El pasado miércoles seis de mayo el Consejo Directivo Nacional de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) hizo público un pronunciamiento denunciando que el Gobierno ha emprendido la política de “agredir sin miramientos”. La respuesta gubernamental ha venido a confirmar el motivo de la denuncia. El viernes ocho se acuerda, el sábado nueve se publica y el domingo diez entra en vigor un Decreto Supremo de la Presidencia del Consejo de Ministros, refrendado por el Ministro de Defensa, la Ministra del Interior, la Ministra de Justicia y el Ministro de Energía y Minas, decretando el Estado de Emergencia en diversos distritos de los Departamento de Cusco, Ucayali, Loreto y Amazonas, las zonas indígenas donde se desarrolla una fuerte movilización desde hace un mes.
El decreto de declaración de tal estado de excepción explica en un enfático preámbulo que las actividades de las empresas extractoras que operan en los territorios indígenas del caso son de “interés público” al tiempo que guarda el más clamoroso silencio sobre los derechos de los pueblos que los habitan desde tiempos anteriores a la presencia no sólo de las empresas, sino también del Estado peruano mismo. El pronunciamiento de la AIDESEP se refiere a esto segundo: “En nuestros territorios no hemos consentido la presencia de empresa alguna, por no haber sido consultados de conformidad con lo que disponen las normas internacionales como el Convenio 169-OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas del mundo”. No sólo se trata de una presencia humana, sino también del derecho que le corresponde a ser consultada conforme al ordenamiento internacional de los derechos humanos.
En concreto, la movilización indígena, movilización que viene desarrollándose en las últimas semanas y que la declaración del estado de excepción intenta doblegar, reclama la derogación de nueve decretos extremamente lesivos para indígenas que se aprobaron sin consulta bajo la cobertura forzada de las facultades extraordinarias conferidas por el Congreso al Gobierno para “facilitar la implementación del Acuerdo de Promoción Comercial Perú-Estados Unidos”. El primero quedó habilitado durante buena parte del año pasado para promulgar decretos con pleno valor de ley sin control ninguno del Congreso, lo que se aprovechó para dictar unos cuantos contra los derechos de los pueblos indígenas, unos derechos que el propio Gobierno está comprometido internacionalmente a reconocer y garantizar.
En realidad eran once los decretos especialmente lesivos para indígenas, pero la movilización de hace diez meses ya condujo a la derogación de los dos peores. Para dirimir el problema de los restantes, a continuación se organizó en el Congreso una Comisión Multipartidaria Encargada de Estudiar y Recomendar la Solución a la Problemática de los Pueblos Indígenas. En diciembre pasado emitió su Informe sobre los Decretos Legislativos vinculados a los Pueblos Indígenas promulgados por el Poder Ejecutivo en virtud de la habilitación dicha. Su recomendación fue la de que se tomara seriamente en consideración la derogación de todo ese manojo de decretos “por ser contrarios al orden constitucional referido a las comunidades campesinas y nativas, así como al derecho a la identidad étnica y cultural, y a la aplicación e interpretación de tratados”, como principalmente el mencionado Convenio 169, el Convenio de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes.
Frente a la misma posición favorable a acordar la legislación con la Constitución y el derecho internacional, posición que ha venido ganando terreno en el seno del Congreso, el Gobierno ha impedido hasta hoy que se proceda a dicho reajuste del ordenamiento peruano. La AIDESEP ha propuesto la formación de una Mesa de Diálogo entre partes a la que el Gobierno ha respondido con el Estado de Emergencia o, mejor dicho, con las agresiones “sin miramientos” que se comenzaron a acometer sin la cobertura de dicha declaración de excepción y así atropellando la Constitución no sólo en cuanto al reconocimiento de derechos indígenas, sino también respecto a las garantías de las libertades más elementales. La declaración de emergencia se vale de la Constitución, que es todavía la fujimurista, para permitir el atropello de todo derecho de personas, comunidades y pueblos indígenas en las zonas que se especifican.
El decreto de declaración de la excepción activa la previsión del inciso primero del artículo 137 de la Constitución, conforme al cual, para el “caso de perturbación de la paz o del orden interno, de catástrofe o de graves circunstancias que afectan la vida de la Nación”, “dando cuenta al Congreso” y sin necesidad de su consentimiento, “puede restringirse o suspenderse el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la libertad y la seguridad personales, la inviolabilidad del domicilio, y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio” durante el término máximo de sesenta días, prorrogables mediante nuevo decreto, sin más cautela sustancial que la de que “en ninguna circunstancia se puede desterrar a nadie”. El Gobierno no se contenta además con restringir, sino que suspende en su totalidad tales derechos para “la ejecución de acciones inmediatas” de un carácter encima militar. Imagínese lo que puede hacerse con todo esto frente a indígenas bajo la presión de las empresas extractoras.
