CASO FALANGE Y TRADICIÓN
La Audiencia Nacional abre un conflicto jurídico al rechazar el caso de Falange y TradiciónIruñea. Falange y Tradición (FyT), el violento grupo de extrema derecha que durante todo 2009 cometió decenas de ataques contra la memoria histórica y amenazó de muerte a varias personas y cargos públicos, utilizó una instalación del Ministerio de Defensa para una de sus reuniones clandestinas. Así lo constata la jueza María Mar Benito Osés, titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Iruñea, en el denso escrito que ha enviado al Tribunal Supremo. La magistrada señala, además, que el grupo ultra tenía firmes intenciones de proseguir su actividad delictiva mediante la captación de adeptos y la compra de armas. Por todo ello, la jueza pretende que sea la Audiencia Nacional (AN) quien juzgue a los cinco detenidos e imputados.
IRUÑEA-. El Supremo deberá dilucidar a quién le corresponde juzgar a Falange y Tradición y, por tanto, si sus actos pueden considerarse "terrorismo". La juez navarra Paz Benito Osés ha decidido llevar la batalla competencial hasta al Alto Tribunal, después de que el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno rechazara el caso contra las tesis de su propia Fiscalía.
La juez Benito, en el escrito remitido al Tribunal Supremo, defiende que los delitos de Falange y Tradición deben encardinarse en el epígrafe de "terrorismo", puesto que detalla que estamos ante "una pluralidad de acciones violentas con clara intencionalidad subversiva, provinientes de un grupo extrema dere- cha, organizado, estable, armado, con vocación de permanencia y jerarquizado".
A juicio de la magistrada de Iruñea, las acciones de Falange y Tradición no pueden ser entendidas como una cadena de hechos delictivos, sino como un todo con "gravedad y capacidad suficiente para amedrentar a un grupo concreto de población". Benito recuerda el propio comunicado del grupo, en el que fijaba como objetivo de sus acciones "a los enemigos de la patria: el separatismo terrorista, el comunismo criminal y el liberalismo anticristiano".
La Fiscalía de la Audiencia Nacional abrió camino en septiebre del pasado año para que los neonazis fueran perseguidos en la Audiencia Nacional. A juicio del fiscal Zaragoza, que estos grupos pretendan alterar la paz pública, subvertir el orden constitucional y atemorizar a sectores de la población es motivo suficiente para procesarlos por el artículo 577 del Código Penal. Zaragoza nombró al fiscal Daniel Campos para el tema, pero éste no consiguió convencer al juez Moreno para que se hiciera cargo de la investigación. Actualmente, otro grupo de carácter neonazi está a la espera de ser juzgado en la Audiencia Nacional por un ataque contra una mezquita en Reus.
Por otra parte, el documento que la juez Benito ha remitido al Supremo desvela muchos de los detalles de la ``Operación Quimera'' que seguían ocultos. La Guardia Civil decidió darla por cerrada tras detener a cuatro navarros (Javier López Monreal, Fermín Domingo Turrillas, David Murillo y José Ignacio Irusta) y a un joven de Irun, Borja Pérez Illera.
El texto remarca que fue la Audiencia Nacional quien dio la orden de pinchar los teléfonos de los acusados, antes incluso de que saliera el comunicado de reivindicaciones con el que se dio a conocer el grupo. Estas escuchas cesaron dos semanas antes de la aparición del manifiesto. La Audiencia Nacional de- terminó el "sobreseimiento provisional" del caso el 8 de septiembre, a pesar de que agosto fue el mes con mayor actividad delictiva por parte de Falange y Tradición.
Irusta era el líder de la banda
En el texto remitido por la juez se detalla que José Ignacio Irusta era el líder de la organización, "quien marca los objetivos, las acciones a realizar, y es quien convoca a la gente para las actuaciones que se van a llevar a cabo". Irusta (que ha confesado ser el autor de todos los actos reivindicados) se encuentra en libertad bajo fianza, al igual que sus compañeros. Tres de ellos abonaron 10.000 euros y los dos más jóvenes, Fermín Domingo Turrillas y David Murillo, sólo 6.000. La Guardia Civil encontró en casa de Irusta una escopeta con su maletín, un rifle de cerrojo de 1954, una bayoneta, un sable y sprays de pintura.
