el autor|11-05-2007 18:20
¿Preguntas porque no te enteras?
Los gitanos sí se casan, son los payos los que no les reconocen efectos civiles. Una pareja de hecho lo es porque evita esos efectos civiles. Es muy posible que esté contra la institución del matrimonio,la familia, etc. Todo lo contrario que la comunidad gitana. Tampoco digo que el derecho no deba desconocer la realidad de las parejas de hechos e intervenir para evitar igual tipo de situaciones. Pero tío, ponte las pilas, hablamos de gitanos con más de 500 años en España, y ya desde las primeras pragmáticas, hablo de cuando los reyes católicos, se reconocía a las familias gitanas, ¡aunque no se casaran! (ya de paso voy a colgar más abajo el voto particular que glosa mi artóculo). Eso sí, se les nombraba para echarlos. Como por muchos intentos, a la vista está, que no lo consiguieron, ahora las leyes "escrupulosamente" los ignoran, también hoy, más para mal que para bien.
Por cierto, mi primer trabajo de doctorado analizaba toda (desde principios del siglo XX) la jurisprudencia del T Supremo sobre las llamadas uniones extramatimonialesextraconyugales.
RESUMEN DEL voto particular que formula el Magistrado don JORGE RODRÍGUEZ-ZAPATA PÉREZ a la sentencia dictada el 16 de abril de 2007, en el recurso de amparo núm. 7084/2002 interpuesto por doña María Luisa Muñoz Díaz
Esta es la realidad
1.- Doña María Luisa Muñoz Díaz es de nacionalidad española, pero pertenece a la etnia gitana. Reclama pensión de viudedad de su difunto esposo, don Mariano Dual Jiménez, con quien se casó en territorio español por el rito ancestral de los gitanos en noviembre de 1971. Don Mariano era albañil y trabajó por cuenta ajena hasta su fallecimiento el 24 de diciembre de 2000. Cotizó a la Seguridad Social durante diecinueve años, tres meses y ocho días, por lo que a doña María Luisa le corresponderían 903,29 euros mensuales de pensión, que se le reconocieron por la Sentencia, luego revocada, del Juzgado de lo Social nº 12 de Madrid. Doña María Luisa y don Mariano eran titulares de un Libro de Familia, expedido el 11 de agosto de 1983, en el que consta el nacimiento de cada uno de los seis hijos que tuvieron en los casi treinta años que duró su relación conyugal; en octubre de 1986 les fue expedido el título de familia numerosa nº 28/2220/8 de la categoría 1ª. Don Mariano tenía cartilla de beneficiario de la Seguridad Social nº 28/2098958/66, en la que figura indubitadamente como beneficiaria tanto doña María Luisa como los seis hijos de ambos.
Este es el agravio comparativo
El Tribunal Constitucional concedió la pensión a un “payo” viudo cuya relación conyugal no estaba inscrita en el Registro Civil, y sin embargo se la niega a la gitana cuya circunstancia es idéntica a la del “payo” viudo.
2.- Una comparación de estos hechos probados ¾sigue diciendo el Magistrado Rodríguez-Zapata¾ con los que resultan de la reciente Sentencia de nuestra Sala Segunda de 15 de noviembre de 2004 me lleva a la conclusión de que era obligado el otorgamiento de la pensión que reclama doña María Luisa.
En efecto, la STC 199/2004 declaró vulnerado el derecho a la igualdad del viudo de una funcionaria, tras acreditar la existencia de una relación conyugal con ella aunque no su matrimonio que, entre otros extremos que diré, no figuraba inscrito en el Registro Civil. (...)
Pues bien, el caso del viudo de funcionaria con matrimonio no inscrito coincide así, a mi entender en forma decisiva, con el de doña María Luisa en que se reclamaba en ambos pensión de viudedad por dos recurrentes que no tenían lo que afirmaban ser su matrimonio debidamente inscrito en el Registro Civil. El viudo de funcionaria con unión conyugal controvertida y no inscrita obtuvo nuestro amparo, y consiguió su pensión en la STC 199/2004, mientras que la viuda gitana que no ha visto inscrito en el Registro Civil el matrimonio conforme a las costumbres ancestrales de su pueblo ha visto rechazado el reconocimiento de su pensión de viudedad en la Sentencia de la que discrepo.
El pueblo gitano merece la protección que el Tribunal Constitucional le niega
3.- Por otra parte, la integración y el reconocimiento de derechos de las minorías es una de las prioridades del Consejo de Europa. España es Parte en el Convenio-marco para la protección de las Minorías Nacionales, hecho en Estrasburgo el 1 de febrero de 1995 (BOE de 23 de enero de 1998). En toda sociedad pluralista y genuinamente democrática no sólo se debe respetar la identidad étnica, cultural, lingüística y religiosa de cada persona perteneciente a una minoría, sino también crear las condiciones apropiadas que permitan expresar, preservar y desarrollar esa identidad, con el único límite – obligado – del “orden público constitucional”.
Sin embargo, la jurisprudencia de este Tribunal no se ha ocupado hasta ahora de la protección de los usos, prácticas o costumbres de una etnia o colectividad caracterizada, (...) Este Tribunal se ha limitado a afirmar que, desde una perspectiva constitucional, los individuos pueden serlo también como parte de grupos humanos sin personalidad jurídica, pero con una neta y consistente personalidad constituida por cualquier otro rango dominante de su estructura y cohesión, como el histórico, el sociológico, el étnico o el religioso (...)
(...)
