La Fiscalía General del Estado cumplimentó poco antes de las 14.00 de ayer el trámite de presentar su demanda contra la inscripción de Sortu en el registro de partidos políticos. La Sala del 61 del Tribunal Supremo se reunirá a partir de las 10.00 de la mañana de hoy para admitirla a trámite.
La Fiscalía alega que Sortu cumple formalmente las exigencias establecidas por la norma «pero sin ninguna intención de cumplirlas», por lo que estaría consumando un acto «fraudulento de modo pleno».
Y, por otro lado, señala que estando acreditado es una sucesión de Batasuna, y dado que ETA no ha desaparecido, para poder ser legalizada a Sortu «únicamente le quedaba desvincularse de modo explícito, claro y rotundo de los actos de terrorismo de ésta, lo que tampoco ha efectuado».
Observando estas argumentaciones y tras la lectura de los 168 folios del informe, cuando la Fiscalía asegura que para su demanda se basa en «la aplicación de la técnica combinada del fraude de ley y el abuso del derecho», no acaba de quedar claro si se refiere a lo hecho por Sortu o a su propio proceder.
Ni una sola prueba
Como ya ocurriera en el informe presentado por la Abogacía, la Fiscalía General del Estado también recurre a términos muy sonoros, como la supuesta tutela de ETA de todo el proceso de creación de Sortu, pero no ofrece ni una sola prueba que muestre la existencia de nexo alguno entre ambas organizaciones.
El informe de la Fiscalía reconoce en su página 118 que se apoya «sobre la prueba pericial testifical» de los servicios de información de las FSE, es decir, sobre hipótesis policiales.
Por ejemplo: un elemento clave de la demanda es un documento, fechado en febrero de 2009 y atribuido a ETA, que según la Fiscalía se titula «Batasunak ETAren ekintzen aurrena azaldu bearreko jarrera eta diskurtsorako irizpideak» (sic) y que entre paréntesis se traduce como «Criterios para el discurso y la postura que debe adoptar Batasuna ante las acciones de ETA». En es documento se recogería que «la izquierda abertzale no condenará nunca las acciones de la Organización».
Como en los estatutos de Sortu se dice que «rechaza» las acciones de ETA, pero no utiliza el término «condena», la Fiscalía sostiene que el análisis no debe ser semántico o referido a que ambas palabras se hayan utilizado indistintamente en autos del Tribunal Supremo, sino que lo que está claro es que sigue «el manual de instrucciones de ETA».
Ocurre, sin embargo, que por una parte el documento al que hace referencia parece estar redactado en euskara y lo que se ofrece después es una traducción, por lo que habría que ver qué términos se emplean realmente en euskara para saber si se habla de «rechazo» o «condena». Pero, además, en dicho «manual de instrucciones» (según terminología de la Fiscalía) se añade que «la izquierda abertzale debe contextualizar las acciones armadas de ETA» y que «debe dar los argumentos políticos mínimos» para situarla; y es evidente que los estatutos de Sortu no contextualizan ni ofrecen argumentos sobre acciones armadas, sino que las rechazan.
En ese mismo ámbito del análisis pericial se asegura que el capítulo preliminar de los estatutos «encierra de modo críptico todo el mensaje que ha ido elaborando Batasuna», puesto que «cada uno de los términos está inteligentemente seleccionado para transmitir un contenido ambivalente».
Resulta llamativo que cuando Sortu dice que busca el «impulso del proceso democrático», la Fiscalía entienda que es «el reflejo criptográfico de una de las ideas básicas en las que Batasuna y ETA han venido coincidiendo». Es más, la Fiscalía sostiene que «proceso democrático» es «un concepto tutelado por ETA» y que su inclusión en los estatutos obedece a «la iniciativa tutelada por ETA» porque ninguna otra formación política lo recoge en sus estatutos.
Datos a la Audiencia Nacional
La demanda de la Fiscalía recoge, como la de la Abogacía, menciones directas a tres de los promotores. El caso más grave es el referido a Sonia Respaldiza, a la que acusan de figurar en documentación de un miembro de ETA para su posible captación. La Fiscalía añade que ha enviado este dato a la Audiencia Nacional, pese a que desde 2002 no se había realizado actuación alguna. La demanda no recoge en ningún momento la nota hecha pública por Sonia Respaldiza el pasado jueves negando cualquier relación con ETA o ese dirigente, pese a que sí hace referencia a otro comunicado de Sortu de la misma fecha.
También mantiene la Fiscalía la acusación en relación a una cuenta de profesores de la UPV para compañeros afectados por la dispersión, sobre el que también ofrecieron explicaciones la pasada semana, evidenciando que no había nada delictivo ni relacionado con ETA.
Conversación manipulada
El colmo del absurdo se alcanza con una conversación telefónica entre José María Compains y su hijo encarcelado por pertenencia a Ekin. Hablan de que Radio Euskadi ha mantenido durante toda la noche la noticia de que «Aralar niega la entrada de Batasuna en NaBai», lo que Compains atribuye a un acuerdo entre «Rubalcaba y Urkullu» y a que «Aralar se ha escorado y forma parte en estos momentos de la entente PSOE-PNV». Y se añade que «van a apretarle ahora a EA».
Pues lo que la Fiscalía deduce de ello es que «Compains reveló su conocimiento de que estaba al corriente de las conversaciones secretas» entre los partidos que «conforman NaBai y Batasuna», aunque no hay mención a esas conversaciones que por otra parte eran de dominio público. Y añade que el único sentido que tiene que el promotor de Sortu hable de Batasuna (nombre que solo emplea al referirse al tenor literal de la noticia que ha escuchado en la radio) es que «identifica de facto a Sortu con Batasuna».
Estos son los argumentos que la Fiscalía presenta al Tribunal Supremo para exigir la no inscripción de Sortu. Lo que el fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, definió el pasado viernes en una conferencia como «complejas argumentaciones jurídicas con las que llenar un vacío normativo».
Hoy se dará otro paso. Los dieciséis integrantes de la Sala del 61 del Tribunal Supremo se reunirán a partir de las 10.00 para estudiar la admisión a trámite de la demanda.
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