El delito de piratería aparece en el capítulo relativo a las vulneraciones contra la comunidad internacional y recoge los postulados del convenio Montego Bay sobre el Derecho del Mar, así como la Convención sobre la Navegación Marítima. En principio serán condenados a penas de 10 a 15 años de cárcel quienes utilicen la violencia, la intimidación o el engaño contra barcos o plataformas marinas. También está previsto el encarcelamiento de uno a tres años para quienes se resistan a las órdenes de un buque de guerra al servicio del Estado «con ocasión de la prevención o persecución» de un grupo de piratas.
Guerra de informes y comunicados entre el Ministerio de Defensa, la Moncloa y la Audiencia Nacional. El enfrentamiento institucional que este jueves presentan los medios de comunicación ha conseguido enturbiar, aún más si cabe, el caso de los piratas encarcelados y la solución a la crisis del ‘Alakrana’. Ángel Juanes, presidente de la Audiencia Nacional, ha emitido este mediodía una nota informativa en la que responsabiliza al Gobierno de que los dos secuestradores somalíes hayan llegado a España, y respalda la actuación de Baltasar Garzón.
La presidencia de este tribunal parece haberse cansado de las informaciones que cuestionan el trabajo de la Audiencia, así como de las presiones del Ejecutivo para encontrar el modo de devolver a Somalia a los piratas. El comunicado subraya que Garzón actuó como juez de guardia en respuesta a una denuncia de la Abogacía del Estado, y que nunca reclamó al Gobierno que los detenidos fueran trasladados a España. Asimismo, asegura que el juzgado y Garzón “desconocían que existiera intención de traslado de aquellos a un tercer país”.
“Ningún juez de la Audiencia Nacional ha reclamado para sí la competencia del caso, ni exigió que se presentara denuncia alguna. Una vez presentada la denuncia por la Abogacía del Estado, se resolvió sobre la competencia previo informe del Ministerio Fiscal”. Por ello, Juanes explica que el tribunal se limitó a “legalizar la situación de dos personas privadas de libertad tras el abordaje del esquife por la Armada española”.
Defensa asegura que se decidió por “unanimidad”
Esta aclaración de la Audiencia cuestiona abiertamente la actuación del Gobierno, que decidió detener a los piratas y abrir el proceso en España, y que ahora busca desesperadamente la fórmula de retornarlos a África. La nota incide además en el enfrentamiento que, según han informado El Mundo y la Cadena Ser, divide a Moncloa con Defensa. La emisora de Prisa ha informado sobre la existencia de un informe de la inteligencia militar que desaconsejaba el apresamiento de los dos secuestradores, y que no fue tenido en cuenta por José Luis Rodríguez Zapatero ni por María Teresa Fernández de la Vega.
Por su parte, El Mundo señala que Defensa intentó que los dos piratas fueran enviados a Kenia, pero que De la Vega impuso el criterio de que fueran traídos a España. Ante este cúmulo de informaciones, el Ministerio que dirige Carme Chacón ha asegurado que la decisión de detener a los piratas se tomó por “unanimidad” en el seno del Gabinete de Crisis. De acuerdo con Defensa, se siguieron los informes que poseía el jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), José Julio Rodríguez, quien ordenó actuar a la fragata Canarias.
El Gabinete de Crisis está presidido por De la Vega e integrado por Chacón, Miguel Ángel Moratinos, el JEMAD, Elena Espinosa; el director de gabinete de Zapatero, José Enrique Serrano; y el director del CNI, Félix Sanz.
Pedraz complica el retorno de los piratas
Al margen de las batallas políticas, el juez Santiago Pedraz continúa con la instrucción del caso y este jueves rechazó retirar a Abdu Willy la imputación de asociación ilícita porque ahora “no es el momento procesal oportuno”. Este era uno de los requerimientos que había hecho el nuevo abogado del somalí, Francisco Javier Díaz Aparicio, para facilitar una salida legal a la crisis, consistente en utilizar la Ley de Extranjería para expulsar a los piratas tras imponerles una pena reducida.
Por otra parte, Pedraz ha remitido un oficio JEMAD para que ratifique el informe elaborado sobre la detención de los piratas. Con este trámite, el magistrado quiere que queden identificados los militares que actuaron en esas detenciones, a los que, según han informado a Efe fuentes jurídicas, no llamará a declarar pues con la ratificación del mencionado informe es "suficiente".
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