A lo largo de las más de 800 páginas de escrito, la jueza menciona la declaración voluntaria que Rogelio Taboada Plano, delegado en Nafarroa del partido ultra España 2000, hizo el 25 de octubre a la Guardia Civil. Taboada dijo haber participado en la reunión que el 10 de julio de 2009, en plenos Sanfermines, Falange y Tradición celebró en las piscinas de los militares General Mola, ubicadas en la calle Taconera. Según documentación oficial del Ayuntamiento de Iruñea, este recinto, denominado oficialmente Centro Deportivo General Mola, pertenece y es gestionado por el Ministerio de Defensa del Gobierno español. Su uso queda restringido a sus asociados, generalmente militares o sus familiares. El recinto, ubicado en pleno centro de la capital, en la calle Taconera, cuenta con las habituales medidas de vigilancia de los edificios oficiales para prevenir atentados.
Pese a ser propiedad de Defensa y de acceso restringido, Falange y Tradición, con un rosario de actos violentos a sus espaldas, celebró allí el encuentro más numeroso de todos los que tuvo conocimiento la Policía durante la investigación. El fin de la reunión, según las investigaciones policiales y judiciales, era reclutar activistas. En ella, José Ignacio Irusta, El Barbas, considerado por la Policía el máximo responsable del grupo ultra, solicitó a Taboada el número de teléfono de José Luis Roberto, presidente de España 2000, con el fin de obtener armas de fuego para emplearlas en acciones violentas contra integrantes de la izquierda abertzale en nombre de FyT. Taboada confesó después a los investigadores que ante la gravedad de esta solicitud abandonó el contacto y la relación que mantenía con El Barbas.
grupo "armado" La jueza insiste en que la gravedad de los hechos requiere la intervención de la Audiencia Nacional: "Nos encontramos con una pluralidad de actuaciones violentas con clara intencionalidad subversiva, provenientes de un grupo de extrema derecha organizado, estable, armado, con vocación de permanencia y jerarquizado, por lo que procede estimar que la competencia para conocer de la presente causa corresponde a la Audiencia Nacional". Con este párrafo cierra la magistrada Benito el informe remitido al Supremo el pasado jueves 4 de marzo, y hecho público ayer, en el que reitera su convencimiento de que se dan todos los elementos para que la Audiencia Nacional asuma la competencia de la causa.
La juez recuerda, además, que esta causa se inició precisamente ante el Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, que acordó las intervenciones telefónicas que se habían solicitado por la Jefatura de Información de Guardia Civil y que posteriormente acordó su sobreseimiento provisional de la causa. "El Juzgado está yendo en contra de su propio criterio, que ha quedado plasmado en las resoluciones que dictó", añade la magistrada. Además, considera que existen indicios suficientes para estimar su solicitud, "puesto que no nos hallamos ante delitos de daños, amenazas o coacciones aislados, sino cometidos por un grupo estable, que pretende con estas actuaciones una finalidad que va más allá de la intrínseca a los correspondientes delitos".
La juez señala que "los actos llevados a cabo contienen la gravedad y capacidad suficiente para amedrentar a un grupo concreto de población", y recuerda que "todos los objetivos de los ataques se vinculan con la ley de la memoria histórica o con partidos, personas o intereses relacionados con la izquierda abertzale".
La magistrada también menciona el manifiesto que FyT envió a las medios de comunicación el 23 de septiembre de 2009. En él no sólo reivindicaba la autoría de los ataques cometidos hasta esa fecha -que se recogen en la parte inferior de estas páginas-, sino que apuntaba con detalles cuáles eran sus objetivos. Para la jueza, "establece claramente que sus enemigos son el separatismo terrorista, el comunismo criminal y el liberalismo anticristiano"" y advierte de que "actuará con los medios que sean necesarios para la instauración en España de un régimen político verdaderamente cristiano y nacional".
BANDa organizada FyT actuó por última vez en octubre de 2009, apenas unos días antes de que el 23 de ese mismo mes la Guardia Civil diera por desarticulado este grupo con la detención de cinco de sus presuntos miembros y cuyas identidades se conocieron ayer. Se trata de José Ignacio Irusta Sánchez, El Barbas, natural de Bilbao pero con domicilio en Sunbilla; Borja Pérez Illera, nacido en Irun, arrestado en la localidad zaragozana de Villanueva de Gállego y que desempeñaba en esta provincia su trabajo como soldado profesional del ejército; Javier López Monreal, El Lanas, detenido en Orkoien; y David Murillo Eslava y Fermín Domingo Turrillas, ambos arrestados en Barañain.
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