Colombia y Estados Unidos firmaron hoy un controvertido acuerdo militar, por el cual tropas de la nación norteña harán uso de bases estratégicas en el territorio nacional, lo que es visto por varios países como una amenaza a la región.
El documento fue rubricado por el ministro colombiano de Relaciones Exteriores, Jaime Bermúdez, y el embajador de Estados Unidos aquí, William Brownfield, en un acto privado que se cumplió en la sede de la Cancillería local.
Varias voces del espectro político nacional, incluido partidos, ven en el citado pacto una violación a la soberanía colombiana y una amenaza a la estabilidad y la paz en la región.
En virtud del mismo -hasta donde han informado Washington y Bogotá- habrá permanentemente en Colombia por lo menos mil 400 soldados estadounidenses, 800 de manera directa y otros 600 bajo condición de contratistas, lo cual es considerado por varios países como un peligro real para el hemisferio.
Según ha trascendido, el acuerdo le permite a tropas de Estados Unidos operar durante los próximos diez años desde las bases aéreas de Palanquero (centro), Apiay (este) y Malambo (Caribe, norte). También podrán utilizar los fuertes del Ejército Tres Esquinas (sur) y Tolemaida (centro), y las bases navales de Cartagena (Caribe) y Bahía Málaga (Pacífico, oeste).
Colombia y Estados Unidos sostienen que este acuerdo está dirigido a fortalecer la lucha contra el narcotráfico, argumento que muchos consideran, incluido gobiernos vecinos, como un pretexto para encubrir las verdaderas intenciones geopolíticas del Pentágono en la región.
En tanto, hasta el momento no se conocen detalles del acuerdo y crecen las preocupaciones en tono al tema de la inmunidad, aspecto sensible para muchos colombianos, toda vez que son conocidas las prácticas de los militares estadounidenses en sus bases desplegadas por el mundo.
El acuerdo no pasó por el control del Congreso, pese a que el Consejo de Estado (máximo tribunal de control administrativo) así lo conceptuó. El Ejecutivo hizo caso omiso argumentando que no se trata de un acuerdo internacional, sino de un convenio simplificado y no implica paso de tropas extranjeras hacia otros países con fines bélicos.
De acuerdo con el embajador norteamericano William Brownfield, el pacto “actualiza” y “moderniza” los convenios que ya existen y datan de 1952, 1962 y 1974. Además, desde el 2000 Colombia mantiene con Estados Unidos el denominado ‘Plan Colombia’, para enfrentar el narcotráfico y los grupos armados ilegales, mediante el cual Washington ha entregado a Bogotá 5.500 millones de dólares.
Desde que se anunció este acuerdo militar entre Estados Unidos y su principal aliado en Suramérica, Colombia, en la región se levantó una ola de rechazo por las implicaciones que entrañan la presencia de tropas norteñas al sur del río Bravo, en un contexto donde se producen cambios sustanciales y progresistas en varios países del área.
De acuerdo con analistas latinoamericanos, esos cambios no parecen que son vistos con buenos ojos por las élites de poder en Washington, pues contravienen sus pretensiones hegemónicas en lo que siempre han considerado su traspatio.
(Con información de Prensa Latina y AFP)
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