Este artículo critica la manera tendenciosa como los mayores medios de información en España han cubierto la agitación social en Francia. El artículo detalla como las reformas del sistema de pensiones público hechas por el gobierno Sarkozy, significan una reducción muy notable de las pensiones actuales y futuras, lo cual explica la protesta dirigida por los sindicatos franceses y la participación de los estudiantes en aquellas protestas.
Los medios de comunicación de mayor difusión en España (la mayoría de los cuales son de persuasión conservadora y neoliberal) están dando una información sesgada y errónea sobre las causas de la agitación social que está teniendo lugar en nuestro país vecino, Francia. De la misma manera que cubrieron de una manera tendenciosa la Huelga General en España del 29 de septiembre de este año, están ahora proveyendo información errónea sobre las quejas de los sindicatos franceses, que motivan las huelgas actuales en aquel país, en contra de las propuestas hechas por el gobierno conservador neoliberal del Sr. Sarkozy.
Los medios de comunicación presentan estas propuestas de una manera incompleta, con la intención de desacreditar a los sindicatos. Así, indican que la causa de tal protesta laboral es que el gobierno Sarkozy ha propuesto –y así acaba de aprobarse por el Senado- retrasar la edad de 60 a 62 años, lo cual parece una medida razonable considerando el alargamiento de la esperanza de vida y la excesiva generosidad que se le asume a la Seguridad Social francesa, que permite a la ciudadanía jubilarse a la temprana edad de 60 años. Todo esto es falso.
Veamos los datos. Y veamos primero al autor de la propuesta de reforma del sistema de pensiones público, el Ministro de Trabajo del gobierno Sarkozy, el Sr. Eric Woerth. Este señor consiguió colocar a su esposa en la empresa de la mujer más rica de Francia, la Sra, Lilliane Bettencourt, propietaria de la empresa de cosméticos l’Oréal. Cuando esto ocurrió, el Sr. Woerth era el Ministro de Hacienda (y, como tal, dirigía la oficina de fraude fiscal). Se ha descubierto recientemente que la Sra. Lilliane Bettencourt ha sido durante mucho tiempo la mayor defraudadora fiscal de Francia, sospechándose que la esposa del que ahora es Ministro de Trabajo la fue asesorando. Esta es la catadura moral del reformador y del gobierno Sarkozy, que no ha despedido a tal señor.
Veamos ahora la propuesta de reforma de pensiones públicas, diseñada por el Sr. Woerth. En Francia, para conseguir la pensión completa, se tenía que trabajar y cotizar a la Seguridad Social durante 40 años. El gobierno Sarkozy ha propuesto, “para salvar el sistema de pensiones público y evitar que vaya a la bancarrota”, que en lugar de 40 años sean 43 años. Puesto que la ciudadanía se incorpora más tarde al mercado de trabajo (como consecuencia de haberse alargado el tiempo de educación y formación de la juventud), resulta que para que se pueda cobrar la pensión completa se tendrá que trabajar hasta una edad bastante avanzada, 67-70 años. Es más, la mayoría de los trabajadores, cotizantes a la Seguridad Social, no encuentran fácilmente trabajo a pleno empleo ininterrumpido durante estos cuarenta y tres años. Un porcentaje elevado (38%) cambia frecuentemente de puesto de trabajo, lo cual implica que, aún llegando a esta avanzada edad, muchos no puedan cobrar la pensión completa, con lo cual la propuesta del Sr. Woerth significa, en la práctica, una reducción muy notable de las pensiones.
Sólo los trabajadores de escasa cualificación, que requieran menos estudios (y que entren en el mercado de trabajo a los 18 años), podrán alcanzar pensiones completas a edad más temprana. Pero su longevidad (años de vida que tienen) es mucho menor (7 años) que la de rentas superiores, con lo cual necesitan retirarse antes para poder gozar de un periodo de jubilación comparable al de las rentas superiores. La decisión del gobierno Mitterrand en 1983 de permitir la jubilación a la edad temprana de 60 años estaba encaminada a facilitar este hecho. Por lo demás, el retiro a los 60 años (ahora a los 62 años) para aquellos que no han contribuido los 40 (ahora 43) años, supone una pensión reducida, dependiendo de los años de cotización. Por otra parte, es lógico que aquellos a los que la medida de Sarkozy afectará más es a los que se incorporan más tarde al mercado de trabajo, como los estudiantes de ahora, que se incorporan al mercado de trabajo siete años más tarde que cuando se aprobó la ley con Mitterrand. La juventud de Francia es plenamente consciente de las dificultades de encontrar trabajo (y todavía más difícil encontrar un buen trabajo) causando, por cierto, que un elevado número de jóvenes vivan con sus familias hasta que tienen 30 años, con escaso o nulo trabajo. Sumen 43 años y verán que hasta los 73 muchos jóvenes no podrán recibir pensión completa. No es de extrañar que los jóvenes estudiantes se hayan sumado a la agitación social.
Lo que es importante señalar es que ninguna de estas medidas son necesarias para “salvar a la Seguridad Social”. Como varios economistas franceses (que deberían importarse a España) han señalado, el crecimiento de la productividad por trabajador compensa la reducción del número de trabajadores necesario para sostener a un pensionista. En 1983 había en Francia 4.4 trabajadores cotizantes a la Seguridad Social por cada pensionista. En 2010 había 3.5, lo cual, como también ocurre en España (ver “Los errores del manifiesto neoliberal sobre las pensiones de los cien economistas”, El Plural. 11.10.10) se utiliza para alarmar a la población, diciendo que este descenso de contribuyentes a las pensiones hace el sistema insostenible. Pero lo que los alarmistas no dicen es que el PIB de Francia durante este periodo 1983-2010 ha crecido nada menos que un 45% (en cantidad de monedas constantes, lo cual quiere decir que la renta del país ha aumentado un 45%). Francia tiene una de las fuerzas laborales más productivas del mundo (mayor que la alemana). Pero, como en Alemania, la elevada productividad y el crecimiento de la productividad no ha ido a mejorar los salarios, sino a mejorar los beneficios del capital, y muy en especial del capital financiero. Ha sido este enorme crecimiento del sector financiero y de sus beneficios a costa de los salarios, la causa de la crisis actual, no sólo en Francia, sino en la mayoría de países de la OCDE, incluyendo España. El enorme crecimiento de las rentas del capital dio pie a una enorme actividad especulativa dirigida por el capital financiero. Y la reducción de las rentas del trabajo (el estancamiento de los salarios de las familias) dio origen al endeudamiento y al descenso de la demanda.
La solución, tanto a la crisis como al problema de las pensiones pasa, pues, por medidas distintas a las que se están tomando, medidas que, como siempre, perjudican a las clases populares a costa de la gente más pudiente. Lo que piden los sindicatos franceses es que se redistribuya el enorme crecimiento de las rentas (consecuencia del aumento de la productividad) que en lugar de beneficiar a los productores ha beneficiado a los especuladores y renta altas. Entre las medidas fiscales redistributivas debieran incluirse, como también han propuesto los sindicatos, la gravación de las transacciones financieras a corto plazo (la mayoría de las cuales son de carácter especulativo), con lo cual se conseguirían millones de euros para mejorar las pensiones (se calcula que un 1.8% del PIB).
Es absurdo que en la medida que la renta nacional vaya creciendo, se le diga a la ciudadanía que tienen que ajustarse los cinturones, trabajando más y durante más tiempo y cobrar menos y reducir sus pensiones. Este mensaje, que se está reproduciendo constantemente, es mera apología por el status quo que sistemáticamente favorece a las rentas del capital a costa de las rentas del trabajo.
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