Es la incomunicación la que posibilita la tortura
Las imágenes de la operación de la Guardia Civil en Bizkaia, Galiza y Andalucía recuerdan las de otras tantas operaciones anteriores. Sin ir más lejos, los empellones para meter a los detenidos en los vehículos del instituto militar recuerdan los de los registros de las viviendas de Igor Portu y Mattin Sarasola en Lesaka, por ejemplo. Asimismo, las declaraciones de los diferentes responsables políticos parecen calcos de otras hechas en aquellas ocasiones. Por ejemplo, las realizadas tras cada operación contra el denominado «comando Bizkaia».
En el mismo momento en el que grupos especiales de la Guardia Civil se disponían a asaltar los domicilios de los detenidos ayer de madrugada, llegaban noticias del ámbito jurídico referidas a casos de torturas ocurridos en operaciones como las mencionadas. Por un lado, un juzgado de Madrid determinaba que en el caso del consejero delegado de «Egunkaria», Iñaki Uria, la imputación de cuatro guardia civiles ordenada por una juez de Donostia no tenía fundamento y, en consecuencia, que la denuncia quedaba definitivamente archivada. Por otro lado, el Tribunal Constitucional español sentenciaba recientemente que en el caso del joven navarro Mikel Soto -al igual que ocurrió anteriormente con Alberto Viedma, ambos detenidos en la misma redada policial-, el juez que había instruido su denuncia no había realizado todas las pruebas posibles y pertinentes antes de archivar su acusación por torturas.
Esos casos tuvieron gran repercusión social en su momento y el diferente signo de esas sentencias no cambiarán el convencimiento de una gran mayoría de ciudadanos y ciudadanas vascas que cree firmemente que en todos esos casos, y en muchos otros, los detenidos bajo la «ley antiterrorista» han sido torturados. Y entre otras razones, creen que lo han sido porque esa ley establece un sistema opaco en el que todo está permitido que garantiza que, excepto en contadas ocasiones, esos malos tratos y torturas no puedan ser demostradas. Aunque sólo sea por eso, los responsables políticos conscientes de este hecho deberían medir un poco más sus partes de guerra.
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