La situación que se ha planteado en este recurso de amparo muestra, y además por primera vez en nuestra jurisprudencia, que la protección de las minorías tiene una envergadura constitucional mucho más rica y compleja que la que resulta de estas escuetas declaraciones o de la respuesta que ha recibido doña María Luisa en este recurso de amparo. No hubiera sido necesario que doña María Luisa se vea obligada a recurrir a instancias supranacionales para obtener la protección que reclama.En los supuestos de protección de minorías étnicas, la consecución de la igualdad exige, a mi juicio, medidas de discriminación positiva a favor de la minoría desfavorecida y que se respete, con una sensibilidad adecuada, el valor subjetivo que una persona que integra esa minoría muestra, y exige, por el respeto a sus tradiciones y a su herencia e identidad cultural.
(...)
Los gitanos españoles constituyen un grupo étnico formado por más de medio millón de personas, que se asentaron en España hace 500 años. El legislador español se refería ya a la familia gitana como un mero hecho en la Pragmática de Medina del Campo del año 1499 (Ley 1 del Título XVI, Libro XII de la Novísima Recopilación), bastantes siglos antes de que apareciese en nuestro ordenamiento jurídico “la forma de acceso civil al vínculo matrimonial” “de escrupulosa neutralidad desde el punto de vista racial”, a que les remite el Fundamento Jurídico 4 de la Sentencia de la mayoría.
No basta, en mi opinión, la “escrupulosa neutralidad” de una norma cuando la realidad que se enfrenta ante ella es la de una persona que, como doña María Luisa, pertenece a una minoría étnica que se queja de la injusta igualación de su situación matrimonial gitana, nacida en la buena fe, conforme a las normas ancestrales de su raza y a la conducta correspondiente a los miembros de su etnia con la situación – dice – de una pareja de hecho o de una convivencia more uxorio. Es deseable que la intervención del legislador respecto de estas parejas pueda cubrir en un futuro próximo la situación de la recurrente, pero su queja era, y es, muy distinta: La de obtener protección y respeto para su identidad cultural, sin que existan en el caso problemas de consentimiento, dignidad femenina o prueba que pudieran ser cuestionados desde la perspectiva de lo que he denominado orden público constitucional. Creo que se ha vulnerado a la recurrente su derecho a la igualdad y a no ser discriminada por motivos de raza (art. 14 CE), en cuanto dicha prohibición protege la situación de la minoría gitana, si se trae a colación el art. 14 en relación con el art. 12 del CEDH, como resulta obligado por el juego del art. 10.2 CE (Cfr., aún con fallo desestimatorio, la STEDH Buckley v. United Kingdom, de 25 de septiembre de 1996 y su consideración de la aplicabilidad de los arts. 8 y 14 del CEDH a la etnia gitana).
La Sentencia de la mayoría concluye sugiriendo una intervención del legislador para que las uniones celebradas conforme al rito ancestral de los gitanos pudieran tener efectos civiles matrimoniales (FJ 4 in fine). En mi opinión la validez previa del matrimonio gitano a efectos de Derecho de familia no era necesaria para que otorgásemos el amparo que reclamaba en este caso doña María Luisa. Y es que resulta claramente desproporcionado que el Estado español que ha tenido en cuenta a doña María Luisa, y a su familia gitana al otorgarle Libro de Familia, reconocimiento de familia numerosa, asistencia sanitaria con familiares a su cargo para ella y para sus seis hijos y ha percibido las cotizaciones correspondientes a su marido gitano durante diecinueve años, tres meses y ocho días quiera desconocer hoy que el matrimonio gitano resulta válido en materia de pensión de viudedad (STJUE Becker 8/81, 24).
Por todo ello procedía, en justicia, el otorgamiento de este recurso de amparo. Expreso mi más profundo disentimiento mediante este Voto particular.
Firmado: Magistrado don JORGE RODRÍGUEZ-ZAPATA PÉREZ
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sobre el lecho de Procusto
otra vez el pobre autor|11-05-2007 18:44
Aprovecho para sacarme los colores antes que algún clasista, me refiero a los que estudiaron clásicas, lo haga. Yo, en su tiempo lo hice, pero se me está olvidando.
Me refiero a que referí una versión del mito de Procusto muy libre, muy personal e interesada, puede que también sea porque de siempre me han encantado las versiones más dispares de la mitología, o por las prisas. Muy malintencionado con otro desamparo del Tc perpetrado esta noche quería publicarlo con las del alba, hoy.
¡Me ceñiré al Wikipedia!:
En la mitología griega, Procusto (deformación de Procrustes, en griego antiguo Προκρούστης Prokroústês, literalmente ‘estirador’), también llamado Damastes (‘avasallador’), Procoptas y Polipemón (‘mucho daño’), era un bandido del Ática (en algunas versiones a las afueras de Eleusis). Se le consideraba hijo de Poseidón, y con su esposa Silea fue padre de Sinis.
Procusto tenía su fortaleza en las colinas, donde forzaba a los viajeros a tumbarse en una cama de hierro. Si la víctima era alta y no cabía en la cama, Procusto procedía a serrarle las partes de su cuerpo que sobresalían. Si por el contrario era más baja, la golpeaba con su martillo hasta ajustarla con la cama (de esto viene su nombre). Nadie coincidía jamás con el tamaño de la cama porque ésta era secretamente regulable: Procrusto la alargaba o acortaba a voluntad antes de la llegada de sus víctimas (en algunas versiones, tenía dos camas diferentes).
Procusto continuó con su reinado del terror hasta que fue capturado por Teseo, que lo «ajustó» a su propia cama cortándole la cabeza y los pies. Matar a Procusto fue la última aventura de Teseo en su viaje de Troizen a Atenas.
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