La unidad estratégica del independentismo debería servir –según sus impulsores– para activar una mayoría social que con la lucha ideológica, de masas e institucional llegue a un marco democrático
En Zurich, en mayo de 2007, los mediadores internacionales presentaron a la izquierda abertzale y al Gobierno español una propuesta de acuerdo de base estrictamente democrática. De fondo estaba que, si se aceptaba, ETA se comprometía a «desmantelar sus estructuras militares». La izquierda abertzale dio su visto bueno, pero Madrid dijo no. Y allí se acabó aquel proceso negociador. La izquierda abertzale se había apartado (aunque no lo hiciera formalmente) de la vía marcada en Anoeta y había vuelto de facto a los esquemas de Argel. Por lo tanto, la reacción de respuesta volvió a ser la misma. ETA retomó la actividad violenta. El Estado nunca la había dejado.
En la reflexión sobre lo ocurrido, se observó que en esos parámetros negociadores, pese a que la izquierda abertzale pudiera tener la razón democrática –incluso internacionalmente reconocida–, la simple negativa a aceptarlo de los poderes del Estado español devolvía a todos a las anteriores coordenadas de enfrentamiento. Y así la izquierda abertzale entendió que el terreno en el que el Estado español resulta más débil es el de la confrontación política desarmada. En el debate político ante observadores internacionales de solvencia democrática se queda sin argumentos y pierde.
Durante meses, en las direcciones de las diferentes organizaciones de la izquierda abertzale se estuvo analizando y tratando esta cuestión. Se contactó con intermediarios y observadores internacionales y se conversó con partidos y sindicatos vascos. Y cuando Batasuna se disponía a poner en manos de su militancia un documento al respecto, policías a las órdenes de Alfredo Pérez Rubalcaba y con el beneplácito de Baltasar Garzón, procedieron a la detención de nueve dirigentes independentistas. De ellos encarceló a Arnaldo Otegi, Rafa Díez, Sonia, Jacinto, Arkaitz Rodríguez y Miren Zabaleta, que todavía siguen en prisión.
La razzia provocó la respuesta masiva y unánime del abertzalismo –con una enorme manifestación en Donostia–, y los intentos propagandísticos del Ministerio de Interior de presentar la operación como el desmantelamiento de una nueva
dirección de Batasuna a las órdenes de ETA quedaron pronto en ridículo. Además, lejos de abortar el debate en la izquierda abertzale, el golpe de Rubalcaba no hizo otra cosa que acelerarlo.
Las bases de Batasuna finalizarán en las próximas semanas las asambleas en las que han ido analizando la coyuntura política actual, el documento de su dirección y están ya en fase de ir haciendo aportaciones. La participación está siendo amplia y se observa en ella la recuperación de personas que en los últimos tiempos habían dejado de intervenir en acciones orgánicas. Ha habido opiniones variadas y la mayoría de ellas son acordes con el contenido de la propuesta base.
Contrariamente a lo difundido por determinados medios con ánimo intoxicador, la militancia de Batasuna no ha trabajado sobre dos ponencias contrapuestas. Si el documento llamado “Mugarri” fue redactado alguna vez como alternativa o complemento, la práctica demuestra que sus promotores lo retiraron antes de comenzar las asambleas de debate. Otra cosa es que haya circulado entre algunos militantes, pero sin la importancia en el debate que los intoxicadores han pretendido atribuirle.
Las líneas en las que en la actualidad se mueve la izquierda abertzale y las que definirán su acción de futuro parecen estar bien recogidas en los principios y voluntades que más de un centenar de militantes referenciales de los más diversos ámbitos que componen la izquierda abertzale hicieron públicos el 14 de noviembre en Altsasu. Allí, la izquierda abertzale se comprometió con un proceso pacífico y democrático con el objetivo de que el pueblo vasco «libre y sin intimidación de ningún tipo, determine libremente su futuro». Su decisión es unilateral, aunque para su desarrollo requerirá «acuerdos bilaterales o multilaterales». Pero se dejó muy claro que «no se trata de conocer o esperar a lo que el resto de agentes están dispuestos a hacer, sino aquello que nosotros y nosotras debemos y tenemos que hacer. La nueva fase necesita de nuevas estrategias, políticas de alianzas e instrumentos».
La finalización del debate requerirá de algún tipo de pronunciamiento público, que a la postre sea aceptado por todos, sobre las conclusiones alcanzadas, tanto de cara a la propia militancia como a aquellos sectores políticos, sociales y sindicales que están dispuestos a acumular fuerzas en el proceso democrático.
La apuesta de la izquierda abertzale para un «cambio de ciclo » es una bomba de relojería cuyos efectos destructivos sobre el statu quo son todavía impredecibles. Pero quizá sirva de indicador comprobar que los principales ataques e intentos de desestabilizar el debate parten del Ministerio del Interior y encuentran buen eco en los medios más próximos a Sabin Etxea. Será eso lo que Rubalcaba definió el martes como «buenas relaciones, especialmente en la lucha contra el terrorismo», entre el Gobierno español y el PNV, cooperación que, recordó el ministro, es «antigua».
La acumulación de fuerzas del independentismo de izquierda va a tener, indudablemente, un efecto electoral, que en el futuro más inmediato (2011) choca con la estrategia de Estado de hacer que el tándem PSE-PP en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, y el formado por UPN-PSN en Nafarroa, acumulen el mayor poder foral y municipal posible.
En ese contexto, es evidente que no será el Estado quién dé facilidades a lo que recientemente en Aritxulegi se nombró como «gune independentista» o lo que EA llama «confluencia estratégica de las fuerzas soberanistas independentistas de izquierda ».
Es una apuesta no exenta de riesgos, entre ellos el de ser hostigados por el Estado. Quienes vayan a sumarse a él deben ser conscientes de ello. EA dice estar dispuesta a asumir ese coste, pero en algunos de sus últimos movimientos y en las entrevistas de algunos de sus dirigentes actuales e históricos parece haber mayor interés por defender la «virginidad» del partido –llegando a poder herir a futuros socios– que por situarse en esquemas de confrontación con el Estado. EA aprobó el pasado 21 de noviembre, tras un proceso interno, un documento a cuyo contenido no siempre se han atenido sus dirigentes en sus declaraciones, tal vez más por inercias del pasado que por intencionalidades ocultas.
A buen seguro, con voluntad de las partes, las contradicciones de cada cual podrán superarse con el tiempo y la reflexión conjunta, para alcanzar la formación de un punto de encuentro de independentistas que rompa con los actuales moldes estratégicos e institucionales. Podría tener por un lado el efecto de anular las operaciones de Estado que unen en esta tierra a la supuesta izquierda y a la derecha españolista y que pretenden copar el poder en todas las instituciones. Y, por otra parte, podría hacer que el PNV se decante de una vez por apostar por Euskal Herria o por volver al ciclo autonomista y lo haga con todas las consecuencias. (También Aralar deberá definir dónde quiere estar).
Pero, lo que es más importante, esa unidad estratégica debería servir –según sus impulsores– para activar una mayoría social que a través de la lucha ideológica, de masas e institucional, lleve a este pueblo primero a un marco verdaderamente democrático y, desde allí, si la sociedad así lo quiere, a la independencia.
En todo caso, tanto si estas expectativas se cumplen total o parcialmente, lo que no cabe duda es que supondrán un cambio estructural en la situación política de Euskal Herria. Y deberían llevar, también, a un cierre dialogado de las heridas abiertas en todas las partes en conflicto.
Es decir, que mientras las fuerzas políticas del país abren el camino a que la ciudadanía pueda decidir libre y democráticamente sobre su futuro sin otro límite que la voluntad popular y sin violencia o la amenaza de su uso, la izquierda abertzale considera necesario que «debe establecerse un proceso de negociación entre ETA y el Estado español que verse sobre la desmilitarización del país, liberación de presos y presas políticas vascas, vuelta de exiliados y exiliadas y un tratamiento justo y equitativo al conjunto de víctimas del conflicto».
Resulta patente que el Gobierno de Zapatero, en lugar de allanar este camino, opta por nuevas vueltas de tuerca represivas sobre las presas y presos y sus familiares, en un ejercicio de violencia ruin sobre quienes no pueden defenderse, salvo a costa de dañarse a sí mismos para mantener su dignidad. Las últimas «innovaciones », como la de cachear a los familiares en los vis a vis, dan la medida de la catadura moral de los responsables de Interior y de su jefe en la Moncloa, que cuenta como «detenidos de ETA» a gentes que hacían vida civil y pública en Euskal Herria.
Rubalcaba, que en los últimos días ha caído en el esperpento –en el que ayer le acompañó Zapatero diciendo que la alarma de atentados responde a «una estrategia contra ETA que no puedo explicar»–, aparece como un ministro superado por acontecimientos que no consigue controlar y que ya sólo aspira a
torpedear. Las acciones de guerra parapolicial con secuestros y desapariciones, sus reuniones con PNV y Aralar –entre otros–, su ventanilla de papeles tóxicos, su nómina de periodistas que dicen hoy una cosa y mañana la contraria, son muestras de su desazón porque la estrategia de la izquierda abertzale puede amargarle el feliz año nuevo.
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