El 3 de noviembre, tras el asesinato de dos agentes de la Guardia Nacional por paramilitares colombianos, el Gobierno de Venezuela movilizó a 15.000 militares con el fin de cerrar su frontera con Colombia. Ese mismo día, el vicepresidente y ministro de Defensa venezolano, Ramón Carrizález, declaraba: “Los militares fueron vilmente asesinados por bandas paramilitares que intentan posicionarse en esta región del país, todo dentro del plan de desestabilización que nosotros hemos venido denunciando desde hace tiempo”.
La frontera colombo-venezolana tiene una extensión de 2.219 kilómetros, de los cuales la mitad es zona selvática. Es un territorio donde los habitantes de las dos naciones han mantenido históricamente relaciones de comercio, familiares o de servicios, y basta recorrer la región para constatar que los ciudadanos de uno y otro lado burlan diariamente la vigilancia fronteriza.
Desde Colombia, analistas y columnistas indican que Chávez tiene “necesidad de contar con un conflicto externo para distraer la atención de la población de sus problemas internos”. Sin embargo, nadie en ese país duda del coste económico de la ruptura de relaciones diplomáticas entre ambas naciones, y el propio empresariado colombiano ha reconocido que “esto significa una reducción de la producción industrial del 10% por la disminución de exportaciones”.
En los pasillos del senado colombiano, miembros de la coalición uribista miran hacia el Norte mientras confiesan que “es el precio que tenemos que pagar a cambio de convertirnos en un muro de contención al proyecto expansionista y totalitario del presidente Chávez”. Pero la realidad de la frontera colombo- venezolana es que por ella transitan más de cien rutas de la droga controladas por los grupos paramilitares Águilas Negras y Águilas Doradas, además de ser una zona de actuación del Frente 33 de las FARC y algunos comandos del ELN. A todo ello hay que agregar la existencia de unos 1.500 contrabandistas de gasolina y un número indeterminado de miembros de grupos que desarrollan diversas actividades delictivas.
Infiltración paramilitar
Para Wilfredo Barragán –uno de los promotores del primer encuentro juvenil ‘Catatumbo en Marcha’, que tuvo lugar el pasado septiembre, donde se cuestionó el acuerdo para la utilización de bases militares entre EE UU y Colombia–, el problema viene de lejos. Según Barragán, “desde hace tiempo las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) consideran al presidente Hugo Chávez objetivo militar. Todos acá sabemos que líderes ‘paracos’ han cruzado y cruzan la frontera venezolana de forma continuada realizando actividades delictivas, siendo el propio Carlos Castaño (uno de los fundadores de las AUC) quien inició este proceso. Desde hace años, el Décimo Frente de las AUC ha mantenido poderosos vínculos en el suroeste andino de Venezuela y han ejercitado desde entonces crímenes, secuestros y cobro de vacunas (extorsiones)”. Barragán nos recuerda que el Catatumbo colombiano, norte del fronterizo Departamento de Santander, ha sido una de las regiones más golpeadas por la violencia social y política en Colombia. “Se calcula en unas 5.000 las víctimas mortales en los últimos diez años y unos 40.000 los desplazados”, denuncia este líder juvenil.
De igual manera, portavoces de la Asociación Campesina del Catatumbo colombiano, que piden mantener su anonimato, denuncian que más de diez años después de la primera masacre protagonizada por las AUC en la zona –en el pequeño poblado de La Gabarra, en agosto de 1999, fueron asesinados 120 campesinos por operativos paramilitares al mando de Carlos Castaño y Salvatore Mancuso– siguen a la espera de justicia. “Oficialmente no hay responsables y nuestro Gobierno tiene la osadía de apenas reconocer 36 víctimas en aquella masacre. Desde entonces hasta hoy nuestra región se convirtió en un infierno”, afirman. Unos kilómetros más allá, en territorio venezolano, Jennifer Galpón, una de las voluntarias de la Misión Bolívar en la zona nos detalla que “ya en diciembre de 1997, incluso antes de la llegada del presidente Chávez a Miraflores, los comandos rurales de nuestra policía detuvieron a siete colombianos paramilitares en esta provincia (Táchira), esto viene de lejos y es la verdadera operación de penetración colombiana en nuestra patria, posiblemente diseñada por los gringos”.
