viven en el entorno de la central y a las que se han realizado pruebas médicas han tenido que esperar seis meses. Incluso en el caso de que, tal y como señalan los responsables de la planta, la radiación sea mínima, se ha jugado con la salud de esos habitantes. Pese a las declaraciones señalando que no había riesgo alguna, hubo que enviar una unidad móvil hasta Girona para realizar análisis a los menores que habían visitado la central, ya que existía alarma social.
Hasta el momento, se ha destituido al director de la central, Rafael Gasca, y al director de protección radiológica de Ascó, Francesc González Tardiu.
Sin embargo, Greenpeace reclama el total esclarecimiento de los hechos, lo que considera fundamental para depurar las responsabilidades de los titulares de la central y del CSN. En este sentido, el colectivo ecologista señala que hay que aclarar, entre otros aspectos, el contenido de las instrucciones existentes en los procedimientos de la central y las acciones realizadas por los trabajadores de la misma.
Otra central nuclear de los Països Catalans, la de Cofrents, también ha sufrido un incidente de seguridad este mismo mes. El 8 de abril, permaneció durante quince minutos en estado de preemergencia porque se abrió inesperadamente una válvula de seguridad.
El incidente no fue a más, pero Carles Arnal, portavoz de Els Verds-Esquerra Ecologista, destacó que este tipo de incidentes se repiten con asiduidad, por lo que es necesario que esta planta nuclear se clausure definitivamente. «Es una insensatez seguir exprimiendo la central de Cofrents cuando es evidente el agotamiento de sus instalaciones», añadió.
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