Los alumnos pretendían hacer llegar un mensaje al candidato a rector Juan Ignacio Pérez para que respetara su negativa a la aplicación de Bolonia y que se comprometiera a sacar las fuerzas policiales del campus.Manex ALTUNA | LEIOAEl único candidato que se presenta a las elecciones a rector previstas para este jueves, Juan Ignacio Pérez, no quiso escuchar ayer la voz de los estudiantes de la UPV. Ikasle Abertzaleak intentó trasladar un mensaje al responsable académico, pero se encontraron con varios guardas jurado y agentes de la Policía autonómica que reprimieron a golpes la protesta.
La iniciativa coincidió con el claustro en el que Pérez pretendía presentar su programa para los próximos años, aunque el acto fue suspendido por falta de quórum.
Los estudiantes querían hacer llegar un texto en el que se reclamaba al equipo de gobierno de la UPV que respetara la negativa a la aplicación del proceso de Bolonia y que se comprometiera a sacar a las fuerzas policiales del campus.
Sin embargo, los jóvenes que secundaron la manifestación convocada por Ikasle Abertzaleak se encontraron con la puerta del rectorado cerrada.
Los estudiantes trataron de acceder al edificio para llevar a cabo su protesta y fueron respondidos a porrazos por los guardas jurado.
En ese instante, se produjeron los primeros incidentes al caer la puerta y romperse varios cristales. Asimismo, un joven recibió un fuerte golpe en la cabeza por parte de los miembros de seguridad de la UPV, que le provocó una enorme brecha y empezó a sangrar de inmediato.
Los estudiantes consiguieron entrar al final al rectorado, pero al de pocos minutos tuvieron que abandonar el edificio al comenzar a cargar desde el interior los guardas y llegar una docena de ertzainas armados con material antidisturbios.
Los incidentes y las carreras se trasladaron a distintos puntos del campus y los agentes permanecieron en la UPV hasta el mediodía.
Cuatro jóvenes fueron detenidos por la Ertzaintza y, según denunciaron desde Ikasle Abertzaleak, la carga dejó dos heridos, que fueron hospitalizados. Sobre los arrestados, el Departamento de Interior del Gobierno de Gasteiz informó que un estudiante quedó en libertad tras ser identificado y los otros tres fueron acusados de desórdenes públicos y destrozos.
Responsabilidad de la UPV
Ikasle Abertzaleak calificó de «lamentable» lo ocurrido y denunció que la voz de los estudiantes «sigue siendo oprimida tras tres largos años de lucha».
En este sentido, criticó que la «única» respuesta de las autoridades universitarias a cientos de movilizaciones y dos exitosas huelgas generales protagonizadas por el movimiento estudiantil «ha sido la criminalización, el ataque y el enjuiciamiento» del alumnado.
A su juicio, la universidad ha querido proyectar nuevamente su «desentendimiento» con las demandas estudiantiles cerrando la puerta del rectorado y convirtiendo en una «batalla campal» lo que pretendía ser un acto «movilizador, participativo y pacífico» para hacer llegar un mensaje a Pérez.
El movimiento estudiantil declaró que «la responsabilidad absoluta de todo lo acontecido es de la UPV» y anunció que la postura de Pérez en los próximos cuatro años va a ser la de no escuchar la voz de los estudiantes «nos tendrán en frente, nos tendrán que oír». Por ello, desde ikasle abertzaleak se reafirmaron en el llamamiento a la abstención activa en las elecciones del próximo jueves «para darle un no rotundo al equipo de gobierno actual y para responder a los ataques sufridos».
Citaciones a estudiantes
Antes de dar comienzo a la manifestación, cientos de estudiantes dieron una rueda de prensa frente a la cafetería de Leioa en la que dieron a conocer que varios alumnos y representantes de estudiantes en el claustro han sido citado a declarar ante el juez la próxima semana. Según explicaron, los jóvenes fueron identificados el 30 de enero por la Ertzaintza en las protestas que se produjeron tras la celebración del claustro en el que la UPV aprobó una nueva reglamentación y advirtieron que de esa forma «no van a conseguir parar la lucha contra Bolonia».
Por otra parte, desde la plataforma compuesta por más de 200 profesores que han suscrito el manifiesto «Nuestra meta, una Universidad para Euskal Herria», por su parte, mostraron su preocupación porque «los sectores que no fueron capaces de articular una candidatura a rector están pidiendo el voto negativo el jueves».
Según criticaron, el objetivo que persiguen es «abrir un nuevo proceso electoral» en el que se presentarían como candidatura que resolvería los «problemas» como la «regresión retributiva» del profesorado, «presión lingüística injustificable» o la «forzada euskaldunización». Los impulsores de la plataforma señalaron que la «estrategia del no» se enfrenta con los planteamientos expresados en su manifiesto a favor del euskara y condiciones dignas para los trabajadores y pidieron «una reflexión para valorar la mejor forma de defender» los objetivos del manifiesto.
SUSPENDIDOEl claustro en el que el único candidato a rector tenía previsto presentar su programa para los próximos cuatro años fue suspendido por falta de quorum.
REAccioneS
La UPV denunciará a los estudiantesEl rector, Juan Ignacio Pérez, no parece que piensa recapacitar en su forma de actuar ante el movimiento estudiantil, y anunció ayer que la UPV interpondrá una denuncia por el «asalto de extrema violencia» registrado en el campus de Leioa. A su vez, emplazó a la comunidad universitaria a participar en la convocatoria electoral del próximo jueves para «poner en su lugar a los asaltantes y sustentar la libertad». Pérez no quiso referirse a la falta de quorum que impidió que presentara el programa y denunció que «la violencia» registrada es «absolutamente condenable» y además, «inmoral, inútil y completamente estúpida». En este sentido, aseguró que sus autores «se hallan desprovistos de toda legitimidad para plantear revindicaciones en el ámbito universitario e incluso para considerarse universitarios». «Quien practica la violencia es radicalmente contrario a la condición universitaria. La niega, la desprecia y la rechaza», insistió.
El rector aseguró también que en los últimos días se han producido «amenazas y coacciones» a estudiantes «para impedir que ejerzan su legítimo derecho a voto», aunque no aportó ninguna prueba que lo ratificara. GARA
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