Alberto Pizango, presidente de la AIDESEP, ha descalificado la medida como “una clara provocación y una alta agresión por parte de las empresas transnacionales que obedece el Gobierno peruano”. No es un juicio de intenciones. El decreto de excepción es transparente. Todo su preámbulo se dedica a exaltar el interés público de las empresas extractivas que están topando con una fuerte resistencia indígena en nombre, en cambio, de los derechos. Así de claro se plantea el conflicto por parte del propio Gobierno: intereses contra derechos.
Nota. Para antecedentes, pueden verse las entradas “Nación Camba, Pueblos Indígenas y Derecho Internacional en el Perú” (5/I/2009) y “Enredo normativo y derechos indígenas en el Perú” (4/III/2009).
Servindi, 15 de mayo de 2009.- El presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), Alberto Pizango, anunció que los pueblos indígenas de la Amazonía decidieron declararse en “estado de insurgencia” debido a que el Ejecutivo no atiende sus demandas.
De esta manera, el dirigente shawi manifestó que a partir de ahora “los pobladores desconocerán los Decretos Legislativos promulgados por el Ejecutivo y se regirán bajo sus normas tradicionales”.”La insurgencia no es contra el estado de derecho sino contra el gobierno entreguista del presidente Alan García, quién vulnera la institucionalidad, las leyes, la Constitución y los tratados internacionales”, señaló Pizango durante una conferencia de prensa.
Asimismo, detalló que la decisión fue tomada luego de evidenciar la falta de voluntad política de las autoridades del Ejecutivo y Legislativo para derogar los DL que atentan contra sus intereses y derechos humanos.
“Tuvimos una reunión con el premier Yehude Simon, quien nos dijo que no puede hacer nada. El presidente del Congreso, Javier Velasquez Quesquén, también nos negó su apoyo desconociendo el informe de la comisión multipartidaria que declaró la inconstitucionalidad de los decretos”, acotó.
“Gobierno es responsable de actos de violencia”
De otro lado, responsabilizó al Gobierno por los actos de violencia que podrían generarse a partir de esta nueva medida de protesta y lamentó el Estado de Emergencia decretado en la zona haya empeorado el proceso de diálogo.
“Nosotros hemos buscado el diálogo hasta ayer, pero no hemos sido atendidos, en su lugar la policía ha amedrentado a los pobladores indígenas amazónicos agrediéndolos y desalojándolos”.
Exigen derogatoria
De otro lado, el presidente de la Coordinadora Regional de Pueblos Indígenas de la región San Lorenzo (CORPI SL), Marcial Mudarra, expresó su indignación hacia el gobierno de Alan García “que desconoce los derechos colectivos amparados en instrumentos internacionales”.
Puntualizó que la única solución para detener la medida de protesta es la derogatoria de los decretos legislativos.
Durante la conferencia de prensa se proyectó una filmación del enfrentamiento que sostuvieron nativos awajún y huampis con efectivos policiales de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales (DIROES) durante el desalojo del puente Corral Quemado, Amazonas.
Derecho a la insurgencia
Cabe mencionar que la Constitución Política del Perúen el artículo 46° que nadie debe obediencia a un gobierno usurpador, ni a quienes asumen funciones públicas en violación de la Constitución y de las leyes.
Asimismo señala que la población civil tiene el derecho de insurgencia a fin de defender el orden constitucional.
Por último la norma estipula que son nulos los actos de quienes usurpan funciones públicas.
En ese sentido, la comisión multipartidaria del Congreso dictaminó que dichos decretos violan la Constitución, sin embargo, más adelante la comisión de Constitución rechazó el informe.
De esta manera los indígenas amazónicos cumplen 36 días consecutivos de huelga indefinida sin ser atendidos por las autoridades.
Pronunciamiento
Ante crítica situación en la Selva
PARTIDO NACIONALISTA EXIGE INMEDIATA DEROGACIÓN DE DECRETOS Y DIÁLOGO
Después de 35 días de intensas jornadas de lucha de las comunidades nativas de nuestra Amazonía en defensa de sus derechos ancestrales, la indiferencia del Gobierno ha llevado a que las organizaciones representativas se hayan declarado en Estado de insurgencia, desconociendo las autoridades gubernamentales y llevándolas a planteado cuestionar la legitimidad del Estado.
La torpeza e intransigencia del Partido Aprista, sus socios en el Congreso y los intereses que defienden, se han convertido en la principal traba para resolver este grave problema, al negarse a derogar los Decretos Legislativos que vulneran los derechos de los pobladores de la Amazonía.
El Partido Nacionalista por intermedio de su bancada, se solidariza con la justa lucha de las comunidades nativas de nuestra amazonía y exige la realización inmediata, de un Pleno Extraordinario donde se deroguen los cuestionados Decretos Legislativos.
Ante la grave situación, y en vista que el Gobierno no quiere suspender el Estado de Emergencia en las zonas convulsionadas por la protesta social, el Partido Nacionalista ha resuelto que sus parlamentarios, se trasladen de inmediato a las zonas de conflicto, para que no se llegue a la represión y violencia y se establezca las condiciones mínimas de respeto de los derechos ciudadanos que permiten la protesta pacífica, hasta que el Congreso derogue los Decretos Legislativos en cuestión.
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