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Por Diego Martínez (Página12)

A un tercio de siglo de los crímenes en Campo de Mayo, sede del mayor centro clandestino de detención y tortura del Ejército durante la última dictadura, el Tribunal Oral Federal 1 de San Martín condenó ayer a la pena de prisión perpetua al general retirado Santiago Omar Riveros, ex comandante de Institutos Militares, de 86 años. La sentencia incluyó condenas a los generales Fernando Verplaetsen y Jorge Osvaldo García, a los capitanes César Fragni y Raúl Harsich, y al ex policía Alberto Aneto. Por tratarse de delitos de lesa humanidad cumplirán su pena en una unidad del Servicio Penitenciario Federal. El Tribunal consideró que “por la sistematicidad y gran escala” de los delitos cometidos en la ex Zona IV se trató de “crímenes de lesa humanidad”, como solicitó la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, y rechazó la calificación de genocidio reclamada por el querellante de Justicia Ya! y la Liga Argentina por los Derechos del Hombre.

La primera condena por delitos de lesa humanidad en Campo de Mayo, por donde se estima que pasaron más de cinco mil secuestrados, fue por un caso emblemático, probado desde el Juicio a las Juntas en 1985: el homicidio de Floreal Avellaneda, cuyo cadáver con signos de empalamiento, atado de pies y manos, apareció en la costa uruguaya en mayo de 1976, previo secuestro y torturas junto a su madre Iris Pereyra. El joven, de 15 años, militante de la Federación Juvenil Comunista, fue secuestrado el 15 de abril de 1976, en su casa de Munro, durante un operativo para capturar a su padre homónimo por su militancia gremial en la fábrica Tensa. Madre e hijo fueron torturados primero en la comisaría de Villa Martelli y luego en “El Campito”, en la guarnición militar Campo de Mayo. Anoche, con los ojos llenos de lágrimas, rodeado de pibes de la FJC y de H.I.J.O.S., Floreal Avellaneda padre cantó, tras la sentencia: “No hubo errores, no hubo excesos, son todos asesinos los milicos del proceso”. Horas antes, ante Página/12, recordó que “los juicios siguen” y consideró “fundamental que todos los responsables sean condenados”.

La lectura del fallo, a cargo de Lucila Larrandart, Martha Milloc y Héctor Sagretti, incluyó los considerandos, por lo que duró casi seis horas. Fue seguida por un centenar de personas, incluidos familiares de Floreal Avellaneda y también de los imputados, separados por cinco policías. Los acusados prefirieron no estar en la sala. Por la mañana, durante las “últimas palabras” de Riveros y García (ver aparte), hubo incluso una docena de militares de civil. Para garantizar la publicidad del proceso, la jornada fue seguida por diez cámaras de filmación y otros tantos reporteros gráficos.

El tribunal desbarató uno a uno los planteos de las defensas, a las que cuestionó varias veces. Calificó como “de humor negro” la actitud del defensor oficial Carlos Palermo, quien puso en duda que el examen de las huellas dactilares fuera suficiente para probar una identidad y planteó que debieron mostrarles las fotos del cadáver de Floreal Avellaneda a sus padres. Larrandart también llamó la atención sobre objeciones de algunas querellas ante preguntas a los testigos. “Parecieran no pertenecer a organismos de derechos humanos”, dijo. El tribunal destacó el valor de la “prueba indiciaria” frente a crímenes signados por “la clandestinidad y la destrucción planificada de las pruebas”.

A las 20.43, con la bandera argentina a su derecha, la bonaerense a su izquierda y Jesucristo crucificado sobre su cabeza, la presidenta del tribunal leyó la condena a “prisión perpetua” a Riveros y la sala estalló en abrazos y aplausos. Icono del terrorismo de Estado, indultado por Carlos Menem en 1990, Riveros fue comandante de Institutos Militares entre 1976 y 1978. Su primera condena (en octubre afrontará su segundo juicio) es como autor de apenas dos privaciones ilegales de la libertad agravados por la violencia, allanamiento ilegal, robo, torturas agravadas por tratarse de perseguidos políticos, homicidio agravado y ocultamiento del cuerpo.

La segunda mayor pena, de 25 años de prisión, fue para Verplaetsen, ex jefe de inteligencia de Campo de Mayo en 1976. El entonces coronel era interlocutor habitual del responsable del centro clandestino, teniente coronel Jorge Voso, alias Ginebrón, que murió impune. Por la “disfunción y trastornos psicogénicos” invocados por sus defensores, Verplaetsen es el único de los condenados que “previo examen médico y psicológico” podría beneficiarse con el arresto domiciliario.

La pena para el general García será de 18 años de cárcel. Con el grado de coronel, García era en 1976 director de la Escuela de Infantería y jefe del área militar donde vivía la familia Avellaneda y donde funcionaba la comisaría de Villa Martelli, primera escala tras las capturas. Fragni y Harsich eran entonces sus subordinados. Las firmas de ambos figuran en un “acta de detención” labrada tras los secuestros, recibida años después por un familiar de las víctimas. Fragni declaró en 1984 haber intervenido en “algunas operaciones de la guerra contra la subversión”. Ante la ausencia de testigos de las torturas y la posibilidad de que por el grado y la posición en la estructura militar no conocieran el plan secreto del Ejército elaborado dos meses antes, el tribunal los responsabilizó sólo por los secuestros y robos, y los condenó a ocho años de prisión.

Distinto es el caso de Aneto, jefe de turno de la comisaría la madrugada de los hechos, reconocido por Iris Pereyra como integrante del grupo de tareas que la secuestró y luego la torturó, en Villa Martelli y en Campo de Mayo. El tribunal rechazó por “inverosímil” la coartada del ex policía, quien aseguró recordar que aquel día mantuvo una larga charla con un detenido, que recibió la visita de su mujer y que comió un sandwich de milanesa. Citado como testigo, el ex detenido lo refutó. Aneto fue condenado a la pena de 14 años de prisión.