Supongamos que un juez laboral decidiera, a pedido de un abogado que no representa ni a los familiares de la víctima ni a los acusados, dejar libre al asesino de Cabezas. Algo así hizo este lunes la jueza Marta Gómez Alsina.
Había un fallo autorizando el matrimonio de Alex y José María, dictado por la jueza a la que por sorteo le correspondió entender en la causa. Su competencia no había sido cuestionada por las partes ni por el fiscal y su sentencia no había sido apelada.
El plazo legal para hacerlo venció. La sentencia estaba firme. Pero un grupo de abogados presentó varios pedidos de nulidad en diferentes juzgados y fueros, jugando a la lotería con el sistema. Apostaron a que, presentando muchos recursos en diferentes lugares, alguno le podía caer a algún juez “amigo”. Luego de que todos los anteriores fueran rechazados por razones obvias (no eran parte en el proceso, el plazo estaba vencido, etc.), encontraron una jueza dispuesta a inmolarse.
El grupo que presentó los recursos está compuesto por ex funcionarios de la dictadura, abogados defensores de militares acusados de delitos de lesa humanidad, organizaciones antisemitas, admiradores confesos de Franco y Mussollini y fanáticos religiosos de ultraderecha. La magistrada Gómez Alsina, por razones que la justicia deberá investigar, decidió ser cómplice y usar su sello para ponerse al servicio de una maniobra ilegal, impidiendo a dos ciudadanos argentinos ejercer sus derechos constitucionales.
El constitucionalista Daniel Sabsay explicó ayer que el Gobierno de la Ciudad debería ignorar este fallo ilegal y acatar la sentencia de Seijas. Pero pase lo que pase hoy, el matrimonio entre personas del mismo sexo llegará, como llegó el voto femenino, como se terminó la segregación racial en distintos países, como fueron conquistándose cada uno de los derechos de las minorías antes humilladas.
Este fallo podrá retrasar la boda de Alex y José María una semana, un mes. Pero al final se casarán, y no serán los únicos. Habrá otros fallos, otros matrimonios, otras alegrías. El prejuicio se extinguirá como los dinosaurios que lo defienden y en poco tiempo esta discusión sonará absurda.
En un país con instituciones que funcionen, la jueza Gómez Alsina debería ser destituida y juzgada y terminaría presa, por haber abusado de su poder a sabiendas, como parte de una operación política que nada tiene que ver con su deber de magistrada.
En un país con políticos valientes, el Congreso debería reunirse ya para dar una respuesta definitiva e impedir que nuestras familias sigan siendo rehenes del lobby de unos pocos autoritarios que no se acostumbraron a vivir en democracia. Y la única respuesta definitiva es aprobar la ley de matrimonio entre personas del mismo sexo. Están en deuda, pero todavía están a tiempo de pagarla.
Repudio a las injerencias religiosas en la vida privada
Movimiento Apostasía Colectiva
Apostasía Colectiva manifiesta su repudio a la medida cautelar de la Sra. Jueza Martha Gómez Alsina, del Juzgado Nacional en lo Civil 85, que ordena que el Registro Civil de Barrio Norte se abstenga de convertir en esposos a Alex Freyre y José María Di Bello, autorizados previamente por la justicia a realizar la unión matrimonial.
Quienes se oponen a que esto suceda (ex funcionarios de la dictadura, abogados defensores de militares acusados de delitos de lesa humanidad y fanáticos religiosos de ultraderecha) lo hacen en nombre de la fe católica, conjunto de costumbres y creencias que no debe ser impuesta a quienes no la eligen por propia voluntad. La injerencia de la Iglesia Católica y de sus personeros en asuntos públicos y privados, afecta a toda la ciudadanía y vulnera los derechos que nos son reconocidos por ley.
- Tenemos derecho a elegir qué religión profesar y tenemos derecho a no profesar ninguna.
- Nadie tiene derecho a intervenir en la vida privada o pública de otra persona alegando argumentos religiosos.
Convocamos a acompañar hoy 1 de diciembre en Coronel Díaz y Beruti, a las 14 hs (Ciudad de Buenos Aires)
www.apostasiacolectiva.org
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