Para entender los distintos procesos de negociación entre ETA y el Gobierno español debemos antes retrotraernos en el tiempo, allá por los comienzos de los 70, y analizar los debates que se dieron en ese momento, sobre el papel que debía tener la lucha armada en el proceso de liberación y quién tenía que ser el sujeto político que se encargaría de asumir sentarse frente al Estado y desarrollar un proceso político en consecuencia.
Ya a comienzos de los 70 y sobre todo, a mediados de esa década, se vislumbraba el cambio de régimen en el Estado español, la dictadura dejaba paso a una democracia burguesa nacida de la reforma del Régimen y no de la ruptura política. Para provocar que el proceso de cambio fuera irreversible, acelerarlo y mantener la ruptura en Euskal Herria, la organización ETA decide la ejecución del Almirante Carrero Blanco, sucesor del Dictador al frente de la jefatura del Estado español.
Para afrontar la nueva situación surgieron, en el debate interno de ETA, dos posturas que, a grandes rasgos y de manera somera, se pueden resumir como sigue:
1-La primera inspirada en el modelo organizativo de los tupamaros uruguayos, propone una estructura político-militar: ETA (pm). Los organismos políticos y militares actuarán autónomamente a nivel de base pero desarrollarán su actividad bajo una dirección única. En Enero de 1975 se crean organizaciones de masas para funcionar en el campo de la acción política. Para los polimilis, vista la imposibilidad de una victoria militar, la lucha armada debe basarse en el concepto de “guerra de desgaste”, que obligue al enemigo a una negociación política. Ya en 1976, se evidencia la necesidad de crear un partido vanguardia que dirija el proceso de liberación y que actúe en el nuevo marco legal. La lucha armada pasa a ser el garante de las conquistas de la clase trabajadora.
2-La segunda, el sector más reducido. Compuesto por militantes del Frente Militar, sostienen que la crisis del sistema llevará a la creación de instituciones democráticas, partidos políticos, sindicatos… y que será importante participar en ellos. Sin embargo la lucha armada seguirá conservando una función determinante. Así, los milis proponen una separación entre la organización armada y las organizaciones obreras. Los milis creen que un partido de “vanguardia”, que actúa en la legalidad y dirige el proceso, corre el riesgo de ser asimilado por parte del reformismo burgués. Para éstos, la lucha armada es el único elemento inaceptable para la burguesía y por lo tanto, la única garantía de alcanzar los objetivos finales.
Ambas concepciones, mili y polimili, marcarán, bien o mal, los distintos procesos negociadores que se han dado con el Gobierno español. En función de cómo se conciba la forma de liderar la liberación nacional y las personas que se encuentren en esos momentos al frente de la organización, se actúa de una manera u otra. Tan sutil como importante.
Los planteamientos mili y polimili no se pueden contemplar como líneas irreconciliables, más bien todo lo contrario, la interrelación es un hecho como lo demuestra la realidad actual. El tiempo, el análisis, y la práctica, unirán las dos ramas de ETA en una sola organización en la que sus miembros estarán marcados por sus vivencias personales, muy distintas quizá, pero que no serán un inconveniente para proseguir juntos el camino hacia la libertad de Euskal Herria.
Hay tres procesos de negociación especialmente importantes para ver la evolución de ETA en cuanto a su concepto de negociación, sobre quién lo debe liderar y qué papel adquiere la lucha armada en cada situación concreta. Los tres procesos negociadores claves para entender lo que planteamos son los siguientes:
1-El proceso de Argel.
2-La tregua durante los acuerdos de Lizarra-Garazi.
3-Las negociaciones de Loyola
ARGEL, EL PRIMER SALTO HACIA UN PROCESO NEGOCIADOR.
Allá por el año 1988 y en concreto el 8 de Enero, ETA declara una tregua unilateral. Comienza un período en que las dos partes, Gobierno y ETA, se enfrentarán en el terreno del diálogo directo. La necesidad de establecer unas reglas llevará a ETA a dar un margen de confianza al Estado español, en el que no todos están de acuerdo con el diálogo con la organización armada. La aceptación por parte de ETA de una tregua unilateral representa un repliegue en sus propias posiciones, ante la posibilidad de llevar al Gobierno español a un diálogo político directo, que hasta entonces Madrid siempre había negado.
Para ETA, la negociación se situaba en el contexto de la estrategia de guerra prolongada de desgaste. Frente a tesis insurreccionistas de su primera época, habían entendido, ya desde 1978, la inviabilidad de la victoria militar, adoptando la que llamaron “táctica de conquistas irreversibles”, mediante la creación de correlaciones de fuerzas favorables a la negociación.
