El Gobierno informó que se eliminarán alrededor de 10.600 puestos de trabajo en la Administración General del Estado, lo cual equivale a la reducción de hasta el 3% de las vacantes de la AGE.
Esta medida se enmarca dentro del plan austeridad exigido por Bruselas y cumplido a rajatabla por el estado español.
La medida afectará a departamentos, organismos, entidades gestoras y servicios comunes de la Administración del Estado, Seguridad Social, Agencias Estatales, entes públicos y entidades públicas empresariales.
Según María Teresa Fernández de la Vega, una vez que haya sido puesta en práctica esta medida, quedarán suprimidos unos 16.000 puestos de trabajo en la Función Pública.
Según Agencias, de la Vega, habría declarado que esto “evitará que se produzcan “desviaciones al alza” de las masas salariales de los funcionarios”.
Muchos de los periódicos del Estado españolpresentan la noticia de esta manera: “El Gobierno ahorrará 250 millones de euros al reducir 10.600 empleos de funcionarios”.
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