Incluso sectores críticos con el Gobierno de Hugo Chávez denuncian haber sido víctimas del paramilitarismo. Ése es el caso de Rafael Uzcategui, ex guerrillero que luchó clandestinamente en Nicaragua, El Salvador y Honduras, actual secretario de organización del partido Patria Para Todos: “Hemos perdido gente de nuestra organización a manos de los paramilitares, un ejemplo de ello fue el compañero Jorge Nieves, que murió baleado en abril de 2003, mientras dirigía una manifestación a favor de los campesinos en Guasdualito, en Apure, provincia fronteriza con Colombia”.
En mayo de 2004, las fuerzas de orden público venezolanas anunciaron su principal actuación contra los paramilitares en territorio bolivariano. En ella fueron detenidos 120 ‘paracos’ provenientes de Colombia que vestían indumentaria militar venezolana, la mayor parte de ellos en una hacienda cercana a Caracas, propiedad del opositor Robert Alonso, ubicado en aquel momento en Miami. Según fuentes de la Policía Nacional Bolivariana, “de las confesiones realizadas por los paramilitares detenidos, se deduce una coordinación entre estos y el Bloque Democrático”, pequeño grupo opositor desgajado hace dos años de la Coordinadora Democrática, coalición que reúne la mayoría de partidos y grupos opositores en Venezuela. A mediados de 2007, Chávez liberó a los paramilitares que quedaban detenidos para entregarlos a Colombia, en un gesto de buena voluntad que pretendía apoyar el proceso de diálogo democrático e intercambio humanitario en Colombia.
Otra de las operaciones importantes contra el paramilitarismo fue en enero de 2009, cuando un grupo de 31 colombianos relacionados con los paramilitares fueron detenidos en Petare, barriada populosa y humilde de Caracas. Unos días antes se habían incautado armas, granadas y dos kilos de explosivos C4 en Maracay a 80 kilómetros de la capital venezolana. Según nos indica el ex ministro de Interior y Justicia venezolano, Ramón Rodríguez Chacín, “uno de los actores que ha generado mayor violencia en Venezuela es la presencia de paramilitares colombianos, incluidos algunos sectores de Caracas”. Para el militar y dirigente nacional del PSUV, “a partir de 1999, como parte del conflicto social y armado de Colombia, integrantes de uno de los cuatro bloques paramilitares instalados en la línea fronteriza se infiltraron en el país. No es casual que a partir de 2002, año en que se recrudece la guerra, se dispararan los homicidios y secuestros en Venezuela”, advirtiendo que el fenómeno paramilitar es consecuencia de una nueva doctrina que puso en marcha el gobierno de los EE UU. “Estamos en una guerra de cuarta generación, que ya fue declarada, abierta y públicamente, al afirmarse que Venezuela es una amenaza para los intereses de EE UU, tal como lo dijeron en su día Bush, Condolezza Rice y altos mandos militares del Departamento de Estado”, afirma.
Los ‘paras’ llegan a Caracas
Según Juan Carlos Tanus, director de la organización Colombianos en Venezuela, un colectivo de apoyo al inmigrante colombiano, el paramilitarismo colombiano avanza en Venezuela por dos vías: a través de la economía informal, y de la mano de los sectores antichavistas más recalcitrantes. Tanus denuncia que “el paramilitar que viene a hacer el trabajo político se presenta como vendedor. Compra algunas pequeñas propiedades, como los abastos, vende en los puestos de perros calientes, en la buhonería, lo que le permite irse afianzando en el plano social. Ésta es una dimensión del paramilitarismo. En otra, va haciendo acercamientos con las bandas y los distribuidores de drogas, para tener el control de la distribución y el consumo en las barriadas populares, incluso en los sectores de la capital… Llegan, entregan, reparten droga, van afectando a un grueso de la población y, al final, terminan matando a los que estaban controlando, para asumir ellos el control total”. Para Tanus, el informal es uno de los sectores donde los ‘paracos’ se mueven con mayor impunidad. “Hemos detectado que los famosos ‘presta diario’ son fundamentalmente paramilitares que se hacen llamar ‘compra-venta bolivariana’. Operan en Caracas, en el municipio de Sucre y otras ciudades como Valencia, y es la misma red de paramilitares que presta dinero al sector buhonero. Terminan asesinando a quien le prestan dinero cuando no cumplen, los intereses se mueven entre el 10% y el 100%”.
El periodista y ex vicepresidente venezolano, José Vicente Rangel, relata a DIAGONAL que el paramilitarismo ha creado frentes en varias regiones del país. “Estos tienen nexos con el narcotráfico en Zulia, con el abastecimiento de armas en Táchira, con el adiestramiento y reclutamiento en Carabobo y el lavado de dinero en Nueva Esparta, entre otros”, y prosigue indicando que sólo en Caracas operan el Frente El Hatillo, Frente Miranda, Frente Urbano Petare y el Frente de Avanzada Chacao.
EL ESPIONAJE COLOMBIANO
La crisis interna en el DAS (inteligencia colombiana) permitió la filtración de documentación que revela la existencia de una llamada “Operación Salomón” de espionaje en Ecuador, y los proyectos “Fénix” de espionaje en Cuba y el “Falcón” de espionaje en Venezuela. En estos documentos, que son fruto de un proceso interno y secreto del DAS por “fuga de información”, uno de los declarantes, Carlos Orguela, con cédula colombiana 79.596.402, indica que “los gastos corren por cuenta del DAS y la Embajada Americana a través de la CIA”.
DEL CAMPO A LA CIUDAD
Para Dario Azzellini, politólogo de origen italiano, la penetración del paramilitarismo en Venezuela se ha compuesto de dos fases. En la primera, se desarrolla en el marco legal de lucha contra el latifundio y la distribución de las tierras (Ley de Tierras 2001 y Reforma Agraria). Los paramilitares son utilizados por los terratenientes para actuar en formato sicariato contra los líderes y organizaciones campesinas venezolanas. Consecuencia de aquel periodo, los paramilitares penetraron fuertemente en los Estados de Zulia y Táchira, implantando cobros de vacunas (pago por protección) y haciéndose con el control del contrabando de gasolina y alimentos, llegando incluso a instalar el toque de queda en algunas poblaciones, supuestamente para combatir la inseguridad ciudadana. La segunda es más reciente, y tiene que ver con su penetración en las grandes urbes. Este fenómeno tiene apenas entre uno y dos años. Los paramilitares se van apropiando del control de barrios periféricos y populares, haciéndose con importantes espacios de la economía informal y la venta de droga. También se erigen como guardianes del orden público, proyectándose como frente de choque contra la inseguridad ciudadana y haciéndose con el control del “prestamismo”. El objetivo de los EE UU en Venezuela no es una invasión militar, lo que podría conllevar incluso un fortalecimiento del proceso revolucionario. El objetivo es que el proyecto bolivariano se caiga solo, y el paramilitarismo, al igual que lo fue la ‘contra’ en Nicaragua, es una de las estrategias, quizás la más importante, de erosión del proceso bolivariano.
IMPLICAN AL MINISTRO DE DEFENSA El vicepresidente ejecutivo de Venezuela, Ramón Carrizález, aseguró el 17 de diciembre que paramilitares, narcotraficantes y espías colombianos presos en este país vincularon con sus actividades al ministro de Defensa de Colombia, Gabriel Silva. Según el dirigente, se ha podido constatar que aparece el nombre de Silva en acciones contra la soberanía venezolana.
“LIMPIEZA SOCIAL” EN TÁCHIRA El 30 de octubre pasado Venezuela detuvo a ocho paramilitares en el Estado fronterizo Táchira. “Estas personas estaban repartiendo una especie de panfletos propios de las prácticas paramilitares, donde indicaban que se iba a comenzar con una limpieza social, es decir asesinatos, desapariciones”, dijo el ministro de Interior de Venezuela, Tarek El Aissami.
¿TENTATIVA DE GOLPE DE ESTADO? El 9 de mayo de 2004 fueron capturados y enjuiciados 55 presuntos paramilitares colombianos, descubiertos en la hacienda Daktarí, en las inmediaciones de la ciudad de Caracas, propiedad del cubano anticastrista Robert Alonso. En esa ocasión se acusó al dirigente de preparar un golpe de Estado contra el presidente Hugo Chávez. 71 personas fueron detenidas posteriormente en el cercano rancho de Gustavo Cisneros, empresario mediático opositor.
Más información:
Si quieres contribuir a que Kaos en la Red pueda seguir publicando artículos como este, puedes hacer tu donación en:
| Paypal (seguro y permite diferentes formas de pago) |
Microdonación de 2 euros
| Donación de importe libre
|
|