ETA expresa su postura sobre la marcha de las conversaciones en una entrevista de Antton Etxebeste al diario Egin. Antton subraya una vez más la función que ETA se asigna en el contencioso histórico entre el Imperio y el pueblo vasco:
“ETA no ha pretendido en ningún momento arrogarse una representación exclusiva en torno a este proceso, sino que, al contrario, lo único que ha pretendido es ser la punta de lanza de un proceso que integre al pueblo vasco en el camino de la democracia y de la normalización ciudadana”
Tras la ruptura de las conversaciones de Argel ETA define, incluso, el papel de la lucha armada en la nueva coyuntura:
“En las actuales condiciones del enfrentamiento entre Euskadi Sur y el Estado español es impensable la renuncia a la lucha operativa o su relegación a un segundo plano a favor exclusivo o casi exclusivo de la lucha política-institucional, ya que se negaría el papel determinante (codeterminante sería tal vez el término exacto) que juega la lucha armada en el desarrollo del proceso. De la misma manera es impensable en estas mismas condiciones pretender actuar como si el recurso a la lucha armada y su desarrollo pudiera enfrentarse pos sí solo a la casi totalidad del peso ofensivo del enemigo y establecer una relación de fuerza favorable a las reivindicaciones y tesis del MLNV”
SEGUNDA PARTE
Retomemos la cuestión desde la ruptura de Argel. La organización ETA comienza a contemplar sus límites de maniobra en un proceso político negociador y por ende, los límites de la “línea mili” tomada como correcta en los años 70 y 80. Sus comunicados, como hemos podido leer en la primera parte de esta exposición, son una buena muestra de ello. Roto el proceso de Argel llegan las inevitables reflexiones sobre el modelo organizativo y sus influencias positivas y negativas a la hora de afrontar el siguiente asalto a la negociación política. La ruptura de Argel además, viene acompañada de una serie de consecuencias políticas para el futuro del MLNV que no se calibrarán correctamente hasta pasados unos años.
En Argel, ETA y muchos de sus dirigentes de la época, tiene sobre sus espaldas el peso histórico de un acontecimiento vital muy importante: El hundimiento del Bloque político-militar de manos del partido creado para dirigir el proceso de liberación, EIA (Partido para la revolución vasca). La poca confianza de los militantes de ETA en los políticos es un hecho incontestable, la experiencia con el PNV, lo ocurrido con el desdoblamiento teorizado en la Ponencia Otsagabia , lo sucedido con los Bereziak, la línea de EIA… marcan aún más si cabe, las precauciones y cautelas que ETA toma respecto a los políticos.
LIZARRA-GARAZI, EL SEGUNDO ASALTO.
Pero esa desconfianza histórica respecto a los políticos, no se puede prolongar si de verdad se intenta abordar un proceso negociador a fondo, esto inevitablemente va a repercutir en las concepciones sobre “quién dirige el proceso y el papel de la actividad armada.” La ruptura de las conversaciones de Argel ha tenido secuelas para las dos partes, aunque como era previsible, ETA y la izquierda abertzale han soportado el mayor coste político.
ETA sigue considerando, ahora más que antes, que la acumulación de fuerzas es imprescindible para abordar un proceso negociador en condiciones. El 12 de Septiembre de 1998 se plasma en Lizarra un acuerdo firmado por todas las fuerzas políticas de ámbito abertzale en el que se considera que el conflicto vasco es de carácter político y que sólo mediante la política se puede solucionar. La resolución del conflicto se hará sobre la base de la ausencia de toda expresión de violencia.
ETA declara una tregua facilitando el desarrollo del Pacto de Lizarra en los parámetros acordados. La izquierda abertzale se presenta agrupada en la candidatura de EH obteniendo unos resultados electorales espectaculares aunque también el Partido Popular de la mano de Aznar y Mayor Oreja cosecha unos resultados favorables.
Pero pronto se visualizan los intereses políticos de las distintas formaciones nacionalistas. La negativa del Estado a negociar una salida al conflicto no hace sino abundar en los diferentes intereses que priman en los partidos. Un ejemplo claro se localiza en el PNV, siempre temeroso de su pérdida del Status Quo. También hay que decir que la izquierda abertzale no ha desarrollado un verdadero movimiento de masas capaz de enfrentarse al Estado. ETA se arroga el papel de garante del proceso…y es acusada por ello desde instancias políticas de sectores nacionalistas de entrometerse en cosas que no le competen. Una vez más los políticos vuelven a fallar.
La ineptitud política es descargada sobre ETA a la que se la acusa de impaciencia e inmadurez, pero los resultados de la tregua más larga de ETA es la total falta de compromiso de la clase política en la resolución del problema político. El Estado conoce perfectamente las debilidades de los partidos nacionalistas y desea prolongar el proceso hasta cotas que lo hagan inefectivo. El PNV a su vez, cree que ETA no se atreverá a romper el Pacto, visto el capital político acumulado por la izquierda abertzale, y entra en el juego del Estado, paralizando toda iniciativa que conlleve un escenario nuevo de lucha.No se genera una movilización capaz de plantar cara al Estado en términos democráticos, el coste personal de tal enfrentamiento resulta demasiado duro para muchos de los autodenominados nacionalistas y la izquierda abertzale no ha desarrollado un verdadero movimiento de lucha de masas. Los intereses de clase del regionalismo vasco prima sobre los intereses populares y una vez más la ruptura se hace inevitable.
El panorama general no puede ser más desolador, la conclusión es clara, el papel de la lucha armada sigue vigente a pesar de las condiciones tan difíciles en las que se desarrolla, pero es la única capaz de abrir escenarios nuevos. Respecto a quién es el sujeto que dirige el proceso es harina de otro costal. Lizarra es el punto de inflexión de un traspaso de poderes desde ETA hacia los sectores populares más concienciados. La línea del Bloque político-militar no parece haber fracasado del todo.
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