El 22 de setiembre 2008 Asociaciones de la Memoria Histórica entregaron al juez Garzón las listas de más de 143.000 desaparecidos del franquismo. Los nombres de quienes, tras la victoria franquista, fueron asesinados y arrojados a una fosa común, en muchos casos tras ser torturados. Las Asociaciones piden a Garzón que el Estado asuma la investigación de los desaparecidos. Y exigen al Estado que presente disculpas por haber obstaculizado hasta ahora la búsqueda. Las listas –añaden- son sólo una parte, que hay que completar.
Su sola presentación es una gran victoria de la generación de los nietos de los asesinados, que no ha querido respetar la “ley de punto final” que representó la Transición. Las Asociaciones han hecho, desde hace tres décadas, un trabajo impresionante, venciendo miedos, amenazas y las trabas continuas de todo tipo de autoridades (socialistas incluidos).
Como dice el historiador Francisco Espinosa: “No debía salir a la luz que bajo la ‘guerra civil fratricida’ se ocultaba un brutal plan de exterminio aplicado allí donde triunfó el golpe de Estado del 18 de julio de 1936”. Un plan de exterminio sistemático de todas las organizaciones obreras y de todos los que se habían distinguido por sus ideas de izquierda o democráticas. Un plan que duró hasta finales de los 50 y que incluyó campos de trabajo forzado, fusilamientos por tribunales militares y cárcel para muchos miles. El genocidio franquista es comparable, a escala española, a la barbarie nazi o al terror estalinista.
En la Transición, los grandes partidos de la izquierda acordaron, a cambio de elecciones, no tocar ni un pelo a los responsables de los crímenes franquistas (incluidos los consejos de guerra de 1975 o los muertos en Vitoria en 1976). De la misma forma, tampoco sería cuestionado el patrimonio de los que edificaron su fortuna expoliando a los muertos.
El Gobierno, tras aprobar una ley de la memoria histórica indigna, que dice exactamente lo contrario, se muestra ahora “partidario” de la entrega de las listas a Garzón. Dice Zapatero que esto debe servir para restañar heridas y favorecer la reconciliación.
Pero lo que falta -y esto no lo va a conceder Garzón- es conocer, además del nombre y circunstancias de los asesinados, quien los denunció y se benefició de sus propiedades, quien organizó y dirigió la represión. Esto pondría en evidencia que el actual régimen surgido de la Transición lleva en su código genético una negra herencia que sólo es posible eliminar poniendo fin a la Monarquía.
Editorial de A Luchar por el Socialismo nº 48, publicación mensual del PRT-Izquierda Revolucionaria.
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