Manex ALTUNA

Tras un proceso que se inició hace casi diez años y después de 16 meses de juicio esperpéntico, ayer se vivió un nuevo capítulo del sumario 18/98 con la lectura resumida de la sentencia. El Gobierno español pretendía realizar una demostración de fuerza ante los militantes vascos y organizó un despliegue policial impresionante alrededor de las instalaciones de la Audiencia Nacional en la madrileña Casa de Campo para este día.

Se esperaba que fuera una sentencia ejemplarizante, con condenas altas, pero además había que demostrar fuerza policial. A caballo, en furgonas o coches patrulla, las inmediaciones del tribunal estaban repletas de policías españoles vestidos con su uniforme azul correspondiente o de paisano. La Guardia Civil también se dejaba ver paseando en las cercanías.

Mientras, los imputados que se encontraban en libertad y los allegados con los que se acercaron a Madrid a conocer la sentencia definitiva iban llegando. Y como ya conocían, en la Casa de Campo no son justas ni las decisiones de los tribunales ni el trato personal.

Los agentes comenzaron a agobiar desde el principio a la delegación vasca obligándola a cambiar de acera. Lo más llamativo resulta que los policías que daban las órdenes eran muy jóvenes. Apenas superaban la veintena, e iban vestidos con ropa de monte.

Pasadas las 10.30, los encausados empezaron a intentar entrar en la sala. Un desastre. Aunque parezca increíble con todos los agentes y funcionarios que había dentro del recinto, se formó una larga cola. Y es que tomaban los datos de identificación de las personas a bolígrafo y rellenaban unos papeles con nombres y apellidos.

Para más inri, ni siquiera dejaron introducir periódicos. Los policías se quedaron con una veintena de GARAs y, aunque aseguraron que se los iban a entregar a los procesados, no se sabe si llegaron a sus destinatarios. Ver para creer.

Poco a poco, los abogados defensores, los imputados y los periodistas fueron entrando. Sin embargo, los policías continuaron con sus agravios comparativos. Los miembros de un grupo de extrena derecha eran prácticamente escoltados hasta la sala mientras los amigos y familiares de los encausados de- bían esperar en la calle.

Para la hora en la que se había anunciado la cita, los imputados que estaban en libertad eran los únicos que estaban en la sala. Después entraron los abogados defensores y, tras advertir una policía a los periodistas que no se les iba a dejar pasar, acto seguido entraron los representantes de la extrema derecha.

Los procesados que están encarcelados fueron apareciendo en la sala y los saludos, las sonrisas, el puño en alto y los gestos de complicidad entre abogados e imputados fueron multiplicándose y convirtiéndose en cada vez más emotivos. Dieciséis meses de banquillo y de injusticia unen mucho, como quedó patente en el tribunal.

Los agentes de la autoridad estaban molestos por la situación, pero su enfado fue en aumento cuando los allegados de los imputados empezaron a entrar en la sala. Una policía amenazó a todos los presentes con un rotundo «el que levante el puño se va fuera». Otro policía añadió que eran los procesados los que hacían gestos, a lo que ella respondió con un infantil «esos están ya detenidos».

El inicio de la lectura se acercaba y los nervios de los policías afloraban. Esperaban alguna denuncia y querían impedir a toda costa que la prensa informara de cualquier reivindicación, gesto cariñoso o cara alegre de los procesados. Empezaron a mover a los periodistas. Una fila para adelante, una para atrás, y el mensaje constante de que no se iba a poder seguir el acto desde dentro de la sala.

Otra frase para la historia

Al final, tras marear a todo el mundo de un lado para otro y no permitir a uno de los observadores que ha seguido el juicio sentarse al lado de los abogados, Murillo comenzó hacia las 11.40 a leer la sentencia.

Desde la pecera, sin embargo, advirtieron a la jueza de que no se oía nada y tuvo que detenerse hasta solucionar los problemas técnicos. La actitud autoritaria mantenida por la magis- trada durante el transcurso del juicio será siempre recordada y ayer volvió a aportar otra frase para la historia. Nada más empezar a leer las conclusiones del tribunal, Teresa Toda le interrumpió: «No aceptamos esta sentencia porque es una decisión política». Los policías que custodiaban a los acusados se abalanzaron sobre ella y el resto de los procesados comenzó a cantar el Eusko Gudariak, como hace 37 años, en Burgos. Murillo gritaba enfadada: «Cállese, cállese, fuera de aquí, fuera». Y gesticulaba con la mano. En este momento, se apagaron las cámaras. CNN+ iba a conectar en directo justo entonces, y el presentador se excusó: «Parece ser que ha habido una protesta».

Mientras tanto en la sala, se escuchaban los mensajes censurados: «Demokrazia Euskal Herriarentzat» o «Gora Euskal Herria askatuta!». A Paul Asensio le intentaban reducir de muy malos modos, al igual que a Marta Pérez, a la que por poco se llevan detenida si los abogados no llegan a avisar a los policías de que estaba en libertad. Fueron momentos muy tensos y Xabier Arregi casi se desmaya.

Murillo ordenó la expulsión de todos los procesados que están presos. Además, espetó con su tono autoritario a Marta Pérez y Oiaku Azpiri que también abandonaran la sala y desalojó a parte del público. En concreto, a los allegados de los procesados, que se marcharon dando voces de ánimo y aplaudiendo.

Volvió la conexión televisiva. La jueza dio a conocer el fallo en media hora. Como se había filtrado, las condenas fueron muy altas. Los abogados de los procesados no pudieron evitar mostrar su incredulidad. Sobre todo, cuando escucharon que quedaba probado que no había pruebas para aceptar las denuncias de torturas de Nekane Txakartegi. Para las 13.00 había acabado todo el paripé judicial, y quienes podían ponían rápidamente rumbo a Euskal Herria.

El proceso político bajo formato judicial que se desarrolló durante dieciséis largos meses en la madrileña Casa de Campo alcanzó ayer la estación prevista con el resultado conocido de antemano. Esa misma circunstancia de que ningún agente político y social de Euskal Herria se sorprenda por el resultado de este procedimiento judicial es el primer indicio claro del carácter excepcional de lo ocurrido con el macroproceso 18/98. A partir de ahí, el hecho de que el tribunal haya condenado a una pena global que supera los 500 años de cárcel a 47 personas y les acuse de integrar o colaborar con ETA por desarrollar labores de administración de empresas, de dirección de un medio de comunicación, de promoción de la desobediencia civil o de difusión, ya el ámbito interno ya en el internacional, de un proyecto político se convierte en un elemento que, lamentablemente, se sitúa también en el ámbito de lo previsible. Y es que la sentencia leída ayer por la presidenta del tribunal, Angela Murillo, no descubre nada fundamental, sino que se limita a otorgar marchamo judicial a los mismos informes policiales que sirvieron al juez instructor para detener a personas, cerrar empresas, clausurar medios y declarar la ilicitud de entidades que se caracterizan por tener una amplia y reconocida trayectoria pública en Euskal Herria.

De la lectura de los más de mil folios que tiene la sentencia se puede extraer una primera conclusión. No en el orden jurídico, pues en ese ámbito hay voces más doctas para emitir opinión, sino más bien en el plano del análisis de las implicaciones políticas y sociales que acompañan a esta condena anunciada. Seguramente contra la voluntad del tribunal, la sentencia rezuma sorpresa e incomprensión hacia lo ocurrido en Euskal Herria desde la muerte en la cama del dictador Francisco Franco hasta nuestros días. El tribunal lo demostró ya en el juicio y lo corrobora en esta sentencia de deficiente redacción: no conoce a las personas que juzga, no conoce las entidades que criminaliza y no comprende los motivos de su compromiso personal y colectivo. No oculta su estupefacción el tribunal ante actitudes que no encajan en el modus operandi de la democracia vigilada de que se dotó el Estado español al final del franquismo.

La sentencia castiga a consejeros y periodistas del diario «Egin» y les aplica las condena más elevadas. El tribunal nos relata, entre balances contables que vienen a constatar la precaria situación económica de ese medio, que «Egin» tenía entre sus prioridades «denunciar sistemáticamente la corrupción política y económica» o defender los «valores culturales autóctonos y en especial el euskara». El tribunal condena sin preguntarse por qué miles de lectores vascos (y del Estado) acudían a informarse en ese medio que el sorprendido tribunal señala que surgió con un accionariado popular y que buscó aliviar sus cuentas con cuestaciones entre la ciudadanía y organizaba una fiesta anual al mismo efecto. El tribunal intenta juzgar, pero no puede, a una parte de la historia de Euskal Herria, en este caso del periodismo vasco.

El tribunal escribe que los condenados se declaran militantes del movimiento ecologista, activistas del movimiento popular, militantes de KAS, representantes de organizaciones internacionales con sedes abiertas al público en capitales europeas, miembros de Ekin... El tribunal, sin embargo, no explica por qué, a sabiendas de que la tesis de Garzón pasaba por vincular todas esas actividades a ETA y de que ello puede implicar, como ha ocurrido, purgar largas penas de prisión, estas personas han hecho gala ante el tribunal de dicha actividad. El tribunal no entiende, seguramente, que estas personas hayan dedicado años de su vida a la promoción de ideas, proyectos, organismos, movimientos que son parte indisoluble de la historia reciente de Euskal Herria.

Porque, efectivamente, es eso lo que trata de condenar el tribunal, y no importa que para ello deba caer en la incongruencia o en el sinsentido de extender la integración o colaboración con ETA a supuestos no avalados por tribunales españoles superiores en rango a la Audiencia Nacional. No importa si no se tiene armas ni se da ayuda efectiva para cometer atentados. Tampoco condenar a José Luis Elkoro, aunque ello implique «condenar» la labor mediadora ante ETA a instancias de gobiernos del PSOE que la sentencia le atribuye.

Las torturas delatan al tribunal

Treinta páginas nada menos dedica el tribunal a tratar de zafarse de las condenas de torturas que han planeado sobre el proceso. El tribunal tampoco aquí aporta pruebas, sólo constata su incredulidad. Y pese a lo lacerante del caso incluso se permite expresiones despectivas del tipo «entre compungidas frases, xxx relató...». No se explica el tribunal, y así lo escribe, cómo pueden denunciarse delitos que no encuentran aval en informes de la Guardia Civil, del forense, de la juez, de los carceleros... La respuesta es clara para este país, pero no está al alcance de un tribunal que ayer se delató definitivamente al esforzarse en argumentar el carácter no político de este proceso a la historia de Euskal Herria.