Así lo anunciaron ayer representantes de Etxerat en una rueda de prensa en Bilbo, tras constatar que los derechos de sus familiares y amigos siguen sin ser respetados por los estados español y francés.
Los representantes de Etxerat, asociación que ya ha cumplido veinte años defendiendo los derechos de los presos políticos vascos, afirmaron que surgió como «consecuencia de la criminal política vigente».
«No se trata de algo que hayamos elegido -explicaron en su comparecencia-, es algo que hemos tenido que hacer a la fuerza. No nos ha quedado otro camino para poder defender los derechos, una y otra vez pisoteados, de nuestros familiares, amigos y amigas encarcelados. Somos los principales testigos y transmisores de dichas vulneraciones ante la sociedad vasca».
Recordaron que Etxerat es una asociación que reúne a personas «de todos los ámbitos de la sociedad vasca». «Por tanto -insistieron-, estamos hablando de sujetos con derechos que no han tenido otro remedio que organizarse para poner freno a la constante violación de los derechos de nuestros familiares, amigos y amigas encarcelados. No nos ha quedado otro camino frente a la pasividad e inacción institucional». Junto a ello, recordaron que han conocido diversas fases dentro de la política penitenciaria impulsada por los estados español y francés hacia el colectivo de presos. Como ejemplos, señalaron las cárceles post franquistas, el «régimen militar» de Carabanchel o Puerto, la creación de nuevas prisiones de máxima seguridad y la dispersión.
La conclusión que sacaron de esta política penitenciaria es que ambos estados «han tenido siempre el mismo objetivo: vulnerar constantemente los derechos de nuestros familiares en prisión para así poder destruirlos como personas».
«Y no sólo eso -agregaron-, sino que el trabajo de los familiares también ha sido reprimido en numerosas ocasiones». Como ejemplo, apuntaron «el brutal ataque» que sufrió uno de sus autobuses camino de Herrera de la Mancha. A juicio de Etxerat, el objetivo es «perpetuar la carta blanca de la que goza la criminal política penitenciaria vigente» y establecer «un blindaje para la vulneración de derechos».
«Buscan ampliar los espacios de impunidad -precisaron-, tanto dentro como fuera de las prisiones. Quieren que la sociedad vasca sea ciega, sorda y muda. Así, en lugar de buscar una solución definitiva, han optado por saciar sus ganas de venganza». Aun así, se mostraron convencidos de que, «con el compromiso de todos, tendremos a nuestros familiares vivos y en casa, con todos sus derechos respetados».
Pese a los obstáculos, ayer hubo actos de los presos en Antzuola, donde se concentraron 30 personas; en Bilbo, 100; en Lekeitio, 110; en Galdakao, 83; en Zornotza, 105; en Mundaka, 20; en Ugao, 27; en Ondarroa, 152; en Algorta, 63; en Deustua, 220; en Zorrotza, 31; en Getaria, 35; en Zarautz, 170; en Soraluze, 61; en Legorreta, 18; en Lazkao, 72; en Mutriku, 60; en Hernani, 425; en Andoain, 32; en Lezo, 39; en Iturrama, 61; en Barañain, 37; en Iruñea, 320; en Lizarra, 35; en Etxarri Aranatz, 77; en Amurrio, 30; en Berriozar, 50; en Elizondo, 23; en Arbizu, 65; en Bera, 16; en Tafalla, 57; en Gasteiz, 396; y en Errenteria, 245 (según vecinos de esta última, la Ertzaintza retuvo a un joven de 15 años y lo golpeó).
En Lizartza, por su parte, 55 personas protestaron contra la Corporación del